LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINI STRACIÓN DE JUSTICIA

El Consejo de Estado informa preceptivamente todas las reclamaciones patrimoniales a la Administración Central cuando superan los 6.000 euros, incluidas las provenientes del funcionamiento de la Administración de Justicia. La Comisión Permanente del Consejo de Estado se configura así como la mejor atalaya para conocer las dificultades interpretativas con que tropiezan las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. Y el interés de sus dictámenes aumenta por cuanto la resolución del Ministerio correspondiente suele hacer suyo el parecer del máximo órgano consultivo de la Administración del Estado. Véase el artículo 107 de la Constitución. El libro estudia con detalle la responsabilidad patrimonial por el error judicial declarado previamente, por la prisión provisional sufrida en determinados casos con posterior absolución o sobreseimiento libre, y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia fuera ya de su núcleo jurisdiccional (retrasos y pérdida de objetos intervenidos, por ejemplo). El lector no encontrará siempre una respuesta definitiva a sus preguntas, pero sí, al menos, una valiosa exposición de los criterios defendidos por el Tribunal Supremo y el propio Consejo de Estado. Y también, lo que es más importante, cuáles son sus actuales posiciones respecto a muchos de los problemas cuya resolución ha variado a lo largo de los años.