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Actualmente, la contratación del Sector público alcanza el 16% del Producto Interior Bruto del Estado español. Además, las obras, servicios y suministros más importantes son encargados y adquiridos por las Administraciones publicas. Lo anterior no hace sino poner de manifiesto la importancia de la contratacion publica tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector publico ha inaugurado un nuevo escenario para la contratacion publica merced a las novedades que incorpora al ordenamiento juridico-administrativo: la aparicion de un nuevo contrato administrativo tipico, el de colaboracion entre el sector publico y el sector privado, de nuevas categorias de contratos de las que se hace depender su regimen juridico, los contratos sujetos a regulacion armonizada, un nuevo procedimiento, el dialogo competitivo, un nuevo sistema de garantias que se materializa en la prevision de un recurso especial en materia de contratacion y un cambio en el reparto de la competencia jurisdiccional sobre la materia, la regulacion de las subastas electronicas y los procedimientos de adjudicacion electronicos, o las nuevas cuantias que permiten la utilizacion del contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad son algunas de esas novedades, acompañadas de una revision del ambito de aplicacion subjetivo, y todo ello organizado en torno a una nueva estructura de la norma, no siendo facil el acercamiento a la misma. En este escenario tan importante y tan complejo, nada mas conveniente que conocer la fuente, la esencia de cada uno de los conceptos e instituciones que integran la contratacion publica, para poder y saber moverse en cualquier procedimiento de adjudicacion. Conociendo los aspectos basicos de cada concepto, que obviamente deben completarse con la letra de la norma vigente en cada momento, puede tenerse la garantia de no naufragar en el proceloso mundo de los cont

Agencia de Protección de Datos de la CAM.

Esta 2ª edición incorpora las previsiones que la Ley 7/2007, EBEP y Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, de 5 de junio de 2007, operan en el régimen disciplinario de los empleados públicos, aunque pervive con el régimen anterior en una compleja simbiosis no exenta de problemas interpretativos de calado. Como novedades, se analiza la incorporación de principios del procedimiento disciplinario: Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, Principio de proporcionalidad, Principio de culpabilidad, Principio de presunción de inocencia, además de los ya recogidos en la jurisprudencia. También las nuevas faltas muy graves del art. 95.2º EBEP, más numerosas que las tipificadas en el art. 31 LMRFP de 1984, operándose un incremento en la punibilidad de faltas que con anterioridad estaban calificadas como graves, solamente. Las sanciones se mantienen sin grandes modificaciones aunque se añaden otras distintas: el demérito y el traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia. La prescripción de las faltas y sanciones son igualmente modificadas. Pero destaco la introducción de la denominada «falta continuada», de controvertida operatividad en el ámbito penal, de donde es extraída, y que ahora es incorporada a la función pública. Junto a ello la eficacia de los «hechos probados» de sentencias firmes que vinculan a la Administración Pública, aunque con inconvenientes procesales que son analizados. Se incide especialmente en la ejecución de las sanciones, materia que aún su importancia, no es regulada adecuadamente con significativas lagunas.

Si bien podemos constatar que desde la antigüedad clásica hasta nuestros días el fenómeno escénico ha sido objeto de tratamiento por parte de los poderes públicos en sus facetas de fomento y policía

Esta edición recoge el texto de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que ha derogado la Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, de 27 de marzo de 1989. La citada Ley 42/2007, ademas, ha afectado a la Ley y al Reglamento de Caza. Tambien se incluye parcialmente el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura organica basica de los departamentos ministeriales. Respecto a la anotacion del libro, figuran referencias a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico; Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorologia, y Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre) aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrolla las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. La editorial «Centro de Estudios Financieros», fiel a su costumbre, ha encargado el análisis teórico y práctico de este Re­glamento para que los que tienen que ponerlo en práctica encuentren la solución a los problemas que se les puedan plantear. Para ello, ha seleccionado a tres Inspectoras de Hacienda que, además del estudio teórico que la norma exige, transmiten su experiencia llevada a cabo en sus distintos puestos de trabajo en las áreas de gestión e inspección financiera.

El volumen Legislación política y administrativa de Cantabria, que acaba de publicar Thomson-Aranzadi, es una recopilación seleccionada y sistematizada de la legislación vigente producida por la Comunidad Autonoma de Cantabria desde su puesta en funcionamiento.

