Jesús González Pérez, página 2 de 5

Los Estatutos de las Comunidades Autónomas han asumido, de conformidad al artículo 148.1.3ª de la Constitución, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una multitud de disposiciones autonómicas, casi permanentemente renovadas en muchos de sus preceptos, rigen en el territorio de cada Comunidad Autónoma en esta materia, a veces con importantes diferencias entre sí. Resta todavía el Derecho urbanístico estatal que rige en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Estado no ha quedado privado de toda competencia que incida en esos ámbitos. Por el contrario, en virtud de algunas potestades que le atribuye en exclusiva el artículo 149.1 del Texto constitucional, debe inexorablemente establecer, por normas con rango de Ley, las condiciones básicas de la igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la planificación general de la actividad económica y de la protección del medio ambiente en cuanto inciden sobre la ordenación territorial y urbanística.

Los Estatutos de las Comunidades Autónomas han asumido, de conformidad al artículo 148.1.3ª de la Constitución, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una multitud de disposiciones autonómicas, casi permanentemente renovadas en muchos de sus preceptos, rigen en el territorio de cada Comunidad Autónoma en esta materia, a veces con importantes diferencias entre sí. Resta todavía el Derecho urbanístico estatal que rige en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Estado no ha quedado privado de toda competencia que incida en esos ámbitos. Por el contrario, en virtud de algunas potestades que le atribuye en exclusiva el artículo 149.1 del Texto constitucional, debe inexorablemente establecer, por normas con rango de Ley, las condiciones básicas de la igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la planificación general de la actividad económica y de la protección del medio ambiente en cuanto inciden sobre la ordenación territorial y urbanística. Por otro lado las Leyes autonómicas del suelo contienen normas de Derecho civil y otras que regulan materias que corresponden a la competencia del Estado, exclusiva o básica, como el procedimiento administrativo común la expropiación forzosa y el sistema de responsabilidades de las Administraciones públicas; normas estatales que serán de aplicación según su textura respectiva en todo el territorio nacional. Aunque las competencias estatales han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional con un sesgo muy favorable a las Comunidades Autónomas, son todavía amplias. Las nuevas concepciones sobre el desarrollo urbano sostenible exigían la promulgación de una nueva Ley del Suelo del Estado que además ha sido aprovechada para introducir un nuevo régimen de valoraciones. De estas circunstancias surge la nueva Ley de 28 de mayo de 2007 que, no obstante, se ha quedado en la mitad del camino de lo que venía demandando la doctrina. Jesús González Pérez, que ha comentado todas las leyes

Esta quinta edición es una nueva obra., en los cinco años transcurridos dese la edición precedente, los cambios legislativos, no sólo no han cesado, sino han aumentado hasta por leyes orgánicas, como la LO 19/2003, de 23 de diciembre de reforma de la LOPJ, que tanto afectó a la estructura orgánica y a la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional, hasta las mas recientes de 21 de noviembre de 2006 (LO 7/2006) de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la de 22 de marzo de 2007 (LO 3/2007) de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al hacer esta quinta edición, podemos decir que, a pesar de la lentitud de la Justicia, ya no quedan procesos a los que se aplique la Ley de 1956, por lo que la jurisprudencia a ellos referida se ha eliminado, salvo la que pueda servir de antecedente para explicar las dudas de algún precepto nuevo. Ahora bien, ante el impresionante número de sentencias, ha sido necesario hacer una rigurosa reducción, reproduciéndose el texto de la parte de ellas que tiene especial relevancia, enumerando las que reiteran doctrina anterior. Y como las modificaciones legislativas, como indiqué, han seguido produciéndose, ha sido necesario distinguir ente la jurisprudencia referida a cada uno de los textos modificados.

Esta edición -al igual que lo fueron la 2ª (de 1999) y la 3ª (de 2003-2004) en relación con las que, respectivamente, le precedieron- ha sido actualizada y renovada en múltiples aspectos, algunos de ellos de particular relevancia. Y así, por ejemplo, se recoge ahora en ella la única sentencia del Tribunal Supremo dictada hasta este momento sobre la suplencia de la firma, un tema jurisprudencialmente inédito y del que ha tenido ocasión de ocuparse dicho Tribunal en un caso que ha resultado ser de enorme trascendencia desde diversos puntos de vista. Con lo que una vez más se demuestra que temas aparentemente mínimos pueden cobrar irisaciones inesperadas cuando son iluminadas con la luz cenital de la vida real. Incorpora también esta 4ª edición la que puede tenerse por jurisprudencia consolidada acerca del llamado principio de transparencia, que con el refuerzo que recibe de esa jurisprudencia deja de ser estéril retórica populista para convertirse en arma eficaz que el Estado de derecho pone a disposición del particular para hacer frente a los abusos del Poder publico. Particular atención se presta asimismo a la reciente ratificación por el Tribunal Constitucional de la doctrina del plazo abierto para recurrir en vía administrativa o, en su caso, judicial contra el llamado silencio administrativo con significado negativo.

