Jesús González Pérez

Acaba de aparecer una nueva edición, la séptima, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo.Los Comentarios eran criticos, excesivamente criticos con la Ley comentada. Como excesivos habian sido los elogios a la incidencia de la Constitucion de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veian en la Ley de 1.996.La confrontacion al comentar cada articulo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a lajurisprudencia interpretativa de una y otra venia obligada por el caracter practico de la obra, ya que durante el largo periodo de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, ibamos a tener que aplicar ambas.En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la critica fue reducida a sus justos limites.La referencia a la jurisprudencia ha sido objeto de importantes modificaciones en cada edicion. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era mas selectiva, reduciendo la transcripcion de los textos, salvo las mas significativas a titulo de ejemplo y las mas recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma.Si al preparar la sexta edicion habian sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, al continuar y hasta aumentar las innovaciones, algunas tan importantes como las impuestas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, la preparacion de esta ha exigido un mayor esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean realmente los del Ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que el lector encuentre respuesta a todas las cuestiones que cada articulo plantea, las opiniones de la doctrina mas cualificada y de jurisprudencial al dia que permita llegar a su sentido y alcance.

Los Estatutos de las Comunidades Autónomas han asumido, de conformidad al artículo 148.1.3ª de la Constitución, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una multitud de disposiciones autonomicas, casi permanentemente renovadas en muchos de sus preceptos, rigen en el territorio de cada Comunidad Autonoma en esta materia, a veces con importantes diferencias entre si. Resta todavia el Derecho urbanistico estatal que rige en las Ciudades Autonomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Estado no ha quedado privado de toda competencia que incida en esos ambitos. Por el contrario, en virtud de algunas potestades que le atribuye en exclusiva el articulo 149.1 del Texto constitucional, debe inexorablemente establecer, por normas con rango de Ley, las condiciones basicas de la igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la planificacion general de la actividad economica y de la proteccion del medio ambiente en cuanto inciden sobre la ordenacion territorial y urbanistica. Por otro lado las Leyes autonomicas del suelo contienen normas de Derecho civil y otras que regulan materias que corresponden a la competencia del Estado, exclusiva o basica, como el procedimiento administrativo comun la expropiacion forzosa y el sistema de responsabilidades de las Administraciones publicas; normas estatales que seran de aplicacion segun su textura respectiva en todo el territorio nacional. Aunque las competencias estatales han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional con un sesgo muy favorable a las Comunidades Autonomas, son todavia amplias. Las nuevas concepciones sobre el desarrollo urbano sostenible exigian la promulgacion de una nueva Ley del Suelo del Estado que ademas ha sido aprovechada para introducir un nuevo regimen de valoraciones. De estas circunstancias surge la nueva Ley de 28 de mayo de 2007 que, no obstante, se ha quedado en la mitad del camino de lo que venia demandando la doctrina. Jesus Gonzalez Perez, que ha comentado todas las leyes

Desde la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.

En está nueva edición se recoge toda la jurisprudencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la más significativa del Tribunal Constitucional y de la Sala de los civil, y se ha incorporado todas las ciertamente numerosas aportaciones doctrinales sobre el tema.

Esta quinta edición es una nueva obra., en los cinco años transcurridos dese la edición precedente, los cambios legislativos, no sólo no han cesado, sino han aumentado hasta por leyes orgánicas, como la LO 19/2003, de 23 de diciembre de reforma de la LOPJ, que tanto afectó a la estructura orgánica y a la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional, hasta las mas recientes de 21 de noviembre de 2006 (LO 7/2006) de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la de 22 de marzo de 2007 (LO 3/2007) de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al hacer esta quinta edición, podemos decir que, a pesar de la lentitud de la Justicia, ya no quedan procesos a los que se aplique la Ley de 1956, por lo que la jurisprudencia a ellos referida se ha eliminado, salvo la que pueda servir de antecedente para explicar las dudas de algún precepto nuevo. Ahora bien, ante el impresionante número de sentencias, ha sido necesario hacer una rigurosa reducción, reproduciéndose el texto de la parte de ellas que tiene especial relevancia, enumerando las que reiteran doctrina anterior. Y como las modificaciones legislativas, como indiqué, han seguido produciéndose, ha sido necesario distinguir ente la jurisprudencia referida a cada uno de los textos modificados.

Manual con los contenidos de la asignatura"Introducción a la Geometría Diferencia Intrínseca"en la Universidad Autónoma de Madrid. Se estructura en tres partes: las diferentes formas del espacio, el lenguaje de la Geometria Diferencia y tipos de geometrias en el espacio.