El Decreto-Ley que aprueba el texto refundido, ha cumplido correctamente la delegación que en el Gobierno hacia la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo. Sin rebasar sus

La organización de los poderes públicos en general y del administrativo en particular no ha merecido hasta ahora en nuestro Derecho toda la atención que su importancia merece. A pesar de su invocación constante, menor aun es la prestada al poder o la potestad para establecerla, al punto de poder afirmarse que su construccion dogmatica esta verdaderamente por hacer. Este libro pretende recuperar para la organizacion el lugar que merece y, dando cuenta de las razones que la han determinado, contribuir a la superacion de la expresada situacion. El poder de organizacion de las estructuras publicas y sus procesos decisionales y de accion, asi como la organizacion misma y su funcionamiento constituyen sin duda aspectos centrales de la configuracion y la dinamica del Estado. La organizacion es, en efecto y al mismo tiempo, presupuesto y posibilitacion del desarrollo y cumplimiento de las actividades estatales. Por razones obvias, el Estado no es otra cosa que organizacion y solo puede actuar por intermedio de ella. De ahi, justamente, la estrecha relacion funcional, que no competencial, entre, de un lado, responsabilidad, funcion o tarea estatal y, de otro, potestad-actividad de organizacion. Pues no solo la organizacion condiciona la actividad material, sino que esta induce necesariamente, a su vez y en su asuncion y desarrollo, consecuencias organizativas. En particular, y por lo que hace a la funcion ejecutiva, ello significa, sencillamente, que alli donde haya un cometido, una actividad gubernativo-administrativa, ha de haber necesariamente tambien, en la medida necesaria, potestad organizatoria. Sobre la base de su evolucion historica y tomando como referencia principal el Derecho continental europeo el aleman- en que, por razones historicas, mayor atencion teorica se le ha brindado, este trabajo aborda el encuadramiento de la potestad organizatoria en el orden de los poderes constituidos, el contenido y alcance de las dete

La presente edición ofrece el texto actualizado del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores (BOE n.º 135, de 6 de junio de 1997; corrección de errores en BOE n.º 227, de 22 de septiembre), con las modificaciones introducidas por los Reales Decretos 64/2008, de 25 de enero, y 1.430/2008, de 29 de agosto, que afectan a varios de sus artículos y a dos anexos, y por la Orden INT/2.373/2008, de 31 de julio, que altera el anexo VII, todo ello con el objeto de reforzar los requisitos exigidos para obtener tanto la licencia de conducción de ciclomotores como el permiso de conducción de motocicletas. Como normativa complementaria se incluye la siguiente: • Orden de 29 de julio de 1981, por la que se regula la licencia de aprendizaje de la conducción. • Orden de 18 de junio de 1998, por la que se regulan los cursos de formación para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de formación que podrán impartirlos. • Orden de 4 de diciembre de 2000, por la que se desarrolla el Capítulo III del Título II. • Orden INT/2.596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción. Los textos se acompañan de notas a pie de página con correspondencias, información complementaria, textos de los artículos de otras disposiciones mencionadas, referencias internas...

El Anuario de la Competencia 2007 forma parte de una colección iniciada en el año 1996 y que tiene su continuidad en los años posteriores. El Anuario de la Competencia cumple esencialmente dos objetivos: promover el debate y la reflexion sobre la competencia tanto desde una vertiente economica como juridica, y servir a todos los que por distintos motivos se acercan a la libre competencia como fuente de informacion periodica y actualizada. Para la consecucion de estos objetivos, el Anuario recoge aportaciones de destacados especialistas que analizan cuestiones importantes para el desarrollo de la competencia que han sido relevantes en el año 2007, comentarios de casos concretos dictados en este año y cronicas acerca de la evolucion de esta problematica en distintos paises. Asimismo, el Anuario reconoce de forma ordenada y sistematica los datos relativos a la actividad de los distintos organos administrativos y judiciales que aplican el Derecho de la competencia, tanto en España como en la Union Europea, da cuenta de las novedades normativas aparecidas en el año 2007, reproduce documentos de especial relevancia emitidos en dicho ejercicio, de las publicaciones editadas sobre la materia y de direcciones de internet significativas por su utilidad

Saz Cordero, Silvia delLas medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo: clases de medidas cautelares y criterios para su adopción en las distintas modalidades del recurso contencioso-administrativo ( / Mariano Bacigalupo Sagesse ). Taking facts seriously ( / David Blanquer Criado ). La admision del recurso de casacion en el ambito del proceso contencioso-administrativo (Juan Jose Gonzalez Rivas ). La accion publica en el proceso contencioso-administrativo (Wenceslao Francisco Olea Godoy ). Inactividad y via de hecho ( Carlos Yañez Diaz).

Este Código recoge toda la normativa vigente, tanto estatal, como autonómica, en materia de Caza y Pesca Fluvial. La Constitución Española, en su artículo 148.1.11.ª, establece la posibilidad de que las Comunidades Autonomas asuman competencias en materia de caza y pesca fluvial. Estas, a su vez, han asumido dichas competencias exclusivas, en el ambito de sus territorios, a traves de sus Estatutos de Autonomia. Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias citadas se procedio a efectuar los traspasos de funciones y servicios correspondientes en materia de conservacion de la naturaleza, entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con la caza y la pesca.La mayoria de las Comunidades Autonomas ya han promulgado leyes de caza y de pesca fluvial y sus Reglamentos de desarrollo.Ademas, se facilita la busqueda de la informacion a traves de un completo indice analitico. La obra se complementa con un practico CDROM.

