Antonio Jiménez Blanco

De la pavorosa crisis que lleva sufriendo desde hace varios años la economía española, y que tanto dolor ha causado a tantísima gente, puede haberse terminado derivando también alguna consecuencia positiva: la opinion publica se va familiarizando con algo que, como la regulacion financiera y sus posteriores aplicaciones (la supervision), que hasta ahora constituia poco menos que un arcano cuyo conocimiento estaba reservado a unos pocos gurus. Las provisiones, los ratios de capital y otros muchos conceptos parecidos han pasado a formar parte, con mayor o menor profundidad intelectual, de los articulos de la prensa diaria no especializada y de las tertulias de radio.Los trabajos juridicos incluidos en este libro pretenden traducir todas esas polemicas a las categorias que son propias de la ciencia del derecho, y en singular, aunque no solo, del derecho administrativo.

Constituye una reflexión sistematizada de la amplia doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, lo que permite un rápido acceso a la misma. Ofrece además una visión global del alcance que,

Dir. Anotonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albronoz ; Coord. Daniel Bruno Entrena Ruiz. La regulación de la economía por los poderes públicos no es un fenómeno jurídico nuevo, en cuanto que siempre han existido normas de ordenacion e intervenciones administrativas en los sectores mas relevantes. Sin embargo, a partir de los años ochenta del siglo pasado se inicio, casi simultaneamente en toda Europa, un proceso de privatizacion de empresas que operaban en sectores economicos esenciales y que con anterioridad eran de titularidad publica. El Estado abandono rapidamente su posicion de gestor de empresas. Al mismo tiempo que su capital pasaba a manos privadas, se adoptaron medidas de liberalizacion de los indicados sectores economicos, algunos de los cuales organizados antes como monopolios, imponiendo la igualdad de condiciones en el mercado y la competencia entre operadores. La ordenacion de la economia liberalizada no se dejo, sin embargo, por completo, a las fuerzas del mercado, sino que se aprobaron normas, habilitaron intervenciones administrativas, se declararon derechos e impusieron obligaciones a las empresas. Estas actuaciones publicas emplearon tecnicas e instrumentos no experimentados en nuestra tradicion juridica o reconfiguraron los conocidos para adaptarlos a los nuevos principios de relacion del Estado y el mercado. Este conjunto de normas, instrumentos y tecnicas de ordenacion, supervision e intervencion, se agrupan en la denominada regulacion publica de la economia. Sobre su disciplina juridica se han publicado muchos estudios monograficos en los ultimos años, pero era precisa una sistematizacion y explicacion general. Este ultimo es el objetivo de esta obra. Su primer volumen analiza los fundamentos e instituciones esenciales del derecho de la regulacion. Los sucesivos estudian las peculiaridades de la regulacion en cada uno de los principales sectores de la economia.

Prólogo de Antonio Jiménez Blanco.Monografía aborda el estudio de la figura jurídica del notario, por lo que pretende explicar la regulación que desde el Derecho administrativo se hace de este sujeto a partir de la distribucion de competencias que sanciona la Constitucion Española.El hilo conductor de la obra es, sin duda, la naturaleza juridica de la funcion que desempeña el notario, la fe publica, que fuera atribuida por la Ley Notarial de 1862 a un sujeto privado, respondiendo asi a las exigencias del liberalismo economico bajo cuya influencia fue configurada la funcion notarial y sobre la cual gravita fundamentalmente la seguridad del trafico en las relaciones juridico-privadas que se traduce en la eficacia juridico-probatoria de los documentos publicos. El notario ejerce la funcion de fe publica conjuntamente con las funciones de asesoramiento y control de legalidad, y sin perjuicio de la intensa colaboracion en la realizacion de funciones que desempeña la Administracion.

A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ y M. REBOLLO PUIG (Directores), Derecho Urbanístico de Andalucía, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2003, 742 páginas. 1. El panorama del Derecho urbanístico ha cambiado notablemente a partir de la STC 61/1997, de 20 de marzo, dictada en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Regimen Urbanistico y Valoraciones del Suelo, y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana (TR92), adoptado en virtud de lo establecido en la Disposicion final segunda de la Ley citada en primer lugar. El TC, en esta Sentencia, establece que el Estado no podra dictar normas -ni siquiera de aplicacion supletoria- sobre urbanismo, al tratarse de una materia cuya competencia ha sido asumida por las Comunidades Autonomas con caracter exclusivo; pues, el art. 149.3 de la CE no contiene un titulo competencial, y el legislador estatal no puede regular materias si no le estan atribuidas especificamente. Sin embargo, si puede, el Estado, dictar normas con incidencia sobre el urbanismo al amparo de otros titulos competenciales que expresamente le estan atribuidos, tales como: "las condiciones basicas que garanticen la igualdad", la "legislacion civil", "las bases del regimen juridico de las Administraciones publicas" y el dictado de la "legislacion basica sobre proteccion del medio ambiente", art. 149.1.1ª, 8ª, 18ª y 23ª de la CE, respectivamente; pero, en estos casos, no podra invadir las competencias autonomicas sobre urbanismo toda vez que, si asi fuera, las normas de este origen en las que se materializara dicha invasion devendrian inconstitucionales. Con apoyo, basicamente, en los fundamentos expuestos en el parrafo anterior, el TC declara la inconstitucionalidad de un numero importante de preceptos del TR92, pues, de una parte, los decla