Prólogo. Introducción. Nociones generales. Elementos del derecho real administrativo. Nacimiento, comercio jurídico y extinción,.

Acaba de aparecer una nueva edición, la séptima, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez.El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran criticos, excesivamente criticos con la Ley comentada. Como excesivos habian sido los elogios a la incidencia de la Constitucion de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veian en la Ley de 1.996.La confrontacion al comentar cada articulo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venia obligada por el caracter practico de la obra, ya que durante el largo periodo de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, ibamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la critica fue reducida a sus justos limites.La referencia a la jurisprudencia ha sido objeto de importantes modificaciones en cada edicion. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era mas selectiva, reduciendo la transcripcion de los textos, salvo las mas significativas a titulo de ejemplo y las mas recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar la sexta edicion habian sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, al continuar y hasta aumentar las innovaciones, algunas tan importantes como las impuestas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, la preparacion de esta ha exigido un mayor esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean realmente los del Ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que el lector encuentre respuesta a todas las cuestiones que cada articulo plantea, las opiniones de la doctrina mas cualificada y de jurisprudencial al dia que permita llegar a su sentido y alcance.

Legislación Estatal y Autonómica y Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional Recopilaciones sistemáticas de las sentencias de los Tribunales de Justicia, comentadas y encuadradas, en su caso, en el articulado del texto legal. Este codigo de la justicia administrativo no es solo un intento de sistematizar unitariamente la multiplicidad de disposiciones que regulan los diversos procedimiento de distinta naturaleza que tratan de hacer efectivo el principio de sometimiento pleno de la Administracion Publica a la ley y al Derecho, que consagra el art. 103 de la Constitucion, y la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es, tambien, una recopilacion de la jurisprudencia recaida sobre cada una de las normas que integran el ordenamiento español de la justicia administrativo. La ley de regimen juridico de las administraciones publicas y los reglamentos dictados en su desarrollo, las normas del gobierno sobre procedimiento y las de la ley general tributaria y de haciendas locales sobre procedimientos de revision asi como el reglamento de procedimientos de las reclamaciones economico-administrativas constituyen las disposiciones basicas de que se parte, para incluir en cada uno de los articulos, el texto seleccionado y la jurisprudencia que le ha interpretado. En la segunda parte se sigue la misma estructura partiendo del texto de la ley de la jurisdiccion contencioso administrativa Se ha preocupado especialmente incluir en cado articulo el texto de todos los de la ley organica del poder judicial y de la de enjuiciamiento civil aplicables. Se recoge toda la jurisprudencia, en especial de los ultimos años. Se reproduce literalmente la parte esencial de las sentencias que sientan doctrina, se resume el contenido de aquellas otras menos significativas y cuando la reiteracion es abrumadora se citan las que siguen la doctrina ya sentada. Un completisimo indice analitico facilita el manejo de organos administrativos jueces y abogados, puedan encontr

Rústica semirrígida con cubierta gris. Edición: (2.ª ed., 1984, reimpresión, 1989).

El artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo que no supone en modo alguno que el ciudadano tenga una acción para exigir del Estado ni de ningún otro ente público que la ponga materialmente en el uso y disfrute de una vivienda que reúna unas condiciones mínimas que hagan posible una vida digna. El utópico Estado de bienestar no se atreve a tanto. Por ello el artículo de la Constitu¬ción, después de tan solemne declaración, añade: los poderes públicos promoverán las con¬diciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. A lo que están compelidos los poderes públicos es, por tanto, a promover las condiciones nece¬sarias para que todo español -y hay que suponer que también los inmigrantes que llegan a nuestro suelo- pueden disfrutar de una vivienda digna. Lo que se traducirá en legislación y acción administrativa adecuada para la realización de estos fines. González Pérez nos ofrece en este trabajo una síntesis de la normativa que el texto refundido de la Ley del Suelo dedica a hacer efectivo el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", que es el primero de los que reconoce su art. 4° a todos los ciudadanos en las distintas fases del proceso urbanístico. En la de planeamiento, las que tratan de que se ordene suelo suficiente para uso resi¬dencial, con las reservas impuestas para viviendas sujetas a un régimen de protección públi¬ca; en la de ejecución de planeamiento, las cargas y obligaciones del promotor a fin de que el suelo urbanizado cumpla unos estándares urbanísticos que haga posible la vida en un medio ambiente y pasaje adecuados, y en la fase de edificación para que la construcción destinada a vivienda reúna las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidas por la legislación sobre edificación, se mantengan durante la vida de la edificación y en caso de extinción producida por la acción