Jesús González Pérez, página 2 de 5

Rústica semirrígida con cubierta gris. Edición: (2.ª ed., 1984, reimpresión, 1989).

El artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo que no supone en modo alguno que el ciudadano tenga una acción para exigir del Estado ni de ningún otro ente público que la ponga materialmente en el uso y disfrute de una vivienda que reúna unas condiciones mínimas que hagan posible una vida digna. El utópico Estado de bienestar no se atreve a tanto. Por ello el artículo de la Constitu¬ción, después de tan solemne declaración, añade: los poderes públicos promoverán las con¬diciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. A lo que están compelidos los poderes públicos es, por tanto, a promover las condiciones nece¬sarias para que todo español -y hay que suponer que también los inmigrantes que llegan a nuestro suelo- pueden disfrutar de una vivienda digna. Lo que se traducirá en legislación y acción administrativa adecuada para la realización de estos fines. González Pérez nos ofrece en este trabajo una síntesis de la normativa que el texto refundido de la Ley del Suelo dedica a hacer efectivo el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", que es el primero de los que reconoce su art. 4° a todos los ciudadanos en las distintas fases del proceso urbanístico. En la de planeamiento, las que tratan de que se ordene suelo suficiente para uso resi¬dencial, con las reservas impuestas para viviendas sujetas a un régimen de protección públi¬ca; en la de ejecución de planeamiento, las cargas y obligaciones del promotor a fin de que el suelo urbanizado cumpla unos estándares urbanísticos que haga posible la vida en un medio ambiente y pasaje adecuados, y en la fase de edificación para que la construcción destinada a vivienda reúna las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidas por la legislación sobre edificación, se mantengan durante la vida de la edificación y en caso de extinción producida por la acción

Esta obra trasciende con mucho a su título, pues contiene, en efecto, un análisis, artículo por artículo, del nuevo Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas. Utilizando la rigurosa metodologia de que se ha servido en tantas ocasiones Jesus Gonzalez Perez, se ofrece una vision completa de los problemas teoricos y pragmaticos planteados por el RPEA, con un examen sistematico y actualizado de las aportaciones mas valiosas de la doctrina cientifica y con un estudio exhaustivo y, en ocasiones agudamente critico, de la jurisprudencia del TC y del TS. Pero no es esto, con ser mucho, todo. El libro presenta el resultado del esfuerzo mas ambicioso desplegado hasta ahora para presentar unitariamente todos los procedimientos de revision de las normas administrativas y de los actos en materia tributaria. De aqui que constituya un instrumento indispensable para orientarse en el laberinto selvatico en que se ha convertido el brumoso catalogo de medios de reaccion del ciudadano frente a las decisiones de las Administraciones tributarias. Estos son, en definitiva, unos comentarios que aportan sugestivas contribuciones a la dogmatica de las reclamaciones economico-administrativas, en especial a temas candentes y aun polemicos como el deber de los Tribunales economico-administrativos de inaplicar las normas nacionales contrarias a las disposiciones de la Union Europea, la impugnabilidad de algunas actas de la Inspeccion de los tributos, la legitimacion activa de otras Administraciones publicas y de los denunciantes, la posibilidad ilimitada de prueba en el procedimiento economico-administrativo y la compatibilidad entre las reclamaciones contra las actuaciones tributarias y las acciones civiles. Tambien encontrara el lector en el una guia segura para moverse con soltura y acierto en el elenco complejo y confuso de los procedimientos de impugnacion de los actos tributarios distintos al de las reclamaciones economico-administrativas, como son la revision de actos nulos y de actos que incurren en infraccion manifiesta de la Ley; o los procedimientos de devolucion de ingresos indebidos, los recursos de reposicion y, mas en general, los complicados remedios contra los actos tributarios de las Administraciones autonomicas y locale

La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida publica como en la privada. El Ordenamiento juridico-administrativo no ha sido ajeno a este fenomeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administracion, como en las reguladoras de la accion administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formacion moral de los ciudadanos. Jesus Gonzalez Perez nos ofrece una sugestiva sintesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y limite de potestades administrativas; policia de la moralidad en aspectos como la publicidad, television y prostitucion, en que la realidad esta tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formacion moral como finalidad de los servicios de educacion, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polemico de la enseñanza de la religion.

«España tiene su musa, de los pueblos aprendiz, andaluza sin excusas, bien podría ser de Madrid».Musa de España nace con el convencimiento de que la cultura y el deporte, ahora más que nunca, represe

La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida publica como en la privada.El Ordenamiento juridico-administrativo no ha sido ajeno a este fenomeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administracion, como en las reguladoras de la accion administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formacion moral de los ciudadanos.Jesus Gonzalez Perez nos ofrece una sugestiva sintesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y limite de potestades administrativas; policia de la moralidad en aspectos como la publicidad, television y prostitucion, en que la realidad esta tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formacion moral como finalidad de los servicios de educacion, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polemico de la enseñanza de la religion.