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La presente obra ofrece una visión de conjunto de la política criminal aplicada a una realidad tan cambiante y compleja como es la de los delitos contra la propiedad intelectual. En la regulación penal, pasada y presente, de las infracciones a los derechos de autor, han confluido multiples factores que no pueden ser abarcados atendiendo solamente a realidades internas de cada pais. Por esa razon, las paginas de este libro comienzan tratando los mecanismos globales que moldean la politica criminal de la propiedad intelectual. Desde los tratados de comercio, bilaterales y multilaterales, que establecen nuevos compromisos de incriminacion, a los instrumentos coercitivos utilizados por un pais protagonista en la exportacion de su politica criminal domestica, como es Estados Unidos, se va pasando revista a los diferentes resortes que estimulan las reformas penales en la materia a lo largo y ancho del globo. Es solo tras la comprension de los condicionantes externos de la proteccion juridico-penal de los creadores de obras del ingenio cuando estamos en condiciones de afrontar las claves politico-criminales de la realidad española. A tal fin, el trabajo prosigue con un detallado examen de todas las reformas de los delitos relativos a la propiedad intelectual habidas desde 1987 a la actualidad. En tal proceder, se combina el analisis dogmatico con una aproximacion a la politica legislativa penal, tratando con ello de aportar luz sobre los procesos de gestacion de los diferentes cambios por los que ha transitado la politica criminal española en este fascinante campo del derecho penal. Una vez recorrido este largo camino por la evolucion de los delitos contra la propiedad intelectual, el autor finaliza ofreciendo su propio modelo de politica criminal de la propiedad intelectual, utilizando para ello, como herramientas fundamentales, los principios vertebradores de la intervencion penal. El resultado es una propuesta restrictiva de la intervencion penal en este sector de la propiedad inmaterial, que aprovecha las potencialidades de otros sectores del ordenamiento en la respuesta a las infracciones a los derechos de autor. Pablo Rando Casermeiro es Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminologia en la Universidad de Sevilla. Se doctoro en la Universidad de Malaga en 2009, con la tesis La distincion entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un analisis de politica juridica, publicada posteriormente en una monografia. Ha dedicado buena parte de su carrera academica a los delitos relativos a la propiedad intelectual, contribuyendo con diversos articulos y capitulos de libro a una obra que abarca un abordaje juridico, criminologico y politico-criminal de los principales problemas implicados en las vulneraciones de los derechos de autor. La culminacion de dicha investigacion es la presente monografia, sobre Politica Criminal de la Propiedad Intelectual. Aspectos globales e internos, donde cristalizan once años de dedicacion constante a esta apasionante materia. Asimismo, se ha especializado en politicas de seguridad publica, centrando su analisis en las tecnicas de control de los espacios publicos llevadas a cabo por los entes locales desde una perspectiva multidisciplinar y comparada. En la actualidad, su principal linea de investigacion es la exclusion social provocada por los sistemas penales en diversos paises occidentales, con especial atencion a sus efectos en migrantes y colectivos en los margenes. El autor ha sido investigador invitado en distintas universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Cambridge (Reino Unido), las Universidades de Maguncia, Friburgo en Brisgovia y Munster (Alemania) y la Universidad de California Berkeley (Estados Unidos).

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunion y de libertad de expresion, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo estos los pilares fundamentales que permiten la ejecucion de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revision en un Estado democratico. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusion por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicacion por limitar el ejercicio de la protesta social.Tambien, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalizacion de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relacion con la estructuracion de una politica criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relacion directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martin Paez Bimos. Abogado Subespecialista en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Master en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Especialista Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simon Bolivar. Master en Derecho Penal Economico y Doctor en Ciencias Sociales y Juridicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Docente de la Universidad de los Hemisferios y Universidad Andina Simon Bolivar sede Ecuador. Investigador de la Catedra Forensic Grant Thornton-URJC y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Directivo de la Escuela de la Funcion Judicial de Ecuador. Seleccionado dentro del Top 20 a nivel del mundo del premio Win Win Youth Award 2021 en Anticorrupcion por la Universidad de Gotemburgo.

