Libros de derecho administrativo, página 5 de 570

La obra, como es comúnmente reconocido, destaca por su utilidad. Sus abundantes anotaciones con explicaciones y comentarios y el juego de concordancias y remisiones, proporcionan visiones generales, encajan las normas en el sistema de fuentes, apuntan problemas, transcriben la jurisprudencia mas destacada (del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en casacion) y llevan a cabo un completo trabajo de sistematizacion que ayuda al lector a entender mejor los textos y a sacar sus propias conclusiones.

Los autores de esta obra acumulan más de 20 años de experiencia en la Administración Pública, compatibilizada con tareas formativas a empleados públicos y opositores. Durante esta dilatada trayectoria han comprobado la carencia de regulacion y de manuales

En los momentos actuales el gasto público centra el interés del sector público local. Si el Preámbulo de la LRBRL resumía el propósito de la misma cuando señaló: «decir Régimen Local es decir autonom

Uno de los pilares de las sociedades decocráticas se fundamentan en las Administraciones Públicas. Por todas ellas (la del Estado, la autonómica y la municipal) ha de pasar ineludiblemente cualquier ciudadano en algun momento de su vida. La relacion que se establece entre ambos requiere de unas grandes dosis de claridad pues el 90 % de ella se realiza por escrito. El ciudadano tiene el derecho democratico de entender cualquier mensaje que reciba de la Administracion correspondiente y los funcionarios que la sustentan, el deber de expresarse con la maxima claridad. En palabras de una exjuez, para que se nos obedezca, es imprescindible que se nos entienda . Si la Administracion Publica no cumple con este requisito basico, el ciudadano se convierte en un subdito que tiene el peligro de no cumplir con las normas que le obligan por desconocimiento de estas ya que, al no entenderlas, hace caso omiso. Entonces, se enfrenta a una maxima juridica implacable: El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento . De ahi que los autores de esta investigacion sobre el lenguaje juridico-administrativo hayan tratado de ofrecer a lectores de diversa indole, tanto especialistas, como ciudadanos en general, una serie de normas y recetas que los ayuden a acercarse a una lengua de especialidad que adolece muchas veces de un criptolunguaje de muy dificil comprension. De hecho, el acervo popular comenta que se contrata a un abogado, no para que te defienda, sino para que te traduzca . Obra, pues, imprescindible para acercarse a este lenguaje tan innecesariamente complicado que debe velar con cautela por las luibertades, los deberes y los derechos de la ciudadania.

El principal objetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público es la incorporación de las previsiones de la Directiva comunitaria 2004/18/CE en lo referente principalmente a los poderes adjudicadores para asegurar su cumplimiento y evitar las sanciones comunitarias; a su vez ha realizado una reforma general de la normativa española sobre contratos publicos. La reforma introducida gravita en torno al concepto de poder adjudicador. En efecto, la necesidad de respeto de los principios generales de la contratación pública se ve seriamente comprometida en la legislación de contratos públicos por la proliferación de entes públicos que se alejan de la aplicación de las directivas comunitarias. La LCSP trata de poner fin a esta problemática, por lo que se analiza en este estudio el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual de todos los entes que componen el sector público. Posteriormente, se analizan los pronunciamientos jurisprudenciales existentes para reconducir esta utilización masiva de entes públicos con fines distintos a los previstos que suponen una «huida» de las normas sobre contratación pública. De este modo, de forma singular en este estudio se da respuesta al régimen jurídico de contratación de las fundaciones públicas, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles, de las empresas municipales cuyo objeto es la ejecución de obras contempladas en los planes de urbanización y de contratos «domésticos» o in house. Junto a lo anterior se fijan los criterios para determinar la jurisdicción competente para resolver las controversias en la contratación pública según los diferentes entes y tipología de contratos y si rige el fuero electivo en materia de contratos de las Administraciones públicas. Como podrá apreciarse, se vuelve transcendente para los aplicadores de la normativa de la contratación pública conocer las claves de los criterios interpretativos fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia nacional; por este motivo este estudio es un instrumento útil y aporta claridad a los numerosos problemas que se suscitan al determinar el régimen jurídico de los diferentes contratos que celebran los entes públicos y sus sociedades instrumentales desde un punto de vista práctico y casuístico.

