Libros de derecho administrativo, página 58 de 574

La organización de los poderes públicos en general y del administrativo en particular no ha merecido hasta ahora en nuestro Derecho toda la atención que su importancia merece. A pesar de su invocación constante, menor aun es la prestada al poder o la potestad para establecerla, al punto de poder afirmarse que su construccion dogmatica esta verdaderamente por hacer. Este libro pretende recuperar para la organizacion el lugar que merece y, dando cuenta de las razones que la han determinado, contribuir a la superacion de la expresada situacion. El poder de organizacion de las estructuras publicas y sus procesos decisionales y de accion, asi como la organizacion misma y su funcionamiento constituyen sin duda aspectos centrales de la configuracion y la dinamica del Estado. La organizacion es, en efecto y al mismo tiempo, presupuesto y posibilitacion del desarrollo y cumplimiento de las actividades estatales. Por razones obvias, el Estado no es otra cosa que organizacion y solo puede actuar por intermedio de ella. De ahi, justamente, la estrecha relacion funcional, que no competencial, entre, de un lado, responsabilidad, funcion o tarea estatal y, de otro, potestad-actividad de organizacion. Pues no solo la organizacion condiciona la actividad material, sino que esta induce necesariamente, a su vez y en su asuncion y desarrollo, consecuencias organizativas. En particular, y por lo que hace a la funcion ejecutiva, ello significa, sencillamente, que alli donde haya un cometido, una actividad gubernativo-administrativa, ha de haber necesariamente tambien, en la medida necesaria, potestad organizatoria. Sobre la base de su evolucion historica y tomando como referencia principal el Derecho continental europeo el aleman- en que, por razones historicas, mayor atencion teorica se le ha brindado, este trabajo aborda el encuadramiento de la potestad organizatoria en el orden de los poderes constituidos, el contenido y alcance de las dete

La presente edición ofrece el texto actualizado del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores (BOE n.º 135, de 6 de junio de 1997; corrección de errores en BOE n.º 227, de 22 de septiembre), con las modificaciones introducidas por los Reales Decretos 64/2008, de 25 de enero, y 1.430/2008, de 29 de agosto, que afectan a varios de sus artículos y a dos anexos, y por la Orden INT/2.373/2008, de 31 de julio, que altera el anexo VII, todo ello con el objeto de reforzar los requisitos exigidos para obtener tanto la licencia de conducción de ciclomotores como el permiso de conducción de motocicletas. Como normativa complementaria se incluye la siguiente: • Orden de 29 de julio de 1981, por la que se regula la licencia de aprendizaje de la conducción. • Orden de 18 de junio de 1998, por la que se regulan los cursos de formación para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de formación que podrán impartirlos. • Orden de 4 de diciembre de 2000, por la que se desarrolla el Capítulo III del Título II. • Orden INT/2.596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción. Los textos se acompañan de notas a pie de página con correspondencias, información complementaria, textos de los artículos de otras disposiciones mencionadas, referencias internas...

El Anuario de la Competencia 2007 forma parte de una colección iniciada en el año 1996 y que tiene su continuidad en los años posteriores. El Anuario de la Competencia cumple esencialmente dos objetivos: promover el debate y la reflexion sobre la competencia tanto desde una vertiente economica como juridica, y servir a todos los que por distintos motivos se acercan a la libre competencia como fuente de informacion periodica y actualizada. Para la consecucion de estos objetivos, el Anuario recoge aportaciones de destacados especialistas que analizan cuestiones importantes para el desarrollo de la competencia que han sido relevantes en el año 2007, comentarios de casos concretos dictados en este año y cronicas acerca de la evolucion de esta problematica en distintos paises. Asimismo, el Anuario reconoce de forma ordenada y sistematica los datos relativos a la actividad de los distintos organos administrativos y judiciales que aplican el Derecho de la competencia, tanto en España como en la Union Europea, da cuenta de las novedades normativas aparecidas en el año 2007, reproduce documentos de especial relevancia emitidos en dicho ejercicio, de las publicaciones editadas sobre la materia y de direcciones de internet significativas por su utilidad

Saz Cordero, Silvia delLas medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo: clases de medidas cautelares y criterios para su adopción en las distintas modalidades del recurso contencioso-administrativo ( / Mariano Bacigalupo Sagesse ). Taking facts seriously ( / David Blanquer Criado ). La admision del recurso de casacion en el ambito del proceso contencioso-administrativo (Juan Jose Gonzalez Rivas ). La accion publica en el proceso contencioso-administrativo (Wenceslao Francisco Olea Godoy ). Inactividad y via de hecho ( Carlos Yañez Diaz).