La regulación jurídica de la contaminación acústica ha recibido una especial atención en la doctrina española, sobre todo desde la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, que se dicto en transposicion de la Directiva 2002/49//CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002. Hasta la probacion en 1996 del Libro Verde sobre la futura politica comunitaria del ruido, las iniciativas normativas sobre la materia consistian en regulaciones fraccionadas en diversas directivas que regulaban los niveles de ruido permitidos en la fabricacion de distintos productos destinados al comercio intracomunitario. Algunas de las propuestas planteadas en dicho documento como el intercambio de informacion, la elaboracion de un cartografiado del ruido o la informacion al publico, sirvieron de base para la aprobacion de la mencionada Directiva mediante la que se persigue crear un marco comun europeo para la evaluacion del ruido, en orden a lograr una accion mas efectiva.

Carreras Maraña, Juan Miguel. La impugnación de los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios es el tema elegido para el presente Cuaderno de Jurisprudencia al Detalle, en el que se tratan de forma principal las cuestiones sobre la legitimacion, el plazo y los requisitos. En cuanto a las personas legitimadas para poder interponer la impugnacion, hemos separado los supuestos en los que quien impugna tiene la cualidad de propietario "como puede ser el comunero que no asiste a la Junta, el que tiene deudas con la Comunidad o el nuevo titular", de aquellos otros en los que la impugnacion viene interpuesta por un tercero que no es titular, entre los que se encuentran los arrendatarios y usufructuarios. Seguidamente, la cuestion estudiada versa sobre el plazo con el que se cuenta para la impugnacion. El primer apartado esta dedicado al computo, es decir, el momento desde el que empieza a correr, si es posible que se produzca su interrupcion, asi como si hay que computar los dias inhabiles. A continuacion hemos diferenciado cuando estamos ante acuerdos contrarios a la Ley o los Estatutos, donde el plazo de impugnacion es de un año, de aquellos casos en los que el plazo se reduce a tres meses por no darse la circunstancia de contravenir la Ley o los Estatutos. Como punto final, tratamos los dos requisitos con los que debe contar el propietario que decide acudir a la via judicial para la impugnacion. El primero es la necesidad de haber salvado el voto: que se entiende por salvar el voto, si es necesario que se haga de forma expresa o basta con que se vote en contra, y si es suficiente con abstenerse. El segundo, la exigencia de estar al corriente de pago o haber consignado las deudas vencidas con la Comunidad, si es posible la subsanacion de este requisito, en que casos no es necesario pagar o consignar, asi como que sucede cuando se es deudor en el instante de interponer la demanda pero se procede al abono en un momento posterior.

Prol. Diego de menbiela Amor. Acompaña CD-ROM. Tras la aceptación de la anterior edición, el autor ha preparado esta 4ª sistematizando los nuevos Acuerdos de la Comisión Superior de Personal dictados tras la entrada en vigor del Estatuto Basico del Empleado Publico, Ley 7/2007, en los cuales se aprecia una evolucion interpretativa muy sugestiva. Se actualiza el estudio con nueva legislacion dictada: Ley 2/2008, de 23 de diciembre, Orden APU/3039/2008, de 22 octubre, Orden TIN/1540/2008, de 30 mayo 2008, Resolucion de 28 de noviembre de 2008 y El RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones economicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural entre otras. Por su interes, se recoge legislacion dictada por diferentes CCAA tras el EBEP, Ley 7/2007, en materia de permisos y licencias de los empleados publicos. Y un elenco importante de sentencias de tribunales. Se incluye un repertorio de dictamenes de la Direccion General de Tributos que complementa el contenido de la obra. En definitiva, nos hallamos ante una obra amplia, en cuanto a las fuentes documentales empleadas, con un tratamiento riguroso en su estudio y ordenacion que pretende paliar vacios normativos e interpretaciones insuficientes que siempre concurren cuando se trata de una materia como la que constituye el objeto de estudio de este volumen. La obra esta dirigida, como el resto de la coleccion, a las organizaciones publicas, sindicatos y tecnicos en Derecho como referencia y ayuda para resolver las controversias juridicas y gestoras que puedan encontrarse en la Administracion profesional.

Completo estudio de la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico en que consiste el Presupuesto de las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquéllas. La obra se estructura en dos partes: En la primera, se analiza el concepto y finalidad del Presupuesto, sus principios (Estabilidad Presupuestaria, conforme al RD 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria), el procedimiento de elaboración y aprobación, su régimen de impugnación, los créditos y sus modificaciones y la ejecución y liquidación del presupuesto, con numerosas y cuidadosamente seleccionadas referencias jurisprudenciales. La segunda parte, recoge la normativa reguladora de la estructura del Presupuesto, tanto la Orden de 20 de Septiembre de 1989, que aunque derogada, se aplica transitoriamente al Presupuesto correspondiente a ejercicios iniciados antes del 1 de Enero de 2010, como la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, de aplicación a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes. Se incorpora también a esta segunda parte, la normativa reguladora del Presupuesto y su estructura en Navarra y País Vasco.