"La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, y las normas dictadas en su transposición han afectado a los clasicos postulados vertidos durante años en materia de la intervencion del poder publico sobre las actividades de la ciudadania, por cuanto han supuesto la remodelacion de diversas categorias de control administrativo, como es el caso de las conocidas autorizaciones y licencias de actividades, asi como impulsado nuevas tecnicas de intervencion administrativa, que comienzan a ser familiares a los operadores juridicos (la comunicacion previa, la declaracion responsable y la comprobacion posterior).En la presente obra se aborda un estudio de la intervencion administrativa que ejercen los poderes publicos en materia de actividades de ocio, de las que ocupan un lugar destacado los espectaculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos. Se ofrece una perspectiva comparada de las competencias de las tres Administraciones territoriales que escenifican el nivel de gobierno en nuestro sistema constitucional ejecutivo, desde un enfoque multisectorial: partiendo de la normativa sobre espectaculos y actividades recreativas, se ahonda en una profunda interrelacion de los diversos sectores que muestran una ligazon con dichas materias, de tal manera que gran parte de las reflexiones y estudios planteados aqui, son predicables para la construccion de una teoria general de la intervencion administrativa sobre actividades y establecimientos, ocupando un lugar destacado la legislacion de ordenacion del territorio, la urbanistica y la ambiental.En definitiva, se analizan los efectos de la transposicion de la Directiva de Servicios en el Derecho comparado español, en cuanto entraña de cambio y esfuerzo en la mejora de las Administraciones, que deben aclimatarse a los nuevos tiempos de entendimiento y concordia con el ciudadano, en el seno de una materia de amplio calado tanto para la ciudadania como para el sector publico: las actividades de ocio y los establecimientos publicos."

La presente obra trata de ofrecer al lector una visión completa y actualizada del reintegro de subvenciones, desentrañando los principales problemas que plantea una figura que esconde bajo una denominacion comun distintas instituciones juridicas. Se ha intentado una aproximacion critica a la actual normativa y a las decisiones jurisprudenciales pero al mismo tiempo realista, tratando de suministrar los elementos de juicio necesarios no solo para valorar alternativas sino para poder identificar las soluciones actuales. Aunque la exposicion se ha centrado fundamentalmente en las causas de reintegro como nucleo duro de la figura, no se han dejado sin tratamiento otras cuestiones como la naturaleza de los creditos a reintegrar, los obligados al reintegro, la prescripcion o el propio procedimiento de reintegro y su compleja relacion con otros procedimientos que afectan a las subvenciones. Se ofrece, por tanto, una exposicion rigurosa de una cuestion de innegable actualidad y sentido practico y se proponen alternativas viables y contratadas para resolver los problemas que se derivan de la realidad actual de la misma.

Prol. Martín Bassols Coma. (Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación ; 23)

El objeto del presente libro consiste en la realización de un estudio de las competencias educativas de los entes locales en España establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, la Ley Organica del Derecho a la Educacion, tambien de 1985 y la Ley Organica de Educacion de 2006.La parte nuclear del mismo se centra en un analisis sistematico de tales competencias, con explicacion del significado y contenido de cada una de ellas: colaboracion en la planificacion de la politica educativa y su aplicacion y en la programacion de las construcciones escolares y creacion de los centros docentes publicos; creacion de centros educativos de titularidad propia y de responsabilidad total de los mismos; colaboracion en el suministro de solares para los centros educativos de la red publica y en su construccion, conservacion, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos; cooperacion en la prestacion del servicio educativo con centros de titularidad propia y por otras vias distintas de la creacion de estos centros, asi como la realizacion de actividades o servicios complementarios; cooperacion en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; etc.Pero, antes, se efectua una exploracion historica de tales competencias, para la mejor comprension del alcance de las mismas, dado que el elenco de las actuales no se entiende bien sin un examen de las vicisitudes historicas de las que han ostentado los entes locales en el pasado, especialmente en el siglo XIX.A su vez, se lleva a cabo una exposicion de las competencias educativas de los entes locales en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, para establecer finalmente una comparativa de las mismas con las propias de nuestros entes locales; lo que se lleva a cabo en un extenso capitulo de Conclusiones, donde tambien se expresan las consideraciones finales del autor.Y todo ello acompañado de una vision sintetica del sistema educativo español actual y del de los cuatro Estados europeos citados, como premisa para la explicacion del contenido de las competencias educativas citadas, con referencia obligada, asimismo, a las propias del Estado y de las Comunidades Autonomas y de los entes que ocupan el lugar de estas que los demas Paises examinados.

