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Aunque las Constituciones españolas del siglo XIX definían las posesiones de Ultramar con el tecnico nombre de "provincias", lo cierto es que no existió una total asimilación política y administrativa con la Metropoli. No fueron iguales las leyes politico-administrativas, penales, procesales, civiles, mercantiles, etc. De hecho, mientras que en la Peninsula se desarrollaba un sistema politico de corte liberal, en Ultramar pervivieron las instituciones del Antiguo Regimen amparadas en la antigua legislacion indiana. En esta obra se estudian los origenes de este proceso con especial referencia a las fuentes del derecho aplicable y su repercusion en la administracion municipal de Cuba y Puerto Rico.

El vigor legislativo estatal, con directa incidencia en el régimen local, que justificó la segunda edición de esta obra, lejos de haber cesado, se ha venido incrementando tratando de hacer frente al reto de la sociedad española y de sus instituciones ante la actual situacion economico-social. Son importantes ejemplos de tales innovaciones legislativas los llamados Estatutos de Autonomia de nueva generacion -Cataluña, Valencia, Andalucia, etc. - asi como otras leyes organicas, significativamente la de 27 de abril de 2011 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e, igualmente, la nueva modificacion del Regimen Electoral General, Ley Organica 2/2011 de 28 de enero. Y que decir de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economia Sostenible que como otros cuerpos legales estatales introduce modificaciones en la LBRL de 1985. Se encuentra en el mismo caso la Ley 25/2009 de 22 de diciembre que, concretando prescripciones de la Ley 17/2009, viene a trasponer la Directiva de Servicios del Mercado Interior 2006/123/CE. Sin olvidar la incidencia de nuevas leyes sectoriales tan importantes como la Ley de Suelo, Texto Refundido de 20 de junio de 2008, y el tambien Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 14 de noviembre de 2011, entre otras muchas. Esta tercera edicion conserva el texto integro de su predecesora, incorporando una completa actualizacion a partir de esas innovaciones legislativas -con otras traidas por los legisladores autonomicos- y de la labor jurisprudencial del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. Trabajo acometido con solvencia por la profesora de Derecho Administrativo y magistrada excedente Maria Jose Alonso Mas, la Secretaria General de la Diputacion de Alicante Amparo Koninckx Frasquet y Manuel J. Domingo Zaballos, magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha, coordinador de la obra.

Mediante la celebración de contratos onerosos se canaliza una parte muy importante del gasto público, y de ahí su incidencia en el mercado competitivo. Ello explica la normativa de la Unión Europea en esa materia. Con un enfoque practico y utilizando abundante jurisprudencia y doctrina oficial del Consejo de Estado, la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en este libro se exponen las cuestiones fundamentales sobre la contratacion del sector publico. Ademas de una exposicion pormenorizada de todos los contratos de naturaleza administrativa, tambien se analizan algunos contratos sometidos al Derecho Privado, como los de gestion patrimonial. El libro se cierra con la exposicion del regimen de garantias de los aspirantes a la adjudicacion, y del sistema de recursos y otras vias de impugnacion.

El Procedimiento Administrativo Sancionador es, sin duda alguna, un tema de necesario conocimiento para cualquier profesional del Derecho público. El abogado administrativista, el funcionario o empleado publico que tramita o resuelve un expediente administrativo sancionador, el juez o magistrado contencioso-administrativo que conoce de un recurso contra la actividad sancionadora de la Administracion publica precisan conocer basicamente, primero, y, despues, interpretar/aplicar los principios y las normas administrativas esenciales del Derecho administrativo sancionador; es mas, el procedimiento sancionador tambien conviene ser conocido por el propio ciudadano o administrado que se relaciona con cualquier Administracion publica y que, por tanto, ha sido -o probablemente sera- sancionado por la comision de una infraccion de trafico, de medioambiente, tributaria, laboral, urbanistica, de sanidad, de actividad empresarial, etc. Esta obra es un manual practico basico sobre este elemental y trascendental procedimiento administrativo. La obra comienza con un sucinto, pero condensado, estudio con una finalidad docente y pragmatica, apropiado para jovenes abogados y funcionarios e incluso para profesionales que quieran o precisen iniciarse o regresar al Derecho administrativo sancionador; continua con una clasificacion de una selecta jurisprudencia consolidada, asi como con varios esquemas sobre el contenido esencial de los preceptos legales y reglamentarios abordados; por ultimo, facilita al lector unos modelos de formularios especificos y habituales para aprovechar sus conocimientos administrativistas. Nada mas, pero nada menos. Los lectores, primero, y la editorial despues, juzgaran el resultado. El veredicto del jurado (lector) y el fallo del juez (editorial) seran, por cierto, inapelables; el autor lo asumira.

