DOLORS CANALS AMETLLER

Es indiscutible el interés jurídico que, en la era digital en la que nos situamos, despierta el tratamiento de los datos, y no solo de los que incumben a nuestra intimidad y privacidad. Todo apunta a que ese interes seguira creciendo aun mas con la reciente aprobacion del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos, que no sera sin embargo aplicable de manera directa hasta mayo de 2018. Con todo, salvo alguna referencia obligada, la regulacion europea no se trata en este libro, cuyo eje es el derecho de acceso a la informacion publica, el cual no parece verse afectado en sus principios generales por el nuevo Reglamento.La presente obra colectiva pretende ser una contribucion a la literatura juridica existente sobre el dificil y complejo equilibrio entre el derecho a la proteccion de datos personales pero tambien empresariales y el derecho de acceso a la informacion publica, en un contexto en el que coinciden obligaciones de transparencia con mandatos y principios de buena regulacion, de la que tan falto esta nuestro ordenamiento juridico, ciertamente imperfecto en terminos de racionalidad e, incluso, de legitimidad.Un claro objetivo de mejora orienta, en concreto, las ultimas modificaciones del proceso normativo introducidas con caracter basico por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y, en particular para la Administracion General del Estado, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico. A modo de una regulacion de la regulacion que no tiene precedente entre nosotros, ambas Leyes fijan las reglas que a partir de su entrada en vigor ordenaran el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria por las distintas Administraciones publicas. La transparencia y el derecho de acceso publico a datos de los expedientes normativos son tambien piezas clave del instrumental destinado al perfeccionamiento de la calidad de nuestras normas.Es indiscutible linteres juridic que, en lera digital en que ens situem, desperta el tractament de les dades, i no nomes dels que incumbeixen a la nostra intimitat i privacitat. Tot apunta que aquest interes seguira creixent encara mes amb la recent aprovacio del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 dabril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulacio daquestes, que no sera pero aplicable de manera directa fins a maig de 2018. Amb tot, excepte alguna referencia obligada, la regulacio europea no es tracta en aquest llibre, leix es el dret dacces a la informacio publica, el qual no sembla veure afectat en els seus principis generals pel nou Reglament.La present obra collectiva preten ser una contribucio a la literatura juridica existent sobre el dificil i complex equilibri entre el dret a la proteccio de dades -personals pero tambe empresarials- i el dret dacces a la informacio publica, en un context en que coincideixen obligacions de transparencia amb mandats i principis de bona regulacio, de la qual tan mancat esta el nostre ordenament juridic, certament imperfecte en termes de racionalitat i, fins i tot, de legitimitat.Un clar objectiu de millora orienta, en concret, les ultimes modificacions del proces normatiu introduides amb caracter basic per la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, i, en particular per a lAdministracio General de l estat, per la Llei 40/2015, d1 doctubre, de regim juridic del Sector Public. A manera duna regulacio de la regulacio que no te precedent entre nosaltres, totes dues lleis fixen les regle...

El reparto de funciones entre los particulares y las instancias públicas es uno de los objetivos centrales del Derecho Público. Casi podría decirse que es la razón misma de este Derecho, si atendemos a las más relevantes circunstancias que lo enmarcan. Con todas las simplificaciones que advertirse quieran, el Derecho Público toma conciencia de sí mismo cuando percibe la existencia de tal distinción de funciones, públicas unas, privadas las otras. Desde ese momento iniciático, nada preciso en su fecha, los objetivos han sido, primero, el establecer tal distinción de funciones y, segundo, el asignarlas a distintos sujetos.