En está nueva edición se recoge toda la jurisprudencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la más significativa del Tribunal Constitucional y de la Sala de los civil, y se ha incorporado todas las ciertamente numerosas aportaciones doctrinales sobre el tema.

El artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo que no supone en modo alguno que el ciudadano tenga una acción para exigir del Estado ni de ningún otro ente público que la ponga materialmente en el uso y disfrute de una vivienda que reúna unas condiciones mínimas que hagan posible una vida digna. El utópico Estado de bienestar no se atreve a tanto. Por ello el artículo de la Constitu¬ción, después de tan solemne declaración, añade: los poderes públicos promoverán las con¬diciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. A lo que están compelidos los poderes públicos es, por tanto, a promover las condiciones nece¬sarias para que todo español -y hay que suponer que también los inmigrantes que llegan a nuestro suelo- pueden disfrutar de una vivienda digna. Lo que se traducirá en legislación y acción administrativa adecuada para la realización de estos fines. González Pérez nos ofrece en este trabajo una síntesis de la normativa que el texto refundido de la Ley del Suelo dedica a hacer efectivo el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", que es el primero de los que reconoce su art. 4° a todos los ciudadanos en las distintas fases del proceso urbanístico. En la de planeamiento, las que tratan de que se ordene suelo suficiente para uso resi¬dencial, con las reservas impuestas para viviendas sujetas a un régimen de protección públi¬ca; en la de ejecución de planeamiento, las cargas y obligaciones del promotor a fin de que el suelo urbanizado cumpla unos estándares urbanísticos que haga posible la vida en un medio ambiente y pasaje adecuados, y en la fase de edificación para que la construcción destinada a vivienda reúna las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidas por la legislación sobre edificación, se mantengan durante la vida de la edificación y en caso de extinción producida por la acción

CAPITULO PRIMERO. el procedimiento administrativo y su ordenamiento regulador: la actuación de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo; el ordenamiento regulador del procedimiento administrativo; los principios del procedimiento administrativo.CAPITULO SEGUNDO. los sujetos del procedimiento administrativo: la administracion publica; los interesados.CAPITULO TERCERO. el objeto del procedimiento administrativo: nociones generales; unidad de objeto; incidentes; pluralidad de objetos.CAPITULO CUARTO. los actos: actos de las administraciones publicas; invalidez de los actos administrativos; actos de los interesados.CAPITULO QUINTO. el procedimiento: iniciacion del procedimiento; desarrollo del procedimiento.CAPITULO SEXTO. 1. efectos de la actuacion administrativa: nociones generales; efectos en las relaciones juridico-administrativas; efectos en las relaciones juridicas no administrativas.2. efectos normales respecto de la administracion publica: responsabilidad patrimonial de la administracion publica; requisitos; procedimiento; efectos.3. efectos anormales respecto del administrado: nociones generales; ejecucion forzosa; responsabilidad patrimonial; responsabilidad administrativa.CAPITULO SEPTIMO. revision de la actuacion administrativa.1. los procedimientos administrativos de revision...

Manual con los contenidos de la asignatura"Introducción a la Geometría Diferencia Intrínseca"en la Universidad Autónoma de Madrid. Se estructura en tres partes: las diferentes formas del espacio, el lenguaje de la Geometria Diferencia y tipos de geometrias en el espacio.

Desde la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.

Agotada la primera edición de esta obra, la excelente acogida que ha tenido por los profesionales y estudiosos del Derecho Administrativo nos lleva a realizar esta segunda edición corregida y ampliada. La presente edición, conservando las trazas e ideas originales, incorpora dos nuevos Capítulos en los que se aborda el problema que plantea la imputación de la responsabilidad patrimonial cuando los daños son causados por Entes instrumentales de las Administraciones públicas (Entidades de Derecho público, sociedades mercantiles y fundaciones de titularidad pública ) o cuando se materializan en el ámbito de la contratación administrativa. El autor nos ofrece un extenso y profundo estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración, abordando las cuestiones capitales del instituto resarcitorio con gran rigor en el análisis de la legislación y de los diversos planteamientos doctrinales, incluyendo asimismo una abundante referencia jurisprudencial, lo que hace que resulte de especial interés para todos los juristas y profesionales del Derecho. Por sus características, la obra recoge principios y criterios válidos en otros ordenamientos jurídicos, máxime si configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración con carácter objetivo. «Esta obra habrá de ser tenida inexcusablemente en cuenta en el futuro en cualquier investigación y, por supuesto, en la práctica judicial». Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR. Catedrático de Derecho Administrativo de la U.C.M, en el Prólogo. «Se trata de un trabajo que, a mi juicio, es excelente, ambicioso, denso y muy bien informado y construido». Luis MARTÍN REBOLLO, Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Cantabria. «AHUMADA RAMOS ha analizado la oscilación del instituto resarcitorio en una monografía cuya lectura me permito calificar de indispensable para entender las líneas evolutivas fundamentales del Derecho administrativo de daños». Alberto RUIZ OJEDA, Profesor Titular de la Universidad de Málaga. &a