El principio de justicia universal se erige como un título válido que promueve la persecución y sanción de delitos especialmente odiosos y atentatorios contra la comunidad internacional. Éste no sólo atribuye o concede competencia para conocer y juzgar un ilicito grave, sino que ademas el Estado que lo ejercita no necesita acreditar la existencia de vinculo alguno con los hechos enjuiciados desde el punto de vista del lugar de su comision, asi como respecto de la nacionalidad de los autores y/o de las victimas e, incluso, respecto de los intereses o bienes juridicos lesionados. En otras palabras, el principio de justicia universal legitima la investigacion judicial de infracciones penales serias, independientemente de donde se hayan cometido y de la nacionalidad de las personas implicadas. Ello, como no puede ser de otro modo, genera un fuerte rechazo por parte de aquellos paises que se encuentran en el punto de mira del referido principio al entender que su aplicacion constituye un ataque frontal a su soberania. En cualquier caso, conviene apuntar que algunos Estados si se han involucrado en la investigacion de delitos graves a traves de la implementacion de este singular principio jurisdiccional. Ese seria el caso de España, Reino Unido, Argentina y Canada; paises que, en algun momento, han decidido comprometerse en la defensa y proteccion de los derechos mas esenciales del individuo, abogando por su aplicacion a pesar de los contratiempos suscitados. Todo lo anterior mostrara al lector el abrupto camino que el principio de justicia universal ha tenido que recorrer; un camino plagado de avances y retrocesos que, como es logico, ha influido en la postura que actualmente mantiene la comunidad internacional en torno a el. Jacqueline Hellman Moreno es Doctora cum laude por la Universidad Autonoma de Madrid. Ha obtenido la evaluacion positiva de la ANECA y cuenta, ademas, con un sexenio de investigacion. Ha publicado numerosos articulos cientificos en revista de impacto. Asimismo, ha participado en numerosas obras colectivas auspiciadas por prestigiosas editoriales juridicas. En muchas de sus contribuciones se ha referido a los crimenes internacionales, al debate existente en torno a la evolucion del concepto relativo a la subjetividad juridica internacional, a los desafios normativos que -en el ambito supranacional- se suscitan con motivo de los movimientos migratorios actuales y, por supuesto, al principio de justicia universal, tema principal de la presente obra. Ha obtenido varias becas que le han permitido cursar, en Universidades extranjeras, programas de extensa duracion en materias vinculadas con los derechos humanos y el Derecho Internacional Penal. Actualmente dirige un Postgrado de Derechos Humanos e imparte clases -en diversas Universidades españolas- en el Grado de Derecho y Relaciones Internacionales.

Este volumen reúne trabajos producidos en torno al proyecto de investigación "Derechos humanos y economía. Relaciones y tensiones entre los derechos sociales y ambientales y el orden jurídico-económico transnacional", llevado a cabo en el marco de la Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la Universidad Catolica de Santa Fe. Investigadores y becarios, junto con destacados invitados que han participado activamente de diversos encuentros y actividades del proyecto, presentan sus aportes en este compendio didactico que procura servir de herramienta para la docencia en temas vinculados a los derechos humanos y la economia.

El Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia y su grupo de investigación –Instituto de Estudios en Regulación Minera, Petrolera y Energética– presentan a la co

¿Es la justicia el fin último del Derecho? ¿Deben los jueces administrar justicias o aplicar normas? ¿Hay contradicción entre esto? En definitiva… ¿Son los jueces, meros espectadores o protagonistas

Una de las razones más potentes de la desconfianza de la ciudadanía en las insitituciones y, particularmente, en la justicia, es que esta «no es igual para todos». Así lo afirma el abogado y exfiscal

