Ricardo Gómez Rivero

La Constitución de Cádiz contempló un único Consejo, el de Estado, que se encargó de emitir dictamen ?no vinculante? en los asuntos graves gubernativos y tambien a la hora de sancionar el monarca un proyecto de ley de las Cortes o de declarar la guerra o concertar tratados con otras potencias. En este trabajo, para cuya confeccion ha manejado el prof. Gomez Rivero fuentes manuscritas, se estudian las consultas del Consejo sobre temas de Estado, Guerra, Hacienda y Marina, algunos tan relevantes y, en ocasiones arduos, como fueron la suspension de la libertad de imprenta en Nueva España, el incumplimiento del manifiesto de la Inquisicion, afrancesados o el traslado de las Cortes y del Gobierno desde Cadiz a Madrid asi como la aprobacion de los tratados concertados con otras potencias extranjeras, el apresamiento de buques, diferentes desestancos o la circulacion de moneda francesa. Las consultas, a causa de la cautividad de Fernando VII, se resolvieron por la Regencia del Reino. Otros negocios que abordo el Consejo, como las ternas para cubrir plazas de jueces y magistrados, los de gobernacion o de gracia y justicia, los trata el prof. Gomez Rivero en otra monografia que se encuentra en vias de publicacion.

La Constitución de Cádiz de 1812 concedió al rey la prerrogativa de sancionar los decretos de Cortes que revistieran carácter de ley. En este trabajo se analizan las leyes sometidas a la sanción o veto real, en su caso, asi como los preceptivos tramites constitucionales.

Capítulo I. Normativa constitucional y de desarrollo.Capítulo II. La formación de ayuntamientos constitucionales.Capítulo III. Praxis Electoral.Apéndice Documental

Este trabajo se enmarca en la segunda etapa liberal, esto es, el período que sigue al sexenio absolutista, que se conoce como Trienio Liberal o Constitucional, iniciado a comienzos del año 1820, momento en el que el militar Rafael del Riego se subleva en Cabezas de San Juan (Sevilla) con sus tropas -destinadas a America- y proclama la Constitucion de 1812, y finalizando el 1 de octubre de 1823, cuando nuevamente se restaura el absolutismo. La Constitucion gaditana regulo la existencia de un unico Consejo, el de Estado, organo politico entre cuyas competencias, segun aquella, se encuentra la de proponer al rey letrados para empleos de magistratura. Este nuevo Consejo, que no tiene nada que ver con su homonimo del periodo absolutista, suple a los antiguos Consejos de la Camara de Castilla y Camara de Indias en la elaboracion de las consultas o ternas para oficios de justicia. En el estudio se pone de manifiesto lo determinante que fue la opinion del Consejo de Estado gaditano para que continuaran o no en sus puestos los magistrados liberales -con la consiguiente separacion de los magistrados absolutistas-, y en la seleccion de los nuevamente incorporados a las Audiencias. Se aborda el analisis de todos los ministros de las Audiencias de la peninsula e islas adyacentes asi como las de Ultramar -tanto los heredados del sexenio absolutista como los que siguen en sus puestos y los nuevamente nombrados-. En el trabajo se vera, como he señalado, la composicion de las Audiencias de Ultramar y lo ocurrido con la Audiencia de Saltillo, creada por ley de 9 de octubre de 1812. Para que un magistrado continue en puesto de trabajo se requiere el informe favorable del Tribunal Supremo y, en su caso, de la Diputacion donde se ubica la Audiencia, en torno a aspectos tales como su adhesion a la Constitucion politica de la Monarquia española de 1812, conducta politica, costumbres asi como de su profesionalidad. Aqui se estudian los tramites de nombramiento de los ministros de las Audiencias, en los que se incluyen los informes referidos, las votaciones

En este trabajo se aborda el análisis de los partidos judiciales y juzgados de primera instancia, aprobados por las Cortes durante los bienios 1813-1814 y 1820-1821, así como los nombramientos de los titulares de los juzgados, que se inician con la convocatoria de la plaza y la subsiguiente presentacion del memorial solicitando la misma, concluyendo con las ternas elaboradas por el Consejo de Estado y la ulterior designacion real en el despacho celebrado con el respectivo ministro de Gracia y Justicia.

Esta novela narra la vida de uno de los jueces más despiadados y sanguinarios que hubo en la España de los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX. El juez Calvo -Manescau en la novela- ejerció su jurisdicción en el recóndito señorío o marquesado de Moya (Cuenca), donde impartió justicia de forma implacable, acabando con el bandolerismo y persiguiendo a todo tipo de delincuentes. Escrito en un estilo directo que, conforme avanza la lectura, cobra verdadero ritmo e intriga, la historia nos lleva desde las cárceles de la Inquisición hasta la Guerra de la Independencia y de ahí al Cádiz de las Cortes, donde será diputado.

Esta novela narra la vida de uno de los jueces más despiadados y sanguinarios que hubo en la España de los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX. El juez Calvo Manescau en la novela ejerció su jurisdiccion en el recondito señorio o marquesado de Moya (Cuenca), donde impartio justicia de forma implacable, acabando con el bandolerismo y persiguiendo a todo tipo de delincuentes. Escrito en un estilo directo que, conforme avanza la lectura, cobra verdadero ritmo e intriga, la historia nos lleva desde las carceles de la Inquisicion hasta la Guerra de la Independencia y de ahi al Cadiz de las Cortes, donde sera diputado.