VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA

El Derecho Grupo Editorial, líder en publicaciones técnicas al servicio del profesional jurídico y de la asesoría, gestoría y empresa, ha presentado su obra "Manual Práctico de la Reforma Procesal", en sus dos formatos, papel y eBook, una publicación que presenta al público las reformas legales acaecidas a finales de 2009 que culminan la primera fase de la implantación de la Oficina Judicial. Fue definida en la LOPJ, tras la reforma operada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre. En ella se establecía un nuevo reparto competencial entre los Jueces o Tribunales y los Secretarios Judiciales. Para que la misma fuera efectiva era necesario una reforma integral de las leyes procesales en la que se plasmara dicha organización y reparto competencial, y a ello contribuyen la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior. En ellas se lleva a cabo los objetivos señalados, pero también el fomento de buenas prácticas procesales o la potenciación de las garantías del justiciable, lo que ha supuesto, la modificación de más de una docena de normas legales, incluyendo, los principales textos de enjuiciamiento (civil, penal, administrativo y laboral), con cambios, que han originado, la revisión del 92% de los preceptos de la LEC, el 51% de la LPL o el 43% de la LJCA. En este libro encontrará el lector una primera aproximación a dichas reformas, estructuradas teniendo en cuenta si se trata de cuestiones de organización judicial, o relativas a la justicia civil, penal, administrativa o social. Junto a ello se han incluido referencias a reformas legales posteriores relacionadas. Como cierre de la obra se incluye el texto de los preceptos modificados, a doble columna, para dejar constancia de la versión antigua y de la nueva, señalando en negrita los cambios reales efectuados.

ste trabajo está dedicado a analizar los límites de la cognición del Tribunal Supremo en relación a la Casación Civil, examinando hasta dónde se extienden sus poderes en las cuestiones de Hecho y de Derecho. Incluye jurisprudencia y bibliografia nacional y extranjera.

La presente obra, en su segunda edición, sigue siendo una visión global del proceso penal español. Mantiene la estructura diseñada, por tanto, junto a una breve descripción de las distintas instituciones y procedimientos, se encuentran una serie de escritos-formularios referidos a la actividad de parte en los distintos procesos penales. De esta manera sigue presente la idea inicial que le da identidad y que ha demostrado su fecundidad. Perdura en esta edición su vocación eminentemente práctica, para lo cual se le han añadido nuevos formularios, intentando colmar materias ya tratadas (ejecución penal), así como dando entrada a nuevas cuestiones, como consecuencia de las distintas reformas en el enjuiciamiento penal y civil (violencia familiar, nueva LECiv), lo que no ha sido óbice para incluir nuevas reflexiones o consejos, y para seguir completando las referencias jurisprudenciales.

El principio de que la presunción de inocencia sólo puede ceder ante una prueba de cargo generada con las necesarias garantías de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad, por lo tanto en la fase del juicio oral, tiene como únicas excepciones admisibles la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Pero son conceptos poco claros en la teoría y en la práctica, que se usan de forma confusa en referencia a una misma realidad cuando identifican realidades diferentes, confusión que alcanza a su régimen jurídico con evidente riesgo para los derechos del acusado. Esta obra intenta clarificar y trata de poner un cierto orden en el estado de cosas descrito. Se postula que sólo cabe llamar prueba anticipada a la que se practica entre la apertura del juicio oral y el inicio de las concretas sesiones de éste, descartándose así la existencia de una prueba "sumarial" anticipada. Y se niega la existencia de una "prueba preconstituida", hablándose mejor de preconstitución de las fuentes de prueba y señalando cual puede ser su régimen jurídico, haciéndolo girar sobre la idea de la falta actual de disponibilidad de las fuentes de prueba para el juicio oral y las posibles soluciones a ese problema que puedan ser compatibles con el respeto a los derechos del acusado.