A veces se piensa que al hacer dogmática basta con el rigor lógico inductivo o deductivo, para llegar a conclusiones acertadas; grave error. Precisamente es lo que no pasa cuando se abordan temas como la inimputabilidad y la responsabilidad penal, materias en las que no bastan las conclusiones coherentes, debiendose examinar, ante todo, las consecuencias politicas de los resultados a los que se llega, tal como lo pregona la dogmatica axiologica seguida por el autor y diseñada por su compañero de luchas academicas, Juan Fernandez Carrasquilla. Este libro reseña una polemica famosa sostenida con el profesor Federico Estrada Velez, quien sostenia la no responsabilidad penal de los sujetos inimputables y negaba el caracter de sancion a las medidas de seguridad. Por su parte, Agudelo Betancur y Fernandez Carrasquilla, en aguerrida, y a veces aspera polemica, sostuvieron el caracter de sancion de las medidas de seguridad y la importancia de su calificacion como jurisdiccionales. Esta obra abrio la ruta de las reformas en materia de inimputabilidad: la abolicion de su indeterminacion, el in-justo como limite de ellas, la supresion de los minimos. Debe ser leida en clave garantista, tal como fue escrita; bien puede ponerse de ejemplo a las nuevas generaciones de penalistas de Colombia y de Latinoamerica, en la hora de ahora, cuando notamos un sofocante marasmo doctrinal.

Don José Luis Goñi Etchevers (1935 - 2014) fue uno de los abogados más importantes para el Derecho Marítimo, no solo en España, sino en Iberoamérica y en el mundo entero. Como socio fundador de la firma Goñi & Co., con sede en Madrid, participo en los casos mas importantes de la navegacion maritima, incluyendo accidentes y siniestros maritimos, derrames de hidrocarburos, controversias relacionadas con contratos de fletamento y de transporte bajo conocimiento de embarque, seguros maritimos, construccion naval, propiedad y copropiedad de naves, registro de naves y casas de clasificacion, entre otros muchos. Practicamente, no hubo aspecto del Derecho Maritimo que Jose Luis no conociera y en el que no hubiera participado profesional y academicamente. Tambien tuvo una destacada participacion en el arbitraje nacional e internacional, en asuntos maritimos, de transporte y otras materias. Sus conocimientos y su experiencia fueron importantes en la configuracion de la Ley 14 de 2014, nueva Ley de Navegacion Maritima de España, producto de un tra-bajo de mas de una decada de la comunidad maritima, en el cual Jose Luis participo activamente. Actualmente, la Ley de Navegacion Maritima de España es un ejemplo de la metodologia mas apropiada para la modernizacion y actualizacion del Derecho Maritimo de cualquier pais, por su elaboracion a partir de la ratificacion de los principales convenios maritimos, independientemente de que en su contenido existan posiciones que puedan generar controversia.

“El libro de autoría del ilustre jurista Jorge Isaac Torres Manrique presenta aportes al Derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y la perspectiva interdisciplinar, pe

La presente obra contempla el particular enfoque del autor respecto al origen y tratamiento de los derechos subjetivos y sus garantías, para luego diferenciarlos y compararlos con el sistema de derechos humanos. Se sugiere un cambio de paradigma, en cuanto al estudio y aplicacion del derecho interno de cada pais, asi como su relacion con los instrumentos internacionales respecto de las distintas materias a los que hacen alusion. Tambien se analiza la influencia y aplicacion de este sistema de derechos humanos, en los colectivos de las mujeres, los menores, y en los delitos de lesa humanidad. Y culmina con la evolucion legislativa laboral en la Republica Argentina y la influencia de la OIT como organismo rector internacional en esa rama del derecho.

