La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), constituye fundamentalmente una modificación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local de dos de abril de 1985, la más importante de las muchas que ha tenido.
La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por L.O. 9/2013, de 20 de diciembre).
Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva LOAPA, sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas.
Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local con diversas medidas estructurales, desde la incentivación - sin cirugía, por consiguiente- de las fusiones de municipios o la privación de personalidad jurídica a las (futuras) entidades locales menores hasta la teórica reducción de costes del aparato representativo y aledaños en los gobiernos locales: aparente limitación del número de cargos con dedicación exclusiva y de sus retribuciones, así como del número de personal eventual, etc.