Jesús González Pérez

El Decreto-Ley que aprueba el texto refundido, ha cumplido correctamente la delegación que en el Gobierno hacia la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo. Sin rebasar sus

Esta quinta edición es una nueva obra., en los cinco años transcurridos dese la edición precedente, los cambios legislativos, no sólo no han cesado, sino han aumentado hasta por leyes orgánicas, como la LO 19/2003, de 23 de diciembre de reforma de la LOPJ, que tanto afectó a la estructura orgánica y a la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional, hasta las mas recientes de 21 de noviembre de 2006 (LO 7/2006) de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la de 22 de marzo de 2007 (LO 3/2007) de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al hacer esta quinta edición, podemos decir que, a pesar de la lentitud de la Justicia, ya no quedan procesos a los que se aplique la Ley de 1956, por lo que la jurisprudencia a ellos referida se ha eliminado, salvo la que pueda servir de antecedente para explicar las dudas de algún precepto nuevo. Ahora bien, ante el impresionante número de sentencias, ha sido necesario hacer una rigurosa reducción, reproduciéndose el texto de la parte de ellas que tiene especial relevancia, enumerando las que reiteran doctrina anterior. Y como las modificaciones legislativas, como indiqué, han seguido produciéndose, ha sido necesario distinguir ente la jurisprudencia referida a cada uno de los textos modificados.

Legislación Estatal y Autonómica y Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional Recopilaciones sistemáticas de las sentencias de los Tribunales de Justicia, comentadas y encuadradas, en su caso, en el articulado del texto legal. Este codigo de la justicia administrativo no es solo un intento de sistematizar unitariamente la multiplicidad de disposiciones que regulan los diversos procedimiento de distinta naturaleza que tratan de hacer efectivo el principio de sometimiento pleno de la Administracion Publica a la ley y al Derecho, que consagra el art. 103 de la Constitucion, y la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es, tambien, una recopilacion de la jurisprudencia recaida sobre cada una de las normas que integran el ordenamiento español de la justicia administrativo. La ley de regimen juridico de las administraciones publicas y los reglamentos dictados en su desarrollo, las normas del gobierno sobre procedimiento y las de la ley general tributaria y de haciendas locales sobre procedimientos de revision asi como el reglamento de procedimientos de las reclamaciones economico-administrativas constituyen las disposiciones basicas de que se parte, para incluir en cada uno de los articulos, el texto seleccionado y la jurisprudencia que le ha interpretado. En la segunda parte se sigue la misma estructura partiendo del texto de la ley de la jurisdiccion contencioso administrativa Se ha preocupado especialmente incluir en cado articulo el texto de todos los de la ley organica del poder judicial y de la de enjuiciamiento civil aplicables. Se recoge toda la jurisprudencia, en especial de los ultimos años. Se reproduce literalmente la parte esencial de las sentencias que sientan doctrina, se resume el contenido de aquellas otras menos significativas y cuando la reiteracion es abrumadora se citan las que siguen la doctrina ya sentada. Un completisimo indice analitico facilita el manejo de organos administrativos jueces y abogados, puedan encontr

Rústica semirrígida con cubierta gris. Edición: (2.ª ed., 1984, reimpresión, 1989).

El artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo que no supone en modo alguno que el ciudadano tenga una acción para exigir del Estado ni de ningún otro ente público que la ponga materialmente en el uso y disfrute de una vivienda que reúna unas condiciones mínimas que hagan posible una vida digna. El utópico Estado de bienestar no se atreve a tanto. Por ello el artículo de la Constitu¬ción, después de tan solemne declaración, añade: los poderes públicos promoverán las con¬diciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. A lo que están compelidos los poderes públicos es, por tanto, a promover las condiciones nece¬sarias para que todo español -y hay que suponer que también los inmigrantes que llegan a nuestro suelo- pueden disfrutar de una vivienda digna. Lo que se traducirá en legislación y acción administrativa adecuada para la realización de estos fines. González Pérez nos ofrece en este trabajo una síntesis de la normativa que el texto refundido de la Ley del Suelo dedica a hacer efectivo el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", que es el primero de los que reconoce su art. 4° a todos los ciudadanos en las distintas fases del proceso urbanístico. En la de planeamiento, las que tratan de que se ordene suelo suficiente para uso resi¬dencial, con las reservas impuestas para viviendas sujetas a un régimen de protección públi¬ca; en la de ejecución de planeamiento, las cargas y obligaciones del promotor a fin de que el suelo urbanizado cumpla unos estándares urbanísticos que haga posible la vida en un medio ambiente y pasaje adecuados, y en la fase de edificación para que la construcción destinada a vivienda reúna las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidas por la legislación sobre edificación, se mantengan durante la vida de la edificación y en caso de extinción producida por la acción

Decreto-ley 11/1996 y legislación de las comunidades autónomas.Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul. Edición de 1996.

Esta obra trasciende con mucho a su título, pues contiene, en efecto, un análisis, artículo por artículo, del nuevo Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas. Utilizando la rigurosa metodologia de que se ha servido en tantas ocasiones Jesus Gonzalez Perez, se ofrece una vision completa de los problemas teoricos y pragmaticos planteados por el RPEA, con un examen sistematico y actualizado de las aportaciones mas valiosas de la doctrina cientifica y con un estudio exhaustivo y, en ocasiones agudamente critico, de la jurisprudencia del TC y del TS. Pero no es esto, con ser mucho, todo. El libro presenta el resultado del esfuerzo mas ambicioso desplegado hasta ahora para presentar unitariamente todos los procedimientos de revision de las normas administrativas y de los actos en materia tributaria. De aqui que constituya un instrumento indispensable para orientarse en el laberinto selvatico en que se ha convertido el brumoso catalogo de medios de reaccion del ciudadano frente a las decisiones de las Administraciones tributarias. Estos son, en definitiva, unos comentarios que aportan sugestivas contribuciones a la dogmatica de las reclamaciones economico-administrativas, en especial a temas candentes y aun polemicos como el deber de los Tribunales economico-administrativos de inaplicar las normas nacionales contrarias a las disposiciones de la Union Europea, la impugnabilidad de algunas actas de la Inspeccion de los tributos, la legitimacion activa de otras Administraciones publicas y de los denunciantes, la posibilidad ilimitada de prueba en el procedimiento economico-administrativo y la compatibilidad entre las reclamaciones contra las actuaciones tributarias y las acciones civiles. Tambien encontrara el lector en el una guia segura para moverse con soltura y acierto en el elenco complejo y confuso de los procedimientos de impugnacion de los actos tributarios distintos al de las reclamaciones economico-administrativas, como son la revision de actos nulos y de actos que incurren en infraccion manifiesta de la Ley; o los procedimientos de devolucion de ingresos indebidos, los recursos de reposicion y, mas en general, los complicados remedios contra los actos tributarios de las Administraciones autonomicas y locale