El Comentario de Colonia al Derecho del Espacio es un análisis en tres volúmenes de las normas escritas del Derecho del Espacio, según aparecen enunciadas en los Tratados y en las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.El Volumen I se ocupa del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploracion y Utilizacion del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, tambien conocido comunmente como el Tratado del Espacio. En este Volumen, un grupo de veinte expertos, autoridades internacionales en la materia, aborda el contexto historico y proporciona una interpretacion, articulo por articulo, del Tratado del Espacio. La obra incluye asi mismo informacion acerca de la practica posterior de los Estados, la aplicabilidad en el momento presente, y las perspectivas futuras de este Tratado.Los otros cuatro Tratados de la ONU en materia espacial: el Acuerdo de Salvamento de 1968, el Convenio sobre Responsabilidad de 1972, el Convenio sobre Registro de 1975, y el Acuerdo sobre la Luna de 1979, se abordan en el Volumen II del Comentario, publicado en 2013. El Volumen III (publicado en 2015) se centra en analizar las ocho Resoluciones y Declaraciones de Principios adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a las actividades espaciales.Con ocasion del 55º aniversario de la elaboracion del Tratado del Espacio, se ha traducido al español el presente Volumen I del Comentario de Colonia al Derecho del Espacio.The Cologne Commentary on Space Law is a three-volume annotation on the written norms of space law as enunciated through the Treaties of the United Nations and its General Assembly Resolutions.Volume I focuses on the 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, popularly known as the Outer Space Treaty. A broad international authorship of twenty experts addresses the historical overview and provides a provision-by-provision interpretation of the Outer Space Treaty. This Volume also includes insights into the subsequent State practice, present-day applicability and future perspectives of the Treaty.The other four UN Treaties, the 1968 Rescue Agreement, the 1972 Liability Convention, the 1975 Registration Convention and the 1979 Moon Agreement, are addressed in Volume II, which was published in 2013. Volume III (published in 2015) delves into the eight most relevant United Nations General Assembly Resolutions/Principles on space activities.On the occasion of the 55th anniversary of the Outer Space Treaty, Volume I of the Cologne Commentary on Space Law has been translated into Spanish.

La presente obra incorpora, a través de las aportaciones de los jóvenes investigadores universitarios participantes de procedencia distinta, reflexiones plurales y transversales sobre la interacción necesaria del Derecho interno con el Derecho internacional y otros espacios normativos plurinivel como pueda ser el Derecho de la Union Europea. Los mas recientes debates sobre los encuentros y desencuentros, fruto de los vinculos normativos establecidos, son objeto de reflexion de quienes constituyen el futuro de la investigacion universitaria en Derecho, abriendo ambitos sugerentes y rigurosos sobre las tendencias juridicas perceptibles en campos muy variados de la realidad juridica, tanto dentro del Derecho publico como del Derecho privado. La panoramica de conjunto ofrecida da pie a variadas reflexiones especificas sobre una diversidad de materias juridicas, permitiendo al lector encontrar ideas y analisis novedosos ante cuestiones regulatorias que, quiza, no sean ya solo las clasicas.

En 25 años de vida institucional, el Tribunal Constitucional ha tenido importantes aportes, pero también ha generado debates y críticas con sus decisiones. En un balance general, sin embargo, los logros son evidentes. El desarrollo de las instituciones de la democracia, empezando por el Parlamento, ha encontrado en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional un importante respaldo para mejorar su desempeño. En el caso del Congreso, en algunas de sus ultimas decisiones, el Tribunal se ha referido a la calidad de la deliberacion de las leyes, intensificando su estandar de control a la legislacion incluso a nivel del procedimiento legislativo. Su jurisprudencia sobre el control del razonamiento del juez ordinario ha generado, por otro lado, un importante dialogo judicial que, sin lugar a duda, ha permitido mejorar los estandares de calidad de la tutela judicial efectiva. Otro tanto ha ocurrido con las sentencias sobre la administracion publica. Desde la discrecionalidad administrativa, hasta la proporcionalidad de las sanciones de los organos administrativos, el TC ha participado activamente controlando el poder de la administracion frente a los ciudadanos.La necesidad de un balance sobre el impacto de la jurisprudencia del TC en nuestro sistema juridico nos convoco en el mes de junio pasado a un grupo de profesores del area del Derecho Constitucional de distintas universidades, para discutir los diversos aportes y desafios de la justicia constitucional en nuestro pais. Aqui se recoge un conjunto de aquellas ponencias que dan testimonio de este importante evento.De la PresentacionCesar Landa ArroyoDoctor en Derecho por la Universidad de Alcala de Henares (España), postdoctorado en la Universidad de Bayreuth y en el Max-Planck-Institut para el Derecho Publico y Derecho Internacional (Alemania). Profesor Principal de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Catolica del Peru y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex Presidente del Tribunal Constitucional del Peru y ex Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. Vicepresidente de la International Association of Constitutional Law, comisionado de la International Commission of Jurist.Pedro P. Grandez CastroAbogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master en Politica Jurisdiccional (PUCP-2006). Master en Argumentacion Juridica (U. de Alicante, 2011). Ha concluido estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo-España, 2003-2005). Ha sido Becario del Gobierno Español para asistir al II Curso sobre Gobernabilidad y Desarrollo Institucional (Universidad de Alcala de Henares, 2003). Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la UNMSM y de la PUCP. Ha sido asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional y Director Ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Director General de la Academia de la Magistratura y Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Actualmente es Director de la editorial juridica Palestra Editores.

