LOURDES DE LA TORRE MARTINEZ

En los últimos años hemos atendido a una realidad reiterada en la mayoría, por no decir en todos, los Municipios españoles; la instalación masiva de infraestructuras de telecomunicaciones y, sobre todo, de antenas de telefonía móvil. A la queja de los colectivos y ciudadanos, preocupados por los posibles efectos nocivos que las emisiones radioeléctricas podían tener para la salud, han dado respuesta los Ayuntamientos, aprobando ordenanzas reguladoras en la materia. Éstos últimos se venían amparando en las competencias que nuestro ordenamiento jurídico les reconoce en materias en estrecha vinculación con las telecomunicaciones, protección del medio ambiente, de la salud pública y urbanismo, sin olvidar la garantía que supone la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 CE. Normas locales que se han visto frecuentemente recurridas por los operadores de telecomunicaciones, bajo el pretexto de que´las "telecomunicaciones" es un título que la CE atribuye en exclusiva al Estado (art. 149.1.21). Tras una jurisprudencia vacilante y poco concluyente de los diversos Tribunales Superiores de Justicia, finalmente, el TS en las Sentencias de 24 de enero de 2000 y de 18 de junio de 2001 sentó las bases, complejas, de estas relaciones. La jurisprudencia mencionada, junto con el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas, aprobado en el ámbito europeo en el año 2002, han dado como resultado en nuestro país la aprobación de una nueva Ley reguladora de tas telecomunicaciones (Ley 32/2003, 3 de noviembre). En definitiva, pretendemos dar a conocer el nuevo sistema normativo de las comunicaciones electrónicas y poner de manifiesto la configuración jurídica de la intervención local en las telecomunicaciones.

Con esta colección, la Fundación Democracia y Gobierno Local abre una nueva puerta para la reflexión sobre aquellos temas que se encuentran en primer plano de la política, sociología, gestión pública, economia, urbanismo o cualquier otro enfoque -que no sea estrictamente juridico, pues para ello la Fundacion ya dispone de otras series- que verse sobre los Gobiernos locales, tanto en España como en otros sistemas comparados.Esta coleccion tiene vocacion, por tanto, de configurarse como un espacio de dialogo en torno a la gobernabilidad local en sus diferentes facetas, abierta a nuevas propuestas y desafios que puedan contribuir a dotar de marcos conceptuales e instrumentos utiles a los politicos locales, en esta etapa dificil e incierta en la que los Gobiernos locales tendran que afrontar con voluntad e imaginacion la fuerte contencion fiscal en la que nos encontramos inmersos, y que marcara el devenir del Estado, la sociedad y la ciudadania durante los proximos años.

Las formas de entender el Derecho han sigo, desde siempre, fuente de controversia, y han ido variando. Ahora bien, si el estudio del método jurídico nunca ha sido tarea sencilla, ahora resulta especialmente complejo en la epoca de crisis e incertidumbre que atravesamos, agravada por la pandemia mundial del COVID 19, y con numerosos cambios sociales y tecnicos; como la r evolucion digital, la globalizacion, la inteligencia artificial, la transnacionalizacion, la europeizacion del Derecho administrativo etc.Todos ellos fenomenos con dificil acomodo en el Derecho en general y en el Derecho Administrativo en particular, el cual se ha visto fuertemente agitado por dichos cambios. Lo curioso es que esta realidad no es nueva, pues recuerda, en cierto modo, al debate metodologico e intelectual que tuvo lugar a principios del siglo XX protagonizado por autores nobles del Derecho Publico, como Kelsen y Schmitt, y surgido en el periodo de entreguerras en torno a la Constitucion alemana de Weimar de 1919- , ahora, a principios del siglo XXI, ha vuelto centrandose en una realidad: la crisis del Derecho y la ley. Queda patente el desajuste que se esta produciendo entre el Derecho y la realidad, que ha abocado al mundo juridico a perder el rumbo. Especial incidencia adquiere en nuestros dias el realismo juridico, -sobre todo el de su maximo representante en la doctrina española, el profesor Nieto. En definitiva, si no queremos quedarnos rezagados en el camino, queda clara la necesidad de una reflexion sobre la dogmatica del Derecho Administrativo y su modernizacion. De todas estas cuestiones se ocupa esta monografia