Libros de derecho administrativo, página 63 de 574

Edición de Piñar Mañas, J.L. y Vera Jurado, D.J., 3ª ed., 2011. Esta nueva edición del «Estatuto Básico del Empleado Público», aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, recoge el texto completo de

Algunos de los conceptos más sobresalientes del Derecho administrativo contemporáneo se configuraron a partir de las cuestiones que suscitó la implantación del servicio público de suministro de gas y la pugna entre el gas y la electricidad. La mutabilidad de los contratos administrativos o la teoría de la imprevisión son instituciones trascendentales que se acrisolaron a partir de decisiones adoptadas por el Consejo de Estado francés, en los asuntos Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, de 1902, y Gaz de Bordeaux, de 1916, respectivamente. El gas natural fue, en la revolución industrial, una palanca para la metamorfosis de algunas categorías jurídico-públicas. Agostado el modelo jurídico, político e institucional, progresivamente implantado a raíz de la segunda guerra mundial, cuando el suministro de gas se organizó alrededor de monopolios públicos territoriales, el gas natural ha sido, a partir de 1986, un sector sometido a las reformas que han conducido a la redefinición del papel del poder público en la economía. El Estado abandona su papel como operador o agente del mercado y se convierte en árbitro o regulador e impulsor de medidas favorecedoras de la competencia. A ese paradigma responde este Tratado de Derecho del gas natural, cuya estructura es similar a la del edificio regulatorio construido en España a partir de la Ley de Hidrocarburos de 1998, con el renovado impulso de las normas europeas aprobadas en 2009. Existe un grupo normativo complejo sobre las cuestiones implicadas en el suministro de gas a los consumidores, que es aquí sistematizado y analizado.

El volumen IV dedicado a la actividad administrativa, estudia los actos administrativos, los contratos del sector público, las formas de la actuación administrativa y las sanciones administrativas.

El estudio del Derecho municipal vigente en España se ha complicado extraordinariamente en los años que van transcurridos desde que apareció la primera edición de este Tratado, a poco de publicarse la Ley reguladora de las bases de régimen local de 1985. No solo su puesta al día, sino la necesidad de replantear la sistemática, el contenido de los estudios y la ampliación de las materias objeto de análisis, justifican en conjunto que hayamos acometido la preparación de esta tercera edición.La presente edición del Tratado de Derecho Municipal se diferencia de las anteriores por la notable ampliación de su contenido y enriquecimiento de su temática. En todos los estudios que forman parte del Tratado se ha convertido en imprescindible el tratamiento de las especialidades establecidas en la legislación autonómica o en normas estatales que han fijado privilegios o habilitado particularidades para algunos tipos de municipios o entidades de naturaleza local.PLAN GENERAL DE LA OBRATOMO IIPRINCIPIOS GENERALES DE ORDENACIONDEL REGIMEN LOCAL ESPAÑOLLa autonomía local en la Constitución españolaLUCIANO PAREJO ALFONSOCatedrático de Derecho AdministrativoLos principios del régimen localFRANCISCO SOSA WAGNERCatedrático de Derecho Administrativo El régimen local en los nuevos Estatutos de AutonomíaLUIS ORTEGA ALVAREZCatedrático de Derecho Administrativo..CONTINÚA

Las Administraciones Públicas no siempre deciden y disponen unilateralmente dictando actos y reglamentos. Cada vez con más frecuencia el Ordenamiento Jurídico prevé y admite cauces convencionales, negociados, para que Administraciones Publicas y ciudadanos configuren conjuntamente sus relaciones juridicas (convenios expropiatorios, convenios urbanisticos, transacciones administrativas, Pactos y Acuerdos en materia de funcion publica, actas con acuerdo y actas de conformidad en materia tributaria...) Sistematizar esas figuras "negociadas" y explicar su regimen juridico (especialmente de aquellas cuya finalidad es evitar o poner fin a conflictos) es la principal finalidad de esta monografia, cuya tercera edicion, actualizada y ampliada, se ofrece ahora tras la buena acogida dispensada a las dos primeras (2001 y 2004). El trabajo dedicado a esta tercera entrega se ha centrado en dos aspectos. Uno, procesar e incorporar seis años de nuevas normas, sentencias, dictamenes y trabajos academicos sobre los temas objetos de estudio. Especial importancia tiene la evolucion del derecho positivo (europeo, estatal y autonomico), valgan a titulo de ejemplo, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, el Estatuto Basico del Empleado Publico; o el Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por RDLeg 2/2008, de 20 de junio o la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Y, dos, aprovechar la oportunidad para sumar nuevos contenidos; en concreto, se incorporan al libro sendos estudios sobre la clasificacion y regimen juridico de convenios interadministrativos y convenios urbanisticos.

El Tribunal de Cuentas tiene constitucionalmente atribuida la función jurisdiccional, que consiste en el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos publicos. Esta funcion de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia contable, constituye el ejercicio de una funcion jurisdiccional plena y exclusiva, en un proceso especial por razon de la materia. La declaracion de responsabilidad contable, que es una responsabilidad patrimonial que tiene por objeto el reintegro del daño ocasionado, exige que concurran los siguientes requisitos: a) Que se trate de una accion u omision atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos publicos; b) Que se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos publicos; c) Que suponga una vulneracion de la normativa presupuestaria y contable reguladora del sector publico de que se trate; d) Que concurra dolo, culpa o negligencia grave; e) Que el menoscabo sea efectivo e individualizado y evaluable economicamente; y f) Que exista una relacion de causalidad entre la accion u omision de referencia y el daño efectivamente producido. La obra analiza de forma exhaustiva, cada uno de estos requisitos para la exigencia de tales responsabilidades

Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico que, en esta quinta edición, aporta como principal novedad la transformación que sobre la intervencion administrativa limitativa supone la nueva Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Con esta Ley, la tradicional autorizacion administrativa que permitia el comienzo de la actividad turistica por parte del agente turistico correspondiente, se ha visto sustituida por una mera comunicacion o declaracion responsable del interesado. Lo cual, quiza lejos de traducirse en una mayor simplificacion de la tramitacion para el agente, va a implicar una mayor responsabilidad por su parte. De otro lado, la crisis economica que afecta, como no, al sector turistico, ha llevado a las diferentes Comunidades Autonomas a buscar formulas imaginativas de fomento y promocion del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervencion del fomento administrativo turistico en cada Comunidad. Asimismo la Union Europea, por la via de su titulo competencial en transportes intracomunitarios y consumo, ha legislado sobre estas materias, afectando de forma esencial al sector turistico, sobre todo reconociendo mayores garantias y derechos a los usuarios turisticos. Todo ello, de alguna forma, traspasa a los diferentes agentes turisticos, en sus modalidades de oferta (alojativa, de mediacion, de restauracion o profesional), haciendo realmente transversal cualquier modificacion en el sector e incluso de fuera del sector pero con incidencia indirecta sobre el, como es el sector del transporte o del consumo.

Eds. Francesc de Carreras Serra, Juan Carlos Gavara de Cara.

El tratamiento masivo de información relativa a las personas físicas que el actual estado de la tecnología permite realizar, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en el ámbito de la empresa privada, confiere una especial relevancia a la legislación existente en materia de protección datos. De esta manera, resulta necesario regular el uso de la informática y las nuevas tecnologías