Este Código recoge toda la normativa vigente, tanto estatal, como autonómica, en materia de Caza y Pesca Fluvial. La Constitución Española, en su artículo 148.1.11.ª, establece la posibilidad de que las Comunidades Autonomas asuman competencias en materia de caza y pesca fluvial. Estas, a su vez, han asumido dichas competencias exclusivas, en el ambito de sus territorios, a traves de sus Estatutos de Autonomia. Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias citadas se procedio a efectuar los traspasos de funciones y servicios correspondientes en materia de conservacion de la naturaleza, entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con la caza y la pesca.La mayoria de las Comunidades Autonomas ya han promulgado leyes de caza y de pesca fluvial y sus Reglamentos de desarrollo.Ademas, se facilita la busqueda de la informacion a traves de un completo indice analitico. La obra se complementa con un practico CDROM.

La regulación jurídica de la contaminación acústica ha recibido una especial atención en la doctrina española, sobre todo desde la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, que se dicto en transposicion de la Directiva 2002/49//CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002. Hasta la probacion en 1996 del Libro Verde sobre la futura politica comunitaria del ruido, las iniciativas normativas sobre la materia consistian en regulaciones fraccionadas en diversas directivas que regulaban los niveles de ruido permitidos en la fabricacion de distintos productos destinados al comercio intracomunitario. Algunas de las propuestas planteadas en dicho documento como el intercambio de informacion, la elaboracion de un cartografiado del ruido o la informacion al publico, sirvieron de base para la aprobacion de la mencionada Directiva mediante la que se persigue crear un marco comun europeo para la evaluacion del ruido, en orden a lograr una accion mas efectiva.

Carreras Maraña, Juan Miguel. La impugnación de los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios es el tema elegido para el presente Cuaderno de Jurisprudencia al Detalle, en el que se tratan de forma principal las cuestiones sobre la legitimacion, el plazo y los requisitos. En cuanto a las personas legitimadas para poder interponer la impugnacion, hemos separado los supuestos en los que quien impugna tiene la cualidad de propietario "como puede ser el comunero que no asiste a la Junta, el que tiene deudas con la Comunidad o el nuevo titular", de aquellos otros en los que la impugnacion viene interpuesta por un tercero que no es titular, entre los que se encuentran los arrendatarios y usufructuarios. Seguidamente, la cuestion estudiada versa sobre el plazo con el que se cuenta para la impugnacion. El primer apartado esta dedicado al computo, es decir, el momento desde el que empieza a correr, si es posible que se produzca su interrupcion, asi como si hay que computar los dias inhabiles. A continuacion hemos diferenciado cuando estamos ante acuerdos contrarios a la Ley o los Estatutos, donde el plazo de impugnacion es de un año, de aquellos casos en los que el plazo se reduce a tres meses por no darse la circunstancia de contravenir la Ley o los Estatutos. Como punto final, tratamos los dos requisitos con los que debe contar el propietario que decide acudir a la via judicial para la impugnacion. El primero es la necesidad de haber salvado el voto: que se entiende por salvar el voto, si es necesario que se haga de forma expresa o basta con que se vote en contra, y si es suficiente con abstenerse. El segundo, la exigencia de estar al corriente de pago o haber consignado las deudas vencidas con la Comunidad, si es posible la subsanacion de este requisito, en que casos no es necesario pagar o consignar, asi como que sucede cuando se es deudor en el instante de interponer la demanda pero se procede al abono en un momento posterior.

Prol. Diego de menbiela Amor. Acompaña CD-ROM. Tras la aceptación de la anterior edición, el autor ha preparado esta 4ª sistematizando los nuevos Acuerdos de la Comisión Superior de Personal dictados tras la entrada en vigor del Estatuto Basico del Empleado Publico, Ley 7/2007, en los cuales se aprecia una evolucion interpretativa muy sugestiva. Se actualiza el estudio con nueva legislacion dictada: Ley 2/2008, de 23 de diciembre, Orden APU/3039/2008, de 22 octubre, Orden TIN/1540/2008, de 30 mayo 2008, Resolucion de 28 de noviembre de 2008 y El RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones economicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural entre otras. Por su interes, se recoge legislacion dictada por diferentes CCAA tras el EBEP, Ley 7/2007, en materia de permisos y licencias de los empleados publicos. Y un elenco importante de sentencias de tribunales. Se incluye un repertorio de dictamenes de la Direccion General de Tributos que complementa el contenido de la obra. En definitiva, nos hallamos ante una obra amplia, en cuanto a las fuentes documentales empleadas, con un tratamiento riguroso en su estudio y ordenacion que pretende paliar vacios normativos e interpretaciones insuficientes que siempre concurren cuando se trata de una materia como la que constituye el objeto de estudio de este volumen. La obra esta dirigida, como el resto de la coleccion, a las organizaciones publicas, sindicatos y tecnicos en Derecho como referencia y ayuda para resolver las controversias juridicas y gestoras que puedan encontrarse en la Administracion profesional.