La autora nos ofrece en este libro, con una ejemplar sistematización, los instrumentos jurídicos que marcan la ordenación turística de Andalucía. Comienza por analizar los acuerdos socioeconómicos adoptados por los representantes sindicales y de los empresarios del sector turístico con la Junta de Andalucía como marco generador de los sucesivos desarrollos de la legislación turística, para concluir en la inserción del sector turístico en el gran marco del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Actualizada a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP, LCSE y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción De todas las instituciones tuteladas por la disciplina púb

La presente obra tiene su origen en la aprobación del texto refundido de la Ley Hipotecaria por Decreto de 8 de febrero de 1976 y, por el Reglamento hipotecario de 14 de febrero de 1947 y su vocación queda recogida en el parrafo primero de la obra: El presente libro expone, en esquema, la estructura y funcionamiento de un organismo establecido por nuestro legislador a fin de conciliar, en cuanto al patrimonio inmueble de una persona, la seguridad de los derechos adquiridos, o sea, de los derechos subjetivos, y la seguridad del obrar juridico, la que se llama seguridad del trafico que se publica en edicion facsimilar para preservar la originalidad del texto del autor.

La aceleración de las exigencias normativas que el Estado contemporáneo impone viene comportando una creciente desatención al modo como las leyes y otras normas jurídicas son elaboradas. Los poderes publicos se empeñan "y ello es sano" en resolver los problemas de la ciudadania, pero insisten con excesiva frecuencia en hacerlo sin reparar en el modo mejor. Y puesto que no existe en un Estado moderno otro metodo para actuar politicamente que el de arbitrar las correspondientes medidas a traves de normas juridicas, esa despreocupada fiebre por actuar de cualquier manera termina redundando en defectos normativos. Sucede sin embargo que en un Estado democratico y de derecho como es el nuestro, la forma en que el poder se ejerce reviste tanta importancia como el ejercicio del poder mismo. A fin de cuentas, una norma juridica mal hecha es tambien un mal vehiculo de la voluntad popular que en ella se articula, como quiera que por eso mismo puede incluso resultar dificil descifrarla. De ahi que la tecnica normativa no sea solo una exigencia del derecho, y por ende de la libertad, sino igualmente una necesidad de la democracia y de la justicia.

El presente Código, nace con la vocación de convertirse en un manual de referencia para el Derecho de la Energía y de consulta para el profesional inmerso en el mismo, al codificar con comentarios y jurisprudencia relacionada las principales normas del ordenamiento juridico en la materia. La obra da a conocer los aspectos mas relevantes, fundamentalmente para su comprension, estudio y correcta aplicacion, de las principales normas y preceptos que presiden y conforman el panorama legislativo español del sector energetico (electricidad, gas y petroleo, principalmente). El constante nacimiento de normas juridicas y economicas, la no muy abundante presencia de pronunciamientos jurisdiccionales, y la complejidad y particularidad del sector, lo convierten en un referente imprescindible de la interpretacion del Derecho en un ambito fuertemente regulado y especializado.

