Libros de Derecho procesal, página 23 de 102

La actual teoría de la prueba en el mundo latino se caracteriza por la aceptación generalizada de que el proceso judicial se orienta a la búsqueda de la verdad y por la necesidad de una justificación racional del juicio de hecho, es decir, por un enfoque argumentativo de la prueba. Esta investigacion estudia el origen y desarrollo de esta concepcion, a traves de la descripcion y analisis del trabajo de los siete autores que podrian ser considerados como sus artifices pioneros: Lluis Muñoz Sabate, Michele Taruffo, Perfecto Andres Ibañez, Juan Igartua Salaverria, Marina Gascon Abellan, Jordi Ferrer Beltran y Daniel Gonzalez Lagier. Finalmente se aportan algunas ideas sobre el trabajo que aun esta por hacerse para un pleno desarrollo de la teoria de la prueba en el mundo latino

Juzgar en América y en Francia propone comparaciones y explicaciones indispensables. Este libro explora los sistemas de common law y de civil law, americano y francés, principalmente, y revela las raices que explican las similitudes des y diferencias que

"El formalismo tradicional de las doctrinas jurídicas europeas, ha conducido con mucha frecuencia a estimar el problema de la prueba tan sólo en sus aspectos técnicos o lógicos, desvinculado de la relacion concreta e historica con el modo de ser de la fun

Este libro muestra un extraordinario y desafiante despliegue de temas esenciales del Derecho procesal del siglo XXI: Si el desafío, por excelencia, del siglo XX -para los procesalistas- fue la construccion de procesos plenamente garantistas -y acordes a

El proceso mediante jurado constituye la piedra angular de la idea de justicia en los Estados Unidos. El derecho a ser juzgado por un jurado imparcial y no sometido a las exigencias del poder político es una de las garantias constitucionales mas incuesti

La presente obra recoge, a texto completo, las sentencias dictadas por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el periodo 1998-2007, años en los que fue de aplicación la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (LDC). Su objetivo fundamental es reunir la doctrina emanada de dicho Tribunal en la aplicación tanto sustantiva como procesal de aquella Ley y del TDC, cuyas resoluciones se revisan en vía jurisdiccional y que en muchos aspectos continuarán vigentes a la hora de aplicar la actual LDC. La obra se completa con unos índices temáticos de las principales cuestiones tanto sustantivas como procesales que permiten al lector buscar más fácilmente aquellas sentencias referidas a una determinada cuestión de su interés.

"En un entorno jurídico cuya complejidad crece día a día, esquematizar al máximo los pasos a dar en los procesos penales, civiles y procesales, sin que suponga una merma en el caudal informativo, constituye un importante desafío, que hemos querido afront"

La imposición de costas en el proceso civil no es un "tema más" del proceso. La práctica de los tribunales, demuestra de forma clara que no hay otra cuestión que pueda estar tan presente en el debate judicial; ni que pueda tener pendientes a tantos sujetos. Por otro lado, las costas procesales se presentan como un tema de una gran amplitud. Son muy numerosas las cuestiones que se plantean en torno a las costas del proceso: ambito de los conceptos, criterios de imposicion, tasacion y exaccion de costas... La presente obra no pretende llevar a cabo un estudio exhaustivo de todas las facetas de las costas del proceso. Muy al contrario se ciñe a la imposicion de las costas en la primera instancia del proceso civil. E incluso, esta particular cuestion en materia de costas, se analiza desde una perspectiva aun mas concreta: la siempre interesante y problematica convivencia entre el principio de legalidad y la necesaria discrecionalidad de los tribunales. En este sentido, el trabajo que tiene entre sus manos, tambien pretende ser un sentido homenaje a Procuradores, Abogados, Jueces y Magistrados. Todos estos operadores juridicos hacen posible con su trabajo diario, que de forma constante se profundice en las razones que sostienen nuestras leyes, y que se sigan encontrando soluciones (legales) mas equitativas.