Completo estudio de la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico en que consiste el Presupuesto de las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquéllas. La obra se estructura en dos partes: En la primera, se analiza el concepto y finalidad del Presupuesto, sus principios (Estabilidad Presupuestaria, conforme al RD 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria), el procedimiento de elaboración y aprobación, su régimen de impugnación, los créditos y sus modificaciones y la ejecución y liquidación del presupuesto, con numerosas y cuidadosamente seleccionadas referencias jurisprudenciales. La segunda parte, recoge la normativa reguladora de la estructura del Presupuesto, tanto la Orden de 20 de Septiembre de 1989, que aunque derogada, se aplica transitoriamente al Presupuesto correspondiente a ejercicios iniciados antes del 1 de Enero de 2010, como la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, de aplicación a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes. Se incorpora también a esta segunda parte, la normativa reguladora del Presupuesto y su estructura en Navarra y País Vasco.

Supone una determinación absolutamente necesaria de los procedimientos de adjudicación del contrato administrativo de suministro. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicación del citado contrato desde los puntos de vista de la Administración y de los licitadores. La LCSP supone una innovación de gran calado en el sistema administrativo, y ello por varias razones, entre ellas por la ampliación del concepto de sector público, en consonancia con la LGP, y por la introducción de nuevas formas de contratación que suponen una perspectiva más próxima a una contratación privada. En los casos de suministros, al establecerse de forma clara el procedimiento de Acuerdo Marco como el sistema esencial de contratación de los suministros corrientes.

La ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas introduce, como novedad importante, la obligación de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de titularidad publica, sin distincion en cuanto a la demanialidad o patrimonialidad de los mismos, asi como los actos y contratos referidos a ellos. En esta obra se estudia el regimen registral de los bienes publicos a partir de la citada ley, analizando, por un lado, las cuestiones que se plantean en torno al significado, finalidad y alcance de la obligatoriedad de la inscripcion, y por otro, cada uno de los titulos que tienen acceso al registro de la propiedad, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en la legislacion hipotecaria y en las distintas disposiciones especiales que regulan el regimen juridico de determinados bienes publicos.

Los autores de esta obra, con rigor y exhaustividad, analizan el articulado del Texto refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo nº 2/2008, de 20 de junio), así como la jurisprudencia que pudiera ser de aplicación a los preceptos en dicho cuerpo normativo contenidos, aportando su propia visión fundada, proporcionando unos comentarios detallados de cada precepto, desde la óptica de la ayuda al empleo y aplicación efectiva del texto normativo, que sea de provecho tanto para las distintas Adminsitraciones (territoriales y de Justicia) como para apoyo a la docencia universitaria, o a los profesionales y promotores que se dedican a este campo.

En esta edición se presentan, pormenorizadamente expuestos, los casi cuarenta trámites que hay que realizar ante las autoridades de Tráfico con referencia a las gestiones relacionadas con los conductores y con los vehiculos. Tras el correspondiente esquema detallado, se ofrece la legislacion aplicable, actualizada y anotada. Asi, con rapidez y claridad, es posible averiguar los distintos requisitos y gestiones necesarias en lo que se refiere a: Tramites para conductores: expedicion de permisos y licencias de conduccion; prorroga de la vigencia de los mismos; duplicados; permisos internacionales; conductores de vehiculos que realicen transporte escolar o de menores y de materias peligrosas; canje de permisos extranjeros, diplomaticos o expedidos por autoridad militar o policial. Tramites para vehiculos: baja temporal o definitiva; rehabilitacion; alta tras baja temporal; matriculacion ordinaria o en circunstancias especiales (vehiculos nuevos y usados, españoles y extranjeros, etc.); solicitud de nueva matricula; ciclomotores; matricula turistica; placas verdes; prorroga de permisos; duplicados; renovaciones; transferencias; notificaciones de transmision; inspeccion tecnica de vehiculos. Anexos de los Reglamentos de Circulacion, de Conductores y de Vehiculos relacionados con las tramitaciones. Tasas actualizadas, con efectos desde el 1 de enero de 2009. Un li (continua...)