«El primer volumen de esta serie, GUÍA PRÁCTICA DEL CONCEJAL, nos introdujo en el régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de los Ayuntamientos, así como en la gestión de los recursos

Este libro es fruto de las aportaciones de diversos especialistas nacionales e internacionales en materias conectadas con las energías renovables en general o la energía eólica en particular. El importante desarrollo e implementacion de este ultimo tipo de energia y los problemas y conflictos que ocasiona, asi como los beneficios y ventajas que justifican su fomento, han motivado su tratamiento especifico desde la perspectiva del Derecho. La obra se estructura en cuatro partes. Una parte introductoria dedicada al analisis de la regulacion de las energias renovables en general y su justificacion basada fundamentalmente en el Cambio Climatico. La siguiente se centra ya en cuatro aspectos destacables o interesantes del objeto especifico de este trabajo: la naturaleza juridica de la energia eolica; los procedimientos de autorizacion de los parques eolicos; la gestion integrada del litoral en relacion con los parques eolicos que se ubican en esa zona; y la intervencion local en la implantacion de parques eolicos. La tercera parte trata un tema de caracter ambiental, probablemente el de mayor interes y trascendencia para la instalacion en el territorio de los parques eolicos: el de la proteccion del paisaje. Por ultimo, la cuarta parte se destina a presentar tres visiones comparadas de la regulacion de la energia eolica: de los dos paises con mayor potencia eolica instalada - Alemania y Estados Unidos - aunque con esquemas de apoyo publico bien diferentes, y de otro pais - Japon - que no destaca tanto en ese aspecto (si en el de la energia fotovoltaica) pero que a diferencia de EE.UU. ha firmado y ratificado el Protocolo de Kyoto y, por consiguiente, esta adoptando medidas en consecuencia.

El principio de autonomía municipal reconocido constitucionalmente tiene una primera y fundamental manifestación en la elaboración y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos municipales pues la potestad reglamentaria local a la que se refiere este libro, ha sido considerada como inherente al principio de autonomia por el Tribunal Constitucional español.La importancia de las competencias municipales unida a la capacidad de los Municipios de prestar servicios a los ciudadanos mas alla, incluso, de lo que señalan sus competencias estrictamente consideradas, realza mas, si cabe, la importancia de la potestad reglamentaria mediante la cual se regula esa capacidad de intervencion.Todo ello es causa de una singular posicion de las Ordenanzas y Reglamentos municipales en el conjunto del ordenamiento juridico, donde el clasico principio de jerarquia normativa tiene que ser reinterpretado y adaptado a las exigencias de una potestad reglamentaria municipal con amplias bases constitucionales.Lo nombrado aqui resalta el interes de una obra en donde se estudia pormenorizadamente la relacion de las Ordenanzas con la ley, los reglamentos y la costumbre e, igualmente, se considera minuciosamente el procedimiento de elaboracion y aprobacion de las Ordenanza y Reglamentos municipales.Un amplio anexo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales ordinarios, cierra una obra de gran ayuda para que las corporaciones locales lleven a cabo la mas correcta realizacion de una de sus principales funciones.

En esta monografía el autor se adentra en el problema del concepto y naturaleza de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que es la clave para entender las complejas relaciones que se establecen entre los miembros de la Union y terceros, y que luego se analizan a lo largo de las fases o etapas en que se desenvuelven desde la constitucion de la UTE y hasta su disolucion, lo que se hace abordando los problemas o cuestiones que se suscitan en la practica.Posiblemente este es el primer estudio que, con este alcance, se hace en España, y esta especialmente referido a las Uniones entre Empresas que contratan obras, que es precisamente el sector donde surgio en los años sesenta la necesidad de regularlas y que en la actualidad es su mayor campo de aplicacion, siendo numerosas las obras que se contratan acudiendo a la UTE. Esta obra es, pues, util para quienes estan en contacto con este tipo de colaboracion empresarial para la contratacion y ejecucion de obras publicas y privadas, y por lo tanto para abogados, asesores juridicos, personal administrativo, e incluso para ingenieros y arquitectos.