Raúl C. Cancio Fernández

Ninguno de los episodios de la guerra civil española alcanza el grado de antropomorfización del escenario bélico como el manifestado en la lucha por la Ciudad Universitaria de Madrid. Sus edificios mas importantes se vieron dramaticamente afectados por una guerra que transformo un vanguardista proyecto educativo en sobrevenido teatro de operaciones, convirtiendo sus inmuebles en un dedalo de trincheras, pasadizos subterraneos y parapetos en ruinas, uno de los cuales simbolizo por encima del resto el grado de destruccion resultante: el Hospital Clinico. Una metamorfosis urbana que fue manipulada por ambos bandos como representacion del heroismo y el sacrificio de los combatientes, transformandose en verdadero protagonista del conflicto y cuya destruccion se equiparo a las laceraciones sufridas por un cuerpo indefenso y descontextualizado. Por ello resulta acentuadamente descorazonador advertir como todo ese caudal simbolico, pero tambien patrimonial, historico y arqueologico, no solo no esta hoy en dia adecuadamente protegido, sino que practicamente no ha sido investigado cientificamente. Sea este trabajo un grano mas de arena en la necesaria labor de recuperacion cientifica y desapasionada de nuestra historia, mas aun cuando el destino quiso que, en esta ocasion, se entreverara incongruentemente y sobre el mismo suelo la barbarie y la educacion superior.

A nadie se le oculta que las Cortes Supremas en general, y nuestro Tribunal Supremo en particular, soportan un volumen de litigiosidad a todas luces excesivo y, por ende, perjudicial para la verdadera labor depurativa que la Constitucion le encomendo en su articulo 123. Habida cuenta del sistema casacional que rige en el entorno juridico del y consecuentemente, tambien en nuestro ordenamiento juridico, en esa labor nomofilactica, depurando los recursos que pretenden acceder a la via casacional y filtrando solo aquellos que se ajustan a las previsiones rituales de cada uno de los ordenes jurisdiccionales y que se manifiestan revestidos de un autentico interes casacional, el papel del Gabinete Tecnico del Tribunal Supremo adquiere una importancia nodal, elaborando desde su constitucion en 1985 un autentico edificio interpretativo, mediante el cual y a traves de pautas, criterios y principios hermeneuticos, ha venido acrisolando la accesibilidad de los recursos planteados ante el Alto Tribunal, facilitando asi de forma notable la labor de las Salas enjuiciadoras. El autor, Letrado del citado Gabinete Tecnico y adscrito a la Sala de lo Contencioso- Administrativo, nos propone en su obra un acercamiento a esas pautas y criterios de admisibilidad en el marco de los recursos de casacion de naturaleza economico-administrativa, de una manera eminentemente empirica y basada en el analisis de sentencias y resoluciones de la propia Sala Tercera.

La Administración pública y sus empleados no son ajenos a la aplicación plena de la normativa preventiva, salvo en aquellas excepciones que sean dignas de tal calificativo; por ejemplo: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la recepción plena de la normativa preventiva en el ámbito de la Administración pública, ha generado una verdadera desnaturalización, de la protección preventiva, convirtiendo este ámbito de aplicación en el perfecto antónimo de la enfática vocación universalizadora de la Ley. El análisis de los textos normativos, sus antecedentes, el marco constitucional en el que se ubican, así como los mecanismos de exigencia de responsabilidad cuando la Administración infringe disposiciones de naturaleza preventiva, son manifestaciones reveladoras de la atonía existente entre la protección y prevención de la salud y los empleados públicos como receptores de tal cobertura. Tales deficiencias no hacen más que confirmarse y aumentarse en el ámbito de la Administración de Justicia, en donde las dificultades de adaptabilidad propias de cualquier Administración, se ven superadas por la inaplicabilidad absoluta de sectores nodales del ordenamiento preventivo, con lo que ello supone de cercenamiento de derechos de los empleados públicos allí adscritos.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofilactica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento valido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los articulos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribucion competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestion. El objeto de estas paginas es someter a reflexion si en nuestro ordenamiento juridico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para organos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese asi, que ventajas y que obstaculos removeria tal opcion legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalizacion material de los ordenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso mas y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema juridico que tenga por objeto la mejora, en su mas amplio sentido, de la mas alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplacion: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institucion que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la funcion esencial que el constituyente en el articulo 123 del Texto de 1978 previo para el, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretacion y aplicacion de la Leyes como interprete del ordenamiento juridico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansion incontrolada del mecanismo de la casacion.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquella se impone con especial rigor, no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y caracteristicas tecnicas, se emplea con profusion el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decision o juicio juridico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha informacion depende en gran medida de que estos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstaculo para la comprension del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citacion legal en nuestra literatura juridica asi como en las propias resoluciones dictadas por los organos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y mas concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento juridico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestion que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interes entre los diferentes agentes juridicos de nuestro pais.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquella se impone con especial rigor; no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y caracteristicas tecnicas, se emplea con profusion el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decision o juicio juridico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha informacion depende en gran medida de que estos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstaculo para la comprension del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citacion legal en nuestra literatura juridica asi como en las propias resoluciones dictadas por los organos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y mas concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento juridico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestion que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interes entre los diferentes agentes juridicos de nuestro pais.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