Existe un principio general de responsabilidad extracontractual de los Estados que les obliga a reparar los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de su indebida o ilícita actuación, del que no está excluido el Poder Legislativo, cuando incumple las obligaciones que le impone la Constitución o el Derecho comunitario. La ausencia o la indebida actuación del Estado a través de su Poder Legislativo debe provocar también, de forma general, el correlativo derecho de los ciudadanos afectados a obtener la correspondiente reparación. El presente trabajo no sólo estudia exhaustivamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a los efectos de concretar las consecuencias que para el ciudadano tiene tanto la declaración de inconstitucionalidad como de contradicción con el Derecho comunitario de una norma legal, sino que analiza de forma detallada cada una de las vías de recurso que el ordenamiento jurídico español pone a su disposición a tal fin: la acción de responsabilidad patrimonial, la revisión de actos nulos, la revocación de actos, la devolución de ingresos indebidos, el recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa, el recurso contencioso-administrativo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

4ª ed., 2009. La presente edición ofrece los textos, actualizados y profusamente anotados, de la siguiente normativa: • Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con todas sus modificaciones introducidas y que sigue en vigor hasta el 30 de abril de 2008. • Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley. • Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el 30 de abril de 2008 en sustitución del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. • Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, también con entrada en vigor general a los seis meses de su publicación y que sustituye a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre. • Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que en su día afectó a cincuenta y ocho artículos del Texto Refundido. Se incluyen, entre otras, las Órdenes EHA/1.049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, y EHA/1.220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del Estado, así como las Di (continúa...)

Este manual de derecho de la información viene de la mano de la autora, con la finalidad de facilitar a los estudiantes y profesionales de los medios de comunicación, así como, a los juristas, una aproximacion a los temas que configuran la reciente ciencia del Derecho de la Informacion. El libro no es solo una guia que nos adentra en el complicado mundo de la regulacion de los derechos fundamentales y la comunicacion en sus diferentes facetas; sino, que tambien se enfoca como un manual practico en el que se puede encontrar solucion a las dudas de interpretacion respecto a los derechos fundamentales y los limites a estos derechos, temas de gran actualidad como la injerencia de las nuevas tecnologias en el derecho a la intimidad que estan en la mesa de todos los Juzgados. Un buen profesional de los medios de comunicacion sera aquel que conozca sus derechos y sus limitaciones.

El presente trabajo tiene, exclusivamente, una finalidad práctica. Esta pensando en clave de usuarios, de aquellos que se aproximan a la contratación del Sector Público y quieren conocer algunas pautas para realizar tramites concretos de los que componen el procedimiento de contratacion. A tal fin se ha diseñado una serie de formularios que se corresponden con los tramites esenciales que componen aquel y hemos introducido en cada uno de ellos las referencias normativas y jurisprudenciales o de los organos de consulta en materia de contratacion administrativa que si considera que pueden orientar de una forma definitiva la realizacion del correspondiente tramite. De esta forma se consigue tener un conocimiento certero sobre la forma de practicar el correspondiente tramite y de los problemas interpretativos que, en su caso, se han planteado. Se trata, por tanto, de una obra pensada y concebida par ser util y para contribuir a que los operadores y los usuarios de la misma encuentren en ella un instrumento auxiliar que les ayude en su labor

La industria al servicio de la defensa ha estado rodeada, históricamente, de una serie de singularidades notables que, en unos casos, han ido unidas al control público de su gestión y, en otros, al establecimiento de un fuerte sistema de intervención administrativa en razón al interés público que subyace en la misma. En el momento actual una industria vinculada al intereses público situada en el marco de una economía globalizada presenta, todavía, un régimen jurídico específico que se proyecta sobre un conjunto de normas dispersas en el Ordenamiento Jurídico y que afectan al régimen de su producción, a la contratación administrativa pública, a su incidencia medio-ambiental, a la función de policía sobre las armas y explosivos, o, incluso, a la utilización de los documentos afectos a la industria de la defensa en el marco de la actuación jurisdiccional. Este régimen jurídico se proyecta, igualmente, sobre una serie de consideraciones en relación con las formas y las reglas de fabricación y de actuación y comercialización de los productos que utiliza la defensa y de la industria que los suministra. El Libro trata de establecer una visión general y conjunta del Ordenamiento Jurídico en el tema de la industria al servicio de la Defensa. Esta realizado desde una visión pluridisciplinar que arranca con un planteamiento histórico y se proyecta sobre la actuación administrativa sectorial en materia de contratos, medio-ambiente, seguridad pública y acción administrativa en materia urbanística y de ordenación del territorio. Se configura así, con este planteamiento plurisdisciplinar, una formulación general de las peculiaridades que tiene la industria al servicio de la Defensa y de los intereses de la misma.