Ignacio Francisco Benítez Ortúzar

El Proyecto de Ley 121/000119, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en cuya exposición de motivos se justificaba la necesidad de introducir una serie de reformas el texto punitivo, entre otras argumentaciones, por la preocupacion por adecuar el texto de 1995 a necesidades y exigencias que en su nacimiento no pudieron ser percibidas en todo su alcance. Al margen de la necesidad total o parcial de las reformas penales propuestas, asi como de valorar la oportunidad o no de este ultimo proyecto de reforma del texto punitivo, no creo que sea aventurado advertir en este momento el hecho de que entre los penalistas españoles exista, al menos, una cierta desazon al valorar los derroteros por los que deambula la politica criminal española en estos inicios del siglo XXI. Efectivamente, el texto de la reforma proyectada tocaba una serie de problemas punitivos de absoluta actualidad en el debate social que son tratados en esta obra, la cual es fruto de las ponencias y debates desarrollados por autenticos especialidades en las respectivas materias tratadas.

A diferencia de la «entrega vigilada» o del «agente encubierto», de naturaleza procesal, el «colaborador con la Justicia» es una figura regulada en la legislación sustantiva, como ocurre -por ejemplo- con los artículos 376 y 579.3 del Código penal español, aún cuando la finalidad de las tres instituciones sea la misma. Con la previsión de un mejor tratamiento punitivo al delincuente arrepentido, se trataría de incluir, junto al castigo como consecuencia legítima de la comisión de la conducta constitutiva de delito, la del premio por la contra-conducta consistente en la colaboración con la Justicia.

Sea cual sea la concepción del injusto de la que se parta y la concepción teórica de lconcepto de autor en sentido estricto que doctrinalmente se adopte, un análisis serio y riguroso acerca de las conductas imprudentes de determinados sujetos que posibilitan o facilitan el hecho imprudente principal, va a venir derivado del estudio del derecho positivo vigente. Esto implica la necesidad de analizar con rigor el alcance de la definición legal de autor en sentido estricto, así como de las dconductas que el código penal considera de autor. Antes de afirmar la punición o no de un hecho no doloso que supone la participación en el delito imprudente principal ejecutado por otro habrá que determinar cuando una acción u omisión concreta supone realmente una participación en el hecho imprudente principal, para después analizar si la misma es punible o no de modo independiente pero accesorio al hecho principal ajeno.

Como ha sido habitual en los Códigos penales Españoles del siglo XX, el Código Penal de 1995 incluye un Título, el XX, en su libro segundo, dedicado a los "delitos contra la Administración de Justicia", en el que trata de incluir sistematicamente todos los delitos que de alguna manera afectan al "engranaje" de la aplicacion de la "Justicia". No obstante, el contenido del titulo ni ha sido ni es pacifico, lo que le ha valido la unanime denominacion doctrinal de "Titulo abierto", pudiendo afirmar que parece imposible alcanzar un grado de satisfaccion sistematica minimo que, abarcando todos los delitos contra la administracion de Justicia, se reduzca exclusivamente a ellos. En cualquier caso, el punto inicial de todas las figuras delictivas recogidas en el titulo XX del libro segundo del Codigo Penal se centra en el articulo 117 de la Constitucion Española de 1978, en tanto que en ellas se tipifican conductas que afectan el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En su Capitulo VII, rubricado "De la obstruccion a la justicia y la deslealtad profesional", el legislador ha incluido una serie de conductas delictivas que tienen en comun la alteracion del transcurso del proceso, en el que se debe desarrollar pacificamente la funcion correspondiente a la administracion de justicia. Esa caracteristica es la que permite unificar a estas conductas bajo el nombre de "obstruccionistas" a la funcion jurisdiccional de juzgar unos hechos concretos de acuerdo a la Ley previamente establecida. No obstante la rubrica y el contenido del capitulo permite distinguir dos tipologias delictivas: a) Aquellas consistentes en obstruir directamente el normal desarrollo del proceso por sus cauces normales, tipificando de un lado conductas de terceras personal sobre cualquiera de los intervinientes en el mismo, y, de otro lado, conductas ejecutadas por los propios actores en el proceso. b) Aquellas realizadas por los colaborador

Hasta este final del siglo XX todas las legislaciones nacionales y los distintos instrumentos internacionales elaborados habían coincidido en prohibir la clonación, si bien ésta se identificaba con la creacion de seres humanos identicos. Sin embargo, la humanidad se convulsiona cuando, en agosto de 2000, el gobierno britanico se pronuncia dispuesto a iniciar los tramites legislativos para autorizar la clonacion terapeutica de acuerdo con un informe encargado de cuatro meses antes a un grupo de expertos.

En un momento histórico convulso, en el que no es difícil dejarse seducir por un populismo punitivo que, en última instancia, deriva en una flexibilización de los principios garantistas del Derecho penal, el nucleo esencial de esta obra se centra en la defensa de las garantias propias que inspiraron el Derecho penal liberal y que fueron recogidas directa o indirectamente en los textos constitucionales de la segunda mitad del Siglo XX de los Estados Democraticos de Derecho. En este volumen se tratan cuestiones candentes de maxima actualidad para el devenir social que han de cohabitar necesariamente con los principios garantistas del Derecho penal moderno y su caracter de ultima ratio legis. Momentos en los en una sociedad agitada se suceden aceleradamente reformas penales no siempre elaboradas con la mejor tecnica legislativa y novedosas propuestas politico-criminales no siempre respetuosas con los principios que inspiraron el Derecho penal liberal. El texto es el resultado de la colaboracion cientifica entre referentes de la doctrina penal española e italiana, con el exhaustivo analisis de cada uno de los temas especificos propuestos, confrontando la problematica planteada en la aplicacion del Ordenamiento juridico-penal español y del Ordenamiento juridico-penal italiano, en aras de encontrar una mejor respuesta a algunos de los interrogantes suscitados, que son comunes en ambos Estados. En todos los temas analizados, lo relevante es el analisis de las garantias constitucionales en las que se han ido plasmando los principios fundamentales del Derecho Penal los Estados Democraticos de Derecho. Todo ello desde una perspectiva critica con el populismo punitivo que con un escenario poco acorde a la realidad desde un plano pragmatico va siendo demagogicamente insertado en la sociedad.