La violencia de género la violencia a que se ven sometidas las mujeres por el mero hecho de serlo- es un problema que azota a nuestra sociedad y cuyo profundo arraigo en ella trae causa del hecho incuestionable de que, desde siempre, ha formado parte de los pilares fundamentales que la sustentan: asi ha encontrado cobertura y justificacion historica desde la educacion, la difusion del conocimiento, los patrones culturales, la publicidad, el cine, la literatura e incluso el Derecho. La violencia de genero ha existido siempre pero no siempre ha sido reprochable: no siempre ha sido visible como problema. Solo a partir de estas ultimas decadas, curiosamente cuando las mujeres empiezan a ser conscientes de los derechos que les asisten y comienzan a reclamarlos activamente, la violencia de genero se torna visible y se convierte en esa lacra social que el Estado no puede seguir tolerando por mas tiempo. Con la intencion de avanzar en el camino de su erradicacion, fundamentalmente a partir de los años 90 y alcanzando su maxima expresion en la conocida como Ley Integral contra la violencia de genero promulgada en 2004, entran en vigor sucesivas normas juridicas que obligan a poner en practica un complicado (por los numerosos matices que presenta) sistema de enjuiciamiento para este problema. El presente libro pretende abordar los diferentes problemas y las importantes cuestiones juridicas que presenta el enjuiciamiento de la violencia de genero hoy, en España, desde un entendimiento previo e indispensable de los propios matices que tiene esos actos violentos en si mismo considerados y desde la necesidad insoslayable de coordinarlos y armonizarlos con la respuesta que se da a los distintos tipos de violencia interpersonal desde el conjunto del ordenamiento.

La función jurisdiccional del Estado precisa, para otorgar adecuada solución a los problemas jurídicos de los ciudadanos, de un sistema de impartición de justicia ágil, rápido y, fundamentalmente, eficaz. La eficacia y utilidad de esta funcion jurisdiccional exige que sus pronunciamientos sean, a partir de un determinado momento, inalterables y obligatorios para las partes, y vinculantes para los terceros. La eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la institucion de la cosa juzgada, que viene a significar, en esencia, la inalterabilidad, inmutabilidad e invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes y la obligatoria vinculacion de su contenido dispositivo por quienes hayan sido parte en el proceso. La abierta y permanente posibilidad de impugnar, sin limite temporal alguno, las resoluciones judiciales desfavorables seria, sin duda, reveladora, no solo de la ineficacia, sino, incluso, de la inutilidad de la funcion jurisdiccional, cuyas decisiones, debido a su continua provisionalidad, nunca llegarian a otorgar una adecuada respuesta a las necesidades de justicia que la sociedad reclama, con el consiguiente peligro de inestabilidad de la tan fragil paz social. Esta inutilidad de la funcion jurisdiccional desincentivaria, como es logico, a los ciudadanos de acudir, para la resolucion de sus conflictos, al aparato judicial, lo cual podria suponer, en ultima instancia, la regresion, por su parte, a otros sistemas de imparticion de justicia menos perfeccionados que el actual. De ahi la trascendencia de la cosa juzgada, sustento y presupuesto de la utilidad y eficacia de la funcion jurisdiccional. La labor de enjuiciamiento de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, a quienes se atribuye, por mandato constitucional, en regimen de exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, careceria, en otro orden de ideas, de toda autoridad y prestigio si del contenido de sus resoluciones no pudiese predicarse, entre las mismas partes, a p

El BOE del día 4 de noviembre de 2009 ha publicado dos leyes, una orgánica y otra ordinaria; se trata de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Ofi cina Judicial, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Ofi cina Judicial. Convendría hacer un poco de historia. Como resultado del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales partidos políticos el 28 de mayo de 2001, se promulgó la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modifi cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que se reguló un nuevo Libro V dedicado a De los secretarios judiciales y de la ofi cina judicial. De momento ahí quedaron las cosas pues eran necesarias las reformas de las leyes procesales. Hay que esperar al Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal, presentado el 26 de diciembre de 2005, proyecto que no pasó del trámite de presentación de enmiendas, caducando al fi nal de la VIII legislatura

Elaborado por el Gabinete Jurídico del CEF. La presente publicación recoge, actualizadas conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y Ley Organica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento juridico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso- Administrativa. Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.