La prevaricación de funcionario público constituye uno de los delitos más arraigados en la historia de nuestra legislación penal y guarda una evidente relación con buena parte de los fenómenos de corrupción pública, en la medida en que el objetivo perseguido por quien soborna a la autoridad o funcionario público suele ser la emisión de una resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo que provoca graves distorsiones en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, que dejan de ser imparciales para convertirse en el instrumento injustamente favorecedor de unos pocos. Pero los comportamientos prevaricadores pueden obedecer a una diversidad de motivos que no necesariamente son económicos, pues los lazos de amistad o enemistad, las simpatías o antipatías personales, las militancias políticas, las convicciones ideológicas, las creencias religiosas, o simplemente los prejuicios, tambien pueden hacer que el servidor público pierda, consciente o inconscientemente, su objetividad a la hora de decidir en un asunto de su competencia. Estos otros motivos suscitan especial interes en relación con la prevaricación judicial, ámbito cuya conexión directa con fenómenos de enriquecimiento ilícito resulta mucho menos evidente, al menos en los procesos penales seguidos por este de