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Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque; Orden de 11 de abril de 1986, aprobando el nuevo modelo de la letra de cambio; Comentarios; Formularios. Declaración equivalente al protesto. Protesto notarial. Legitimacion notarial de la firma de un o

Este trabajo es el resultado del "stage" que, convocado por el Consejo General del Poder Judicial, realizó la autora del mismo, en el Tribunal europeo de Derechos Humanos y otros Organismos del Conse

En esta nueva edición del libro de Derecho Administrativo (general y especial). Casos prácticos, queremos resaltar, por un lado, que se han respetado gran parte de los supuestos planteados en anteriores ediciones, si bien, logicamente, adaptados a la nueva legislacion, tanto general como sectorial, que ha ido apareciendo durante todo este tiempo, debido a que, en ellos, se tratan cuestiones generales, siempre de actualidad y de interes juridico para el usuario de este tipo de libro. Junto a aquellos se añaden nuevos casos practicos en aplicacion, especialmente, de la nueva legislacion de contratos sobre el Sector Publico. Finalmente, se han vuelto a aportar otros supuestos provinientes de nuestra revista de publicacion mensual, CEFLegal, que se han considerado de interes, suprimiendose algunos que habian quedado obsoletos por el cambio de legislacion sobre la materia operada. Se quiere llamar la atencion del lector sobre la falta de relevancia de las fechas y años que constan en los relatos de hechos. Deben solucionarse con arreglo a la legislacion vigente en este momento, debiendose, por tanto, considerar carente de relevancia alguna aquel extremo.

Este Código recoge toda la normativa vigente, tanto estatal, como autonómica, en materia de Caza y Pesca Fluvial. La Constitución Española, en su artículo 148.1.11.ª, establece la posibilidad de que las Comunidades Autonomas asuman competencias en materia de caza y pesca fluvial. Estas, a su vez, han asumido dichas competencias exclusivas, en el ambito de sus territorios, a traves de sus Estatutos de Autonomia. Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias citadas se procedio a efectuar los traspasos de funciones y servicios correspondientes en materia de conservacion de la naturaleza, entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con la caza y la pesca.La mayoria de las Comunidades Autonomas ya han promulgado leyes de caza y de pesca fluvial y sus Reglamentos de desarrollo.Ademas, se facilita la busqueda de la informacion a traves de un completo indice analitico. La obra se complementa con un practico CDROM.

PresentaciónAbreviaturasCAPÍTULO ILa importancia constitucional de las notificaciones1. INSTRUMENTO DEL DERECHO DE DEFENSA2. GARANTÍA DE LOS ADMINISTRADOS VERSUS EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓNCAPÍTULO

Carreras Maraña, Juan Miguel. La impugnación de los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios es el tema elegido para el presente Cuaderno de Jurisprudencia al Detalle, en el que se tratan de forma principal las cuestiones sobre la legitimacion, el plazo y los requisitos. En cuanto a las personas legitimadas para poder interponer la impugnacion, hemos separado los supuestos en los que quien impugna tiene la cualidad de propietario "como puede ser el comunero que no asiste a la Junta, el que tiene deudas con la Comunidad o el nuevo titular", de aquellos otros en los que la impugnacion viene interpuesta por un tercero que no es titular, entre los que se encuentran los arrendatarios y usufructuarios. Seguidamente, la cuestion estudiada versa sobre el plazo con el que se cuenta para la impugnacion. El primer apartado esta dedicado al computo, es decir, el momento desde el que empieza a correr, si es posible que se produzca su interrupcion, asi como si hay que computar los dias inhabiles. A continuacion hemos diferenciado cuando estamos ante acuerdos contrarios a la Ley o los Estatutos, donde el plazo de impugnacion es de un año, de aquellos casos en los que el plazo se reduce a tres meses por no darse la circunstancia de contravenir la Ley o los Estatutos. Como punto final, tratamos los dos requisitos con los que debe contar el propietario que decide acudir a la via judicial para la impugnacion. El primero es la necesidad de haber salvado el voto: que se entiende por salvar el voto, si es necesario que se haga de forma expresa o basta con que se vote en contra, y si es suficiente con abstenerse. El segundo, la exigencia de estar al corriente de pago o haber consignado las deudas vencidas con la Comunidad, si es posible la subsanacion de este requisito, en que casos no es necesario pagar o consignar, asi como que sucede cuando se es deudor en el instante de interponer la demanda pero se procede al abono en un momento posterior.

El arrendamiento de bienes muebles y el contrato de renting, entendido como un arriendo mobiliario duradero con servicios, vienen adoleciendo de una suerte de “invisibilidad jurídica” que no se compadece con su gran pujanza socioeconómica. Estos contratos carecen de una expresa regulación ad hoc, no es fácil rastrear la abundante jurisprudencia recaída sobre ellos por falta de entradas precisas en los tesauros al uso y por su confusión y camuflaje en contratos próximos (leasing financiero, arrendamientos de inmuebles o de industria, contratos de servicios) y no han recibido aún el tratamiento doctrinal de conjunto que merecen, al margen de un par de obras sobre alquileres sectoriales (de automóviles, de buques), muy pocos ensayos sobre el renting desde el punto de vista sustantivo y ninguno sobre el alquiler de todo tipo de bienes muebles en su conjunto.

Este primer volumen, aborda, desde la perspectiva doctrinal, legislativa y jurisprudencial, el estudio de las instituciones básicas de esta disciplina, las fuentes, actos y contratos administrativos, expropiacion forzosa, responsabilidad administrativa, procedimiento administrativo, recursos administrativos y proceso contencioso- administrativo. La obra se completa con el estudio de las formas tradicionales de la actividad administrativa (policia o limitacion, fomento y servicio publico), que el autor extiende al estudio de la actividad cuasi-judicial de las Administraciones Publicas: la actividad sancionadora y la actividad arbitral. A destacar asimismo la preocupacion pedagogica con que ha sido concebido y redactado este manual INDICE (Resumen): Concepto y fuentes del Derecho administrativo. Los actos y el procedimiento administrativo. Los contratos administrativos. Las formas de la actividad administrativa. La garantia patrimonial del administrado. El sistema garantizador del Derecho administrativo

El régimen jurídico de los empleados públicos (antes y después del Estatuto Básico del Empleado Público), se integra por un conjunto abigarrado de normas legales reglamentarias, fruto de la diferente naturaleza de los numerosos titulos competenciales que operan sobre la funcion publica de los que son titulares del Estado y las Comunidades Autonomas, que otorgan a esta materia un alto grado de complejidad. El Estatuto Basico del Empleado contiene novedades notables, entre las que se puede destacar la evaluacion del desempleo y el tratamiento de la negociacion coletiva que culmina un poseso iniciado en 1987. La mas significativa, sin duda, es la de no haber afrontado ni la unificacion ni la prevision futura de unificacion de los regimenes juridicos de los empleados publicos funcionarios y laborales consagrando una concepcion dual de la funcion publica que, a buen seguro, traera consecuencias desfavorables para el funcionamiento de las administraciones publicas a medio y largo plazo