Desde la historia y el derecho, este libro analiza el problema de la tierra, el derecho de propiedad y la negación de los derechos humanos en el departamento de Santander (Colombia), al tiempo que reflexiona acerca de la evolucion de la cultura juridica respecto a conflictos por la tierra desde la teoria critica del derecho. Pero no solo se queda en una revision bibliografica, tambien se apoya en la consulta de normativa internacional y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes y en bases de datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos y en entrevistas, para mostrar la politica agraria del departamento, como ello ha incidido en el conflicto armado, la situacion de los derechos humanos y la politica de restitucion de tierras y, mas concretamente, la etapa judicial y posfallo.

Tras la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la ciencia jurídica procura que los Estados alcancen un vínculo institucional uniforme en resguardo de los derechos fundamentales del hombre, el valor de la persona humana y la igualdad entre las Naciones grandes y pequeñas.Sin embargo, el diseño normativo del Consejo de Seguridad es complejo, razon por la cual su funcionamiento reglamentario para tratar y decidir una controversia resulta impertinente en el tiempo. La desigualdad juridica en la que se encuentran los Estados Miembros de la ONU, no solo contraria el principio fundamental de la Carta, sino que dificulta su relacionamiento dentro del cual prevalece la voluntad soberana de los Estados, por encima de la voluntad comun colectiva cuyos propositos se han comprometido cumplir convencionalmente.A partir de ese momento, la estructura de la norma no responde a la realidad de los hechos, por consiguiente, su validez y eficacia se ve limitada por la reciprocidad que se genera entre el derecho y la fuerza. En ese escenario, el constructivismo juridico avanza a traves del positivismo constitucional de uno o mas Estados que tienen la capacidad de ejercicio en materia de politica juridica para poder actuar unilateralmente y/o relacionarse con otros Estados a fin de compartir objetivos comunes que, en caso de no hacerlo, podrian verse seriamente afectados hasta tanto las instituciones del Derecho Internacional Publico hagan efectiva la aplicacion de la norma.

Este libro aborda el tratamiento dogmático de la responsabilidad del Estado a la vez que la problematiza y la torna un objeto de práctica profesional para acompañar la dinámica de las aulas universitarias de grado y posgrado de Derecho del siglo XXI. En el se muestran las tensiones y nuevos escenarios que plantea la responsabilidad estatal y se traza una ligazon clara entre las construcciones teoricas que la sustentan y la practica profesional que la involucra. Por medio de recursos tales como la formulacion de interrogantes que van develandose con el decurso del relato, el planteo de casos, lineas de tiempo, desafios y posibilidades que se dirimen en el ejercicio profesional, ejemplificaciones, metaforas, reconstrucciones socio-historicas, informaciones de actualidad, etc., se presenta la responsabilidad estatal como una institucion dinamica que se ha moldeado a traves del tiempo con la influencia de diversos actores y que aun hoy continua en construccion. Se trata de una obra pensada para estudiantes y abogados curiosos y comprometidos con la realidad que transitan, que no se queda en la pura explicacion de las instituciones juridicas que trata, sino que toma una posicion acerca de los deficits actuales de la responsabilidad del Estado y hace propuestas en pos de superarlos.

