VICENTE GARRIDO MAYOL

La responsabilidad patrimonial pública se erige hoy como uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho. Se ha pasado de considerar la presunción de licitud de los actos estatales por el mero hecho de provenir de las Instituciones del Estado, a reconocer que, como en el ambito de las relaciones juridico privadas, el que causa daño a otro esta obligado a reparar el daño causado. Tal principio de responsabilidad patrimonial publica se ha consagrado en el ordenamiento juridico español, en su triple vertiente de la derivada del funcionamiento de los servicios publicos, de la aplicacion de leyes, y del error judicial y del funcionamiento anormal de la administracion de Justicia. Tambien en el ambito de la Union Europea se reconoce en un doble sentido: por una parte, estableciendo la obligacion de la Union Europea de reparar los daños causados por sus instituciones o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, y ello de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Y por otro, imponiendo a estos la obligacion de reparar los daños y perjuicios que puedan causar a los ciudadanos derivados del incumplimiento del derecho comunitario.

Para la mayoría de los ciudadanos españoles, hablar de Europa equivale a hablar de futuro. Europa ha sido tradicionalmente sinónimo de libertad, normalización democrática y prosperidad económica. Nuestro ingreso en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de aquel lejano 1986, tras la firma del Acta de Adhesion el 12 de junio de 1985, nos permitio poner en practica lo que Varela Ortega ha denominado ''agenda de modernizacion'', apoyada en escuela, despensa, obra publica, industria y europeizacion. Pero Europa posee, ademas de un contenido economico indudable, un significado muy especial para aquellos que, como quien escribe estas lineas vivimos apasionadamente los años de la transicion española. En esa epoca, la referencia al viejo continente constituia una suerte de innovacion magica, una llave que daba acceso al Estado del Bienestar que habriamos de levantar en aquellos años. Frente a un pais enfrentado al reto de construirse, Europa emergia ya entonces como un modelo a seguir. Hoy, casi veinte años mas tarde, podemos contemplar la obra con satisfaccion y perspectiva. El Estado social y democratico de derecho cuenta con solido arraigo en España, y gran parte de esa fortaleza se la debemos a la Constitucion de 1978, clave de boveda de nuestro ordenamiento juridico. pero, si bien la transicion de nuestro pais a la normalidad democratica y la homologacion con las naciones de su entorno puede darse por concluida, el proceso de construccion europea sigue avanzando. Con la elaboracion de una Constitucion Europea se ha hecho presente, una vez mas, el principio de continuidad, apoyado en aquellas palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman: ''Europa no se hara de un solo golpe, sino en una construccion conjunta a traves de realizaciones concretas, creando ante todo una solidaridad de hecho''.

La obra pretende determinar el significado del derecho de gracia y su manifestación como indulto particular, para, desde el mismo, estudiar su afección a los principios constitucionales. Para ello, se identifican los elementos que configuran el Indulto, diferenciando los que son esenciales por su naturaleza, de los que no lo son, y permitira distinguir entre afecciones constitucionales implicitamente constitucionalizadas, y las que se producen en su configuracion legal. La regulacion del indulto en la Ley de 1870, atribuye de la decision conceder o denegar el indulto en el Gobierno. Es una prevision de dudosa adecuacion constitucional pues no es elemento esencial del Indulto que afecta a las funciones que la Constitucion dispone a favor del Poder Judicial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta obra completa el catalogo de Thomson-Reuters Aranzadi.