Libros de Derecho Constitucional, página 21 de 146

La obra tiene como objetivo la exposición sistemática de los diversos textos constitucionales españoles que desde el Estatuto de Bayona hasta la constitución de 1978 han intentado organizar jurídicamente el Estado español. En el trabajo que ahora se presenta, destaca el carácter didáctico del mismo, ya que está dirigido fundamentalmente a los alumnos de Derecho, Historia y Ciencia política, de tal forma, que les resulte útil para introducirles en el camino de la mayor comprensión de nuestro pasado constitucional, con el fin de que puedan valorar mejor nuestro presente régimen político. En el análisis de cada texto constitucional se exponen los principios del mismo, asi como los órganos constitucionales que conforma. Igualmente, junto al estudio de las diferentes constituciones se ha querido introducir una visión de la estructura económica y social de España en cada momento histórico, sin cuya comprensión dificilmente puede abordarse el análisis de la realidad política y de la propia Constitución.

La transición española a la democracia fue considerada por muchos observadores, políticos y estudiosos, como un modelo que otras dictaduras deverían seguir o, al menos, como una experiencia de la que era factible obtener lecciones aprovechables. ¿Cuáles fueron las razones de ese cambio?¿ Por qué se produjo de manera pacífica?...

El libro aborda críticamente los postulados del constitucionalismo feminista, ante el deseo de hacer pasar al Derecho Constitucional por el tamiz (¿el yugo?) del género. En primer lugar, analiza la discriminacion interseccional, señalando como esta vision

La era digital se encuentra en su fase primigenia sin que existan fronteras que impidan su expansión. Este proceso afecta a todas las esferas de nuestra vida tanto en la perspectiva personal como profesional. No obstante, la llegada de estas tecnologias conlleva grandes desafios. Los legisladores mundiales se encuentran obligados a afrontar los retos que supone la implantacion de nuevas tecnologias, con las dificultades que implica la adaptacion del ordenamiento juridico a la sociedad liquida que vivimos en nuestros dias.Los servicios publicos, como la justicia, no se escapan a esta nueva revolucion industrial. En el presente libro se aborda un estudio de los principales instrumentos para afrontar los retos que supone este proceso en el contexto de la administracion y, especialmente, en el ambito judicial. Para ello, el autor toma como punto de partida la evolucion y estado actual de la Administracion en la esfera digital tratando de exponer los problemas y causas de su peculiar situacion, para llegar a la conclusion de la ineludible configuracion de una arquitectura colaborativa de gobernanza que actue como condensador y foro de dialogo para escuchar a todos y cada uno de los actores implicados y, todo ello, con una finalidad clara: esbozar -de comun acuerdo- una estrategia para hacer frente al intrincado escenario que esta por venir.Finalmente, ante la situacion de colapso que viven hoy por hoy nuestros juzgados y tribunales, el autor analiza y expone el impacto -para bien- que ha supuesto la instauracion de las TICs en el seno del proceso judicial, especialmente desde la perspectiva de los actos de comunicacion telematicos. En este sentido, gran parte de la dilacion de un procedimiento se encuentra derivada de su efectiva ejecucion con la finalidad de que su destinatario pueda adoptar la postura que estime pertinente en defensa de sus intereses. No obstante, el traslado de las notificaciones de la via tradicional por entrega fisica al canal electronico -en gran parte de los casos y por el momento no en todos- no esta exenta de polemicas y dificultades.

"La Constitución de Estados Unidos, suprema ley de esa nación, no se explica en modo alguno por sí misma. Con el propósito, pues, de hacerla comprensible, este libro señala sus principales características y el significado concreto de sus disposiciones mas

La presente obra contiene el texto completo de la Constitucion Española, de 27 de diciembre de 1978 y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ambas debidamente actualizadas, concordadas y con un completo indice analitico.

La reserva de ley debe entenderse como una garantía ineludible de legitimidad del sistema en su conjunto. Su vinculación con el principio democrático es evidente, pues, hace referencia a la exclusiva potestad reguladora del legislador en materias predeterminadas, lo que incluye, segun la postura aqui mantenida, la obligacion de legislar sin posibilidad de delegar esas atribuciones en otras instancias, principalmente en lo que toca con el desarrollo y regulacion de los derechos y libertades fundamentales. Asi considerada, la reserva de ley se constituye en un limite para el legislador. Esto no significa que en todo aquello que se relacione con la materia pero que no entre en el ambito estricto sujeto a la reserva, no pueda existir una intervencion de otras instancias normativas, siempre y cuando se respete la configuracion que el legislador primario haya dispuesto para su intervencion.La cuestion en el campo especificamente penal, es que, si se rechaza la remision normativa en el ambito reservado a la ley, pero se acepta, por ejemplo,que el reglamento y otras fuentes extrapenales puedan entrar a integrar el espacio de esta materia que no este sometido a reserva, debe determinarse previamente cual es ese espacio reservado y aquello que no puede ser delegado. Tambien, desde el punto de vista juridico penal, debe establecerse como puede darse esa integracion y la forma en la pueda incidir en la configuracion del injusto penal sin que el producto resultante este aquejado de ilegitimidad. Esta obra aborda todas estas cuestiones, priorizando siempre la interpretacion que asume los limites materiales al ius puniendi

El modelo federal canadiense, fórmula ensayada en 1867 por pragmáticos motivos políticos, ofrece un interesante modelo de inclusión de la diversidad del que se pueden extraer útiles lecciones, que van desde el modo de afrontar las tensiones territoriales,

When we think of constitutional law, we invariably think of the United States Supreme Court and the federal court system. Yet much of our constitutional law is not made at the federal level. In 51 Imperfect Solutions, Jeffrey S. Sutton argues that American Constitutional Law should account for the role of the state courts and state constitutions, together with the federal courts and the federal constitution, in protecting individual liberties. The book tells four stories that arise in four different areas of constitutional law: equal protection; criminal procedure; privacy; and free speech and free exercise of religion. Traditional accounts of these bedrock debates about the relationship of the individual to the state focus on decisions of the United States Supreme Court. The book corrects this omission by looking at each issue through the lens of many constitutions, not one constitution; of many courts, not one court; and of all American judges, not federal or state judges. Taken together, the stories reveal a remarkably complex, nuanced, ever-changing federalist system, one that ought to make lawyers and litigants pause before reflexively assuming that the United States Supreme Court alone has all of the answers to the most vexing constitutional questions.

La globalización económica junto con las transformaciones políticas, institucionales y sociales que han marcado los primeros años del siglo XXI demandan que los agentes económicos y sociales privadosy los poderes publicos, tanto administraciones como otra

En esta obra se ha partido de una idea esencial, que es posible deducir la existencia y el reconocimiento de un principio de neutralidad en la actividad pública en general en la Constitución Española a pesar de que expresamente no se reconoce. Frente a esta problematica se ha tratado de averiguar el alcance de su uso implicito, deducido de otros preceptos constitucionales, y la utilizacion realizada del principio de neutralidad por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. La exigencia de no beneficiar, ni perjudicar a ninguna opcion politica en la actividad publica, entroncaria directamente con la garantia del pluralismo politico, que exigiria una separacion de la actividad institucional y publica y de la accion partidista, de forma que la actividad de los poderes publicos debe ser tolerante con todas las opciones politicas o ideologicas, debiendose evitar que la accion partidista inunde la actividad institucional que debe permanecer en el ambito de la neutralidad politica entendido como un deber de lealtad constitucional

La obra se compone de diversos estudios relacionados con la libertad académica desde el prisma del Derecho Constitucional, atendiendo a la perspectiva que introduce la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se privilegia un analisis de e