El poder del Juez y la Constitución reproduce el discurso pronunciado por Otto Bachof, el 02 de mayo de 1959, al asumir el rectorado de la Universidad de Tubinga (Alemania). En esta ocasión, la traduccion del profesor Carlos Ruiz Miguel destaca por lo escrupulosa y lo fiel a las ideas originalmente plasmadas por el autor, asi como los textos preliminares que permiten contextualizar el pensamiento del autor. Bachof reflexiona a partir de los cambios que suscito la aprobacion de la Ley Fundamental, luego de la derrota del regimen nazi. Entre los elementos mas destacables del nuevo modelo, resalta el papel del Juez. Esta edicion incluye, ademas, dos ensayos fundamentales del autor sobre el papel del Juez Constitucional en las democracias contemporaneas.Dado que el modelo de la Ley Fundamental se ha expandido a los demas paises de Europa y, en gran medida, es el modelo predominante hoy en dia, estos textos nos permiten comprender mejor los cambios producidos en la cultura juridica europea de los ultimos setenta años, tras el triunfo de los Aliados y la aprobacion de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.OTTO BACHOF (Bremen, 1914). Estudio Jurisprudencia desde 1932 en las Universidades de Friburgo, Genf, Berlin, Konigsberg y Munich. En esta ultima realizo su examen de Estado en 1935, y tres años despues se doctoro en la Universidad de Friburgo. En los años siguientes fue asesor gubernamental y desempeño diversos trabajos, comenzando su actividad como miembro de los Tribunales, que compatibilizaria con su vida universitaria durante decadas, ya que en 1948 ingreso en el Tribunal Administrativo de Stuttgart, y de 1958 a 1985 fue miembro del Tribunal de Baden-Wurttemberg. Siguiendo con su carrera academica, en 1950 se habilito en la Universidad de Heidelberg junto a Walter Jellinek, a partir de 1952 fue profesor en Erlangen, y desde 1955 en Tubinga, donde enseño Derecho Publico, Derecho del Estado, Derecho Administrativo, Filosofia del Derecho y Teoria General del Estado. Sus meritos le hicieron acreedor, entre otros reconocimientos, del doctorado honoris causa de la Universidad de Aix-Marsella (1968) y de la Universidad de Wurzburg. Se trata, por tanto, de un academico con una vastisima produccion en los diversos ambitos del Derecho Publico, que compatibilizo la vida universitaria con el perfil practico que le ofrecio el ejercicio en los Tribunales. Su obra constituye, sin duda, una referencia ineludible para el Derecho Constitucional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En el ámbito del hate speech se crea una tensión insoslayable —y necesaria— entre la libertad de expresión como autonomía individual y la igualdad como no sometimiento, entendida como la no constituc

Esta obra, que inaugura la colección Informes AEDEUR, se dedica al que, sin vacilación, es el tema jurídicamente más relevante para la integración europea desde hace años. A pesar de ocupar un lugar central y estrategico en la construccion juridica de la Union, la insercion del Estado de Derecho en el ordenamiento europeo no ha resultado sencilla, sino que, como desgrana este libro, obliga a una operacion juridica sofisticada y de notable complejidad. A partir de ahi, en la ultima decada la Union se esta enfrentando a un fenomeno inedito en su historia: la erosion en ciertos Estados miembros, si es que no el rechazo frontal, de los valores que han sustentado a la propia Union, incluido el Estado de Derecho. Este alarmante fenomeno, que analiza este primer Informe AEDEUR, ha obligado a las instituciones europeas y al propio Tribunal de Justicia a movilizar todos los recursos existentes en una confrontacion cuyo resultado final aun es incierto, pero que definira, sin duda, a la Union Europea en las decadas venideras.