Jesús Antonio Romero Fernández

La extendida debilidad del sector bancario ha situado a las cajas de ahorros en un escenario muy complejo, de necesaria y urgente adaptación, en el que las debilidades del modelo existente ahondaban los problemas relevantes en algunas de estas entidades de credito y amenazaban con generar una injustificada desconfianza hacia el conjunto de ellas. Esto ha impulsado la gran reforma de su modelo legal, que se inicia con la aprobacion del RDL 9/2009, de 26 de junio; continua con los RDL 6/2010, de 9 de abril, 11/2010, de 9 de julio, 2/2011, de 18 de febrero, 2/2012, de 3 de febrero, 18/2012 de 11 de mayo, y finaliza, por el momento, con el RDL 24/2012, de 31 de agosto. Este nuevo escenario de radical reformulacion del regimen legal de las cajas de ahorros ha ocasionado la instauracion de un diferente modelo de organizacion y gobierno de las cajas de ahorros. El proposito de esta obra no es otro que analizar el regimen juridico regulador de las cajas de ahorros en los ultimos años y sus constantes modificaciones, ante un entorno marcado por la crisis economica y las serias dudas sobre la viabilidad de muchas de ellas.

El objeto de estudio de la presente monografía gira en torno al análisis de la compleja problemática que rodea al régimen jurídico instaurado por la Ley Concursal en materia de responsabilidad civil de los administradores concursales. Se justifica su eleccion por varios motivos. En primer lugar, por la transcendencia del tema: en torno a esta materia se polarizan importantisimas cuestiones de nuestro Derecho concursal, pero tambien, de nuestro Derecho concursal mercantil, en general, y -por que no decirlo- de nuestro Derecho privado. En segundo lugar, porque el exito o el fracaso del procedimiento concursal depende, en buena medida, de la labor de los administradores concursales, lo que ha motivado que nuestro legislador establezca un diseño completo y doble del regimen de responsabilidad civil del organo de gestion concursal: por daños a la masa concursal, exigibles por el deudor y los acreedores ("accion de responsabilidad concursal" -art. 36.1 LC-), y por daños ocasionados directamente a intereses distintos, exigibles por el deudor, los acreedores y los terceros (art. 36.7 LC). En tercer lugar, porque el art. 36 LC toma como base para la regulacion del regimen de responsabilidad civil del organo de gestion concursal el instaurado en Ordenamiento para los administradores de sociedades anonimas. Nos encontramos...

El objeto de estudio de la presente monografía gira en torno al análisis de la compleja problemática que rodea al régimen jurídico instaurado por la Ley Concursal en materia de responsabilidad civil de los administradores concursales. Se justifica su eleccion por varios motivos. En primer lugar, por la transcendencia del tema: en torno a esta materia se polarizan importantisimas cuestiones de nuestro Derecho concursal, pero tambien, de nuestro Derecho concursal mercantil, en general, y -por que no decirlo- de nuestro Derecho privado. En segundo lugar, porque el exito o el fracaso del procedimiento concursal depende, en buena medida, de la labor de los administradores concursales, lo que ha motivado que nuestro legislador establezca un diseño completo y doble del regimen de responsabilidad civil del organo de gestion concursal: por daños a la masa concursal, exigibles por el deudor y los acreedores ("accion de responsabilidad concursal" -art. 36.1 LC-), y por daños ocasionados directamente a intereses distintos, exigibles por el deudor, los acreedores y los terceros (art. 36.7 LC). En tercer lugar, porque el art. 36 LC toma como base para la regulacion del regimen de responsabilidad civil del organo de gestion concursal el instaurado en Ordenamiento para los administradores de sociedades anonimas. Nos encontramos ante una partitura escrita al compas del derecho de sociedades. Ello, ha impedido que pudieramos disponer de un regimen de responsabilidad civil para los administradores concursales plenamente conciliador con el Derecho concursal, lo que resulta todo un estimulo para analizar el art. 36 LC, sin dejar en el empeño de buscar el sentido y la coherencia juridica necesaria de este precepto aisladamente y con relacion exclusiva al Derecho concursal.

Pr. Ignacio Lojendio OsborneDentro de las operaciones bancarias ''neutras o de gestión'' que ofrecen las entidades de crédito a sus clientes se encuentra...la domiciliación bancaria de recibos, incluida en el servicio de caja. En virtud del servicio de domiciliacion bancaria de recibos, una entidad de credito (entidad de credito domiciliataria) recibe la orden generica (orden de domiciliacion) de un cliente (ordenante) de proceder, con cargo a una de sus cuentas corrientes (en el caso de ser titular de mas de una), al pago de los recibos periodicos originados por servicios y suministros de variada indole que le presente una tercera persona (normalmente acreedora del ordenante, a la que este autoriza para emitir recibos sobre su cuenta), bien en gestion de cobro o bien de descuento, y que, habitualmente, aunque ello no es imprescindible, sera titular, a su vez, de otra cuenta corriente bancaria abierta en la misma o en distinta entidad crediticia. El eje central de esta obra se encuentra en buscar soluciones juridicas al entramado de diferentes relaciones que giran en torno a esta operacion, que tiene su punto de apoyo en la contratacion bancaria operada con la tecnica de la cuenta corriente, como soporte contractual normativo.

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, regula el ejercicio de los servicios profesionales y posibilita la creación de una nueva clase de profesional colegiado: las sociedades profesionales. En la presente monografía se analizan las adaptaciones que la Ley 2/2007 realiza en aspectos esenciales de la regulación recogida en nuestro Derecho societario, para crear un marco adecuado en el que desenvolverse las sociedades profesionales de capitales. En concreto, se estudia la especialización que la Ley 2/2007 hace del ordenamiento societario para adaptarlo a las peculiaridades y necesidades que plantea el ejercicio en común, unas veces de forma general, con el propósito de incidir sobre todas las estructuras tipológicas del Derecho de sociedades y acoplarlas al modelo de sociedad profesional, y otras de forma particular sobre determinados tipos societarios que necesitan alterar algunos aspectos de su régimen. A esta especialización de alcance particular se adscribe el art. 17 de la Ley 2/2007, del que se hace un análisis pormenorizado, sin el cual no sería posible constituir sociedades profesionales de capitales porque chocarían con los principios que tienen encomendada la tarea de garantizar la esencialidad propia del tipo y que actúan como límites a la libertad contractual de las partes.