Este Manual tiene unos contenidos esenciales para el estudio y comprensión del Ordenamiento jurídico de las Administraciones públicas. Con su elaboración inspirada en la docencia impartida a lo largo de los años en el area del Derecho administrativo, trata de servir de apoyo a los estudiantes de Grado en las Facultades de Derecho y demas centros de enseñanza de la Administracion o Gestion Publica y similares. Se proporcionan, fundamentalmente, elementos teoricos indispensables para conocer las bases del Derecho administrativo y, sobre todo, facilitar su aplicacion practica. Estos objetivos se alinean con los instrumentos pedagogicos para la formacion de juristas, favoreciendo, con su seleccion de temas y la orientacion de sus exposiciones, a quienes se inician en el conocimiento de los principios, instituciones, conceptos y tecnicas juridicas aplicables a todas las Administraciones publicas.

La relevancia social y económica del Deporte no ha ido acompañada a lo largo del tiempo de un análisis intelectual acorde con la misma. Los aspectos ligados a la emotividad y la propia organización del deporte han preterido, en muchos casos, los estudios cientificos sobre esta actividad social. Deporte y Estado, escrito por el Profesor Cazorla Prieto, es un libro cuya primera Edicion se produce en 1979 y que marca una epoca en el conocimiento y el analisis de las relaciones entre deporte y el Estado por el tiempo en el que publica y por la intensidad de la reflexion que conlleva. El Libro se ha convertido en un clasico de las ciencias sociales y goza de una actualidad en el planteamiento de los problemas y las cuestiones que plantea que permite la publicacion de una nueva edicion manteniendo su redaccion inicial y acompañado de un trabajo sobre la incidencia que el mismo tuvo en la ciencia juridica que estudiaba el deporte y la relevancia del mismo para lo estudios del derecho del deporte.

http://www.eusal.es/978-84-9012-132-0/raw

Se justifican todas las medidas adoptadas en la crisis o existían problemas que eran anteriores a la misma? ¿Qué inconvenientes plantea la forma en que se está afrontando la misma desde el poder público? ¿Tienen claro los economistas o foros de decision politica el camino para salir de la misma? ¿Como repercute esa incertidumbre economica en las decisiones gubernamentales y en los derechos de los ciudadanos? A traves de seis estudios los autores analizan los principales cambios acontecidos en el Derecho como consecuencia de la crisis y los nuevos problemas que se plantean. Como las diferentes posiciones existentes en el analisis economico se trasladan al Derecho provocando inseguridad juridica. El libro hace una descripcion general de las diferentes medidas adoptadas en estas dos legislaturas, al mismo tiempo que realiza un analisis critico de las mismas. Se pone al descubierto las falacias de la reforma laboral, que potencia la figura del empresario. Como se disfraza el incumplimiento de la normativa comunitaria justificandose en la crisis. Se aborda la situacion en la que quedan los contratistas y proveedores de la Administracion. Trata la posicion en la que queda uno de los colectivos mas afectados, la de los titulares de prestamos hipotecarios generados por la burbuja inmobiliaria y el desempleo, asi como la eficacia de las medidas propuestas para los mismos. En fin, se estudian algunas de las medidas privatizadoras propuestas para hacer caja y afrontar el deficit publico. Todo ello, para ilustrar un cambio de las reglas del juego, un nuevo Derecho que se presenta a trompicones y pone todo patas arriba, caracterizado por la urgencia, el deficit democratico, la perdida de garantias y derechos para los ciudadanos, la debilitacion de la posicion de los trabajadores y de los usuarios de los servicios publicos.

La obra que el lector tiene en las manos está destinada a ofrecer una respuesta clara y concisa sobre los aspectos fundamentales de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la informacion y la comunicacion en la Administracion de Justicia. Se trata de un manual practico destinado a dar respuesta a las preguntas esenciales que se formularia el lector al interpretar la citada Ley. Con el mayor grado de claridad hemos tratado de ofrecer una respuesta sencilla pero completa a cada uno de los elementos que conforman las nuevas formas de relacion de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia con la Administracion de Justicia electronica. La nueva Ley representa un giro radical y profundo en la forma de acceso electronico a la Administracion de Justicia. Lo anterior significa que sera una circunstancia inexcusable para los profesionales practicar sus relaciones procesales mediante este canal de comunicaciones electronicas y sus tecnologias asociadas. Este importante cambio o giro copernicano supondra la necesidad de adaptar buena parte del procedimiento analogico al formato electronico digital y, para ello, sera preciso, cuanto antes, conocer exactamente las previsiones de la Ley en el sentido considerado. La formula de preguntas y respuestas