En 1999 apareció la tercera edición de esta obra. Desde entonces, ha aumentado considerablemente el interés generalizado que ya existía sobre la Ética pública. Pese a las políticas liberalizadoras, la Administración pública sigue presente en todas las esferas de la vida social, y cada día es más hondo el abismo que separa a los administradores de los administrados y mayor la desconfianza entre unos y otros.La incorporación al orden jurídico del valor ético de la confianza, ha contribuido decisivamente a humanizar las relaciones entre las Administraciones públicas y los administrados.La finalidad de este trabajo es el estudio del principio de la buena fe al que cada día acuden con más frecuencia nuestros Tribunales, por lo que aumentan incesantemente las decisiones jurisprudenciales.En esta nueva edición se ha pretendido recoger toda la jurisprudencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la más significativa del Tribunal Constitucional y de la Sala de lo civil. Y se han incorporado todas las ciertamente numerosas aportaciones doctrinales sobre el te

En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones publicas en el ordenamiento juridico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo mas remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos.En esta situacion, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa comun conocer hasta donde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir dia a dia las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reaccion de la doctrina ante ellas.Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el mas facil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestion que en cada caso plantea.Desde diciembre de 2012, fecha en que aparecio la edicion anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edicion, las ultimas al corregir las pruebas.Tambien han aparecido en este ultimo año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. Se han contrastado las opiniones en ellas mantenidas, a fin de que el lector pueda tener idea lo mas completa posible del panorama actual de la doctrina.

Acaba de aparecer una nueva edición, la sexta, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos ante un libro nuevo.

Honor y libertad de información. Encuadernación: Rústica semirrígida y cubierta gris. Edición de 1993.

Desde que salió a la luz la tercera edición en 1.998 debido a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 13 de julio de 1.998, se han producido importantes cambios legislativos, lo que ha llevado al autor a una profunda revision y ha convertido este libro en una obra totalmente nueva, por tres razones fundamentales. La primera por La Ley 4/1999, de 13 de enero, modifico la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun de 26 de noviembre de 1.992, en aquellos aspectos de mayor trascendencia para el proceso administrativo como la delimitacion de los momentos en que, agotada la via administrativa queda abierta la procesal para obtener tutela judicial efectiva frente a las Administraciones publicas. Y una nueva Ley de Enjuciamiento Civil entraba en vigor, obligando a un replanteamiento a fondo de su aplicacion por la via de la supletoriedad en este orden jurisdiccional, por las dificultades practicas que planteaba.

Desde que salió a la luz la tercera edición en 1.998 debido a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 13 de julio de 1.998, se han producido importantes cambios legislativos, lo que ha llevado al autor a una profunda revisión y ha convertido este libro en una obra totalmente nueva, por tres razones fundamentales.La primera por La Ley 4/1999, de 13 de enero, modificó la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de 26 de noviembre de 1.992, en aquellos aspectos de mayor trascendencia para el proceso administrativo como la delimitación de los momentos en que, agotada la vía administrativa queda abierta la procesal para obtener tutela judicial efectiva frente a las Administraciones públicas. Y una nueva Ley de Enjuciamiento Civil entraba en vigor, obligando a un replanteamiento a fondo de su aplicación por la vía de la supletoriedad en este orden jurisdiccional, por las dificultades prácticas que planteaba.Por otro lado, aunque todavía son pocos los contencioso-administrativos incoados después de entrada en vigor de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1.998 que han llegado al tribunal Supremo, por lo que ya existe una línea jurisprudencial utilísima a la hora de enfrentarnos con las dudas interpretativas qu e surgen en este procedimiento al tener que aplicarla. Además, como en estos cuatro años la interpretación formalista de los requisitos procesales ha dado lugar a algunas causas más de inadmisibilidad, han sido destacadas al comentar el artículo correspondiente, a fin de evitas caer en ellas.

El artículo 21, CE, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos -que reconoce el derecho a la libertad de reunión..pacífica - (art. 20) y el Convenio Europeo para la proteccion de los derechos humanos y libertades fundamentales -que lo reconoce en identicos terminos- (art. 11) presupone el concepto de reunion.