Xosé Manuel Carril Vázquez

Noruega no reconoce pensiones de jubilación a nuestros trabajadores del mar embarcados en sus buques hasta el año 1994 -más de 12.000, según la asociación gallega Long Hope-, por carecer de la condicion de residentes mientras trabajaban alli, pagando sus impuestos. Su actual desproteccion se agrava por el hecho de que España no computa el tiempo de embarque en dichos buques para el calculo, aqui, de prestaciones de seguridad social. Un grave problema de desamparo legal reconocido por la Comision Europea, que se ha desentendido del asunto proponiendo un convenio bilateral de seguridad social entre España y Noruega, pero siempre considerando que esta desproteccion por falta de residencia era legal antes del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo. Desde luego, la respuesta seria distinta si se analizase la residencia como requisito de afiliacion al sistema noruego de seguridad social desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite calificar como condicion excluyente y discriminatoria haber exigido la residencia para tal inclusion -tambien antes de 1994-, vulnerando derechos fundamentales universalmente reconocidos, ya que -reparando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- hay diferencia de trato discriminatoria por razon de nacionalidad, al

Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Coeditado con la Universidade da Coruña y el Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña (1999). Este libro, que recoge revisada la que fue tesis doctoral de su autor, es un estudio exhaustivo de la problematica juridica que suscita en España la seguridad social de los trabajadores del mar, muy complicada pese a que no todos los trabajadores del mar estan embarcados por el hecho de que el buque es un centro de trabajo eventualmente operativo en las aguas jurisdiccionales de muy diversos Estados. Precedido de una introduccion en la que, tras reflexionarse sobre el futuro de la seguridad social del mar, se ofrece una vision de conjunto del Derecho comparado sobre el tema, el libro analiza todas las fuentes de conocimiento disponibles sobre el, y especialmente las jurisprudenciales, ajustandose para ello en palabras del prologuista a un esquema procesal, pues dicho analisis se realiza teniendo presente no tanto la jerarquia formal y abstracta de las mismas, sino mas bien el orden aplicativo que seguiria el juez español para resolver el correspondiente pleito de seguridad social del mar.

¿Puede una comunidad de propietarios prohibir que una vivienda se oferte en Airbnb? ¿Es lícita la actividad desplegada por Uber? ¿Protege el Derecho de los consumidores a los clientes de estas plataformas? ¿Quienes prestan sus servicios para Uber, Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia? ¿Que pueden aportar el cooperativismo al fenomeno de la economia colaborativa? Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en este libro dedicado al estudio del fenomeno de la economia colaborativa -entendida en sentido amplio- desde la perspectiva civil, mercantil y laboral. Un nutrido grupo de profesores universitarios analizan, entre otros aspectos, el regimen juridico-civil de las viviendas de uso turistico, la regulacion del transporte colaborativo, el acto de competencia desleal por violacion de normas, el papel del cooperativismo y el Derecho del consumo en la economia colaborativa, y la economia colaborativa desde el punto de vista del Derecho del trabajo y del Derecho comparado. Se pretende con ello contribuir al desarrollo de un nuevo Derecho en plena expansion -el Derecho de la economia colaborativa- y asistir a jueces y abogados ante las numerosas dudas que se plantean en este ambito.

Estudio comparado de los fondos de resistencia en distintos modelos (europeos y norteamericano) de regulación de conflictos laborales. Estos fondos forman una realidad social y jurídica que es poliédrica, con distintos tipos (por ejemplo, sindicales "tanto intrasindicales como intersindicales" y no sindicales). La realidad comun de estos modelos no es uniforme y registra las diferencias sobre conflictos laborales de sus Estados, propiciando que los fondos sean solamente sindicales en el modelo contractual (aleman) de huelgas, sindicales y no sindicales en el modelo expansivo (español y frances) de huelgas, y en fin, que se vean limitados por la imposicion judicial de medidas cautelares en el modelo de libertad (britanico) de huelga, o que no puedan verse limitados por tales medidas en el modelo norteamericano de huelga. Sorprende el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas de los fondos de resistencia que ofrecen, con toda claridad, Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Norteamerica, pero tambien Francia con su rica variedad de matices, porque, en el Estado español, se ha interpretado "sin amparo legal expreso" que estas cantidades estan sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, tras considerarlas rendimient