La evolución y el desarrollo del cine español desde los primeros años cuarenta hasta la mitad de la década de los setenta, a diferencia de los países de nuestro entorno, no atendió a pautas estéticas, culturales o puramente intelectivas, sino que cada uno de los hitos en los que dicha evolución puede estructurarse respondieron casi y exclusivamente a factores de naturaleza legislativa o gubernamental, como reflejo de la absorbente y elusiva influencia que la acción administrativa ejerció sobre el hecho cinematográfico español durante aquellos años. No resulta por tanto exagerado afirmar que durante el franquismo, la evolución de cine español fue la evolución de las sensibilidades políticas concurrentes en cada momento, incidiendo cada una de ellas de una u otra manera en la producción, los contenidos y el sesgo de las temáticas y los géneros cinematográficos existentes.

¿Que poderosas razones empujaron a cientos de miles de europeos y, entre ellos, a algunos centenares de ciudadanos españoles a unirse a las facciones beligerantes de la Guerra Civil Americana? La respuesta a esa cuestion, cuando ahora se cumplen 150 años de la capitulacion de Appomattox, no admite simplificaciones: la cuestion migratoria en la Europa del siglo XIX; la contextualizacion del inicio de la guerra americana en el marco sociopolitico de la España de 1861 o el pancontrarrevolucionismo imperante en dicha centuria, configuran el perimetro cognitivo que nos permitira tanto aproximarnos de manera sistematica al encuadramiento de los voluntarios españoles en las unidades militares enfrentadas, como al estudio de las mas importantes batallas en las que nuestros compatriotas intervinieron en un episodio mas de lo que fue la reaccion frente al liberalismo y la revolucion durante todo el siglo XIX.

La presente obra colectiva continúa la labor iniciada en el Tratado Sobre el Proceso Administrativo (LJCA). Al igual que aquel volumen, se ha concebido pensando en los estudiosos, pero también en los profesionales practicos, si bien se ha centrado en esta ocasion en los principales problemas y desafios que plantea el procedimiento abreviado y los procedimientos especiales de la Ley reguladora de la jurisdiccion contencioso-administrativa. Asi las cosas, se analiza la posibilidad de introducir la contestacion por escrito en el procedimiento abreviado; se abordan cuestiones como la sucesiva ampliacion de su ambito material, los efectos de la objetivacion procesal en el incidente de nulidad o la accion de inejecucion de actos firmes; y se efectua un recorrido detallado por el proceso para la tutela de los derechos fundamentales de la persona, la cuestion de ilegalidad o la declaracion judicial de extincion de partidos politicos, por citar tan solo algunos ejemplos de lo que el lector hallara en estas paginas. Y todo ello conjugando la perspectiva academica con la practica, en el convencimiento de que, aunando ambas, la comprension de las cuestiones procesales sera mas completa y, por ende, mejor.

La presente obra analiza la incidencia que tuvo la guerra civil española en la forma de administrar justicia durante aquellos años y desde la perspectiva de cada una de las facciones enfrentadas, con una especial atencion a las vicisitudes del Tribunal Supremo durante el conflicto, organo que refleja una ambivalencia unica y singular en relacion con el resto de organos jurisdiccionales. La obra se completa con un extenso apendice biografico de politicos y juristas de ese periodo.