La definición jurídica de pesca pirata no hace referencia a condiciones de trabajo y de protección social. Al margen de la paradoja que supone hablar de actividades de pesca lícita cuando hay verdaderos deficits de trabajo decente en su realizacion, lo cierto es que desde un punto de vista juridico puede resultar inutil insistir en que existan unas buenas condiciones de trabajo en los buques de pesca pirata por causa de que es la propia ilegalidad de la actividad pesquera la que ampara y ocasiona la inexistencia tanto de un trabajo decente como de una minima proteccion social. Por ello, se defiende la necesidad de incluir en la delimitacion juridica de pesca pirata aquella que se realiza en condiciones de trabajo y de proteccion social que son inaceptables de acuerdo con el derecho internacional del trabajo y de la seguridad social e incompatibles con los convenios de la Organizacion Internacional del Trabajo (señaladamente, su Convenio numero 188, que ha sido incorporado al Derecho de la Union Europea a traves de la Directiva 2017/159), en la medida en que, ademas de garantizar un trabajo decente, esta inclusion de normas minimas de trabajo permitiria descubrir practicas de pesca pirata. Y tambien por ello, se propone vincular la realizacion de la actividad pesquera al respeto de las normas minimas de trabajo que figuran en citado Convenio numero 188, mediante su incorporacion en el contenido de los acuerdos internacionales de pesca, a modo de clausula social (al igual que en los Acuerdos de Libre Comercio).Esta clausula social operaria desde un punto de vista juridico-social como medio de proteccion laboral, pero tambien desde un punto de vista economico como medio para acabar con la competencia desleal de quienes, incumpliendo tales normas laborales, alteran la competencia con la practica del dumping social, en la medida en que su neutralizacion podria conseguirse empleando los mismos medios adoptados contra las practicas que son desleales y que, en este caso, ademas de sanciones economicas, podrian suponer la inmovilizacion del buque, la suspension inmediata de la licencia de pesca o su denegacion posterior.

Esta obra monográfica tiene por objeto el análisis crítico y sistemático del Convenio nº 188, sobre el trabajo de la Pesca, 2007, de la OIT. Los autores que participan en esta obra colectiva han realizado un estudio de cada uno de los articulos que componen este texto internacional con la finalidad de responder si este instrumento juridico garantiza o no unas condiciones de trabajo decentes para los trabajadores del sector pesquero. Esta obra presenta una enorme relevancia para todos aquellos y aquellas interesados en conocer cuales son las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores de acuerdo a la normativa internacional vigente; pero sobre todo es de especial interes para los profesionales del sector, interlocutores sociales e instituciones tanto estatales como autonomicas con competencias en materia de Pesca, no en vano España aun tiene pendiente la ratificacion del C. 188, asi como su futura implementacion en nuestro Derecho interno.

Esta obra era necesaria por la escasez de obras monográficas sobre los Reglamentos de coordinación y también por el, cada vez mayor, protagonismo que el Derecho Social Europeo tiene en la práctica judicial española motivado, entre otras causas, por el elevado numero de ciudadanos que desarrollaron en el paso o desarrollan en el presente su actividad laboral en los territorios en los que resulta de aplicacion el Derecho de la Union Europea

La necesidad de fomentar y defender internacionalmente los intereses económicos y sociales de empresarios y de trabajadores —habida cuenta que empresarios, por una parte, y trabajadores, por otra, se encuentran ligados «por una solidaridad de intereses, una solidaridad que no está limitada a una específica empresa o a una particular industria, ni siquiera a la economía nacional, sino que se extiende a toda la economía internacional» 1— ha generado la formación, prolongándose de este modo la labor desempeñada por las estrictamente nacionales en sus correspondientes Estados 2, de organizaciones empresariales y sindicales de carácter internacional.

El derecho genérico a la protección de la salud y el derecho específico a la protección pública de la asistencia sanitaria suponen, siempre en el caso concreto de la mujer embarazada, algo más que su acceso a todo el conjunto de prestaciones -médicas, farmacéuticas y otras prestaciones sanitarias- que conforma el modelo de acción protectora de nuestro actual Sistema de Salud.Y es que hay en juego otros derechos más específicos a través de los cuales pretende garantizarse a la mujer embarazada la libre elección de las circunstancias de su parto, como son el derecho a la atención sanitaria pública por su condición de mujer embarazada, el derecho a conocer el protocolo de atención sanitaria por maternidad para decidir, a través de su plan de parto, el tipo de atención que desea recibir, y por último, el derecho a elegir el lugar de parto.Sobre todo ello se centra la presente publicación, que tiene por finalidad analizar la regulación legal de la atención sanitaria al parto en España en el marco de un estudio de Derecho comparado (con lo legislado al respecto en Francia, Reino Unido y Alemania, en su condición de Estados europeos muy significativos desde el punto de vista del Derecho comparado) e internacional (de la situación del tema en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), teniendo siempre presente que la mujer embarazada no debe ser considerada ni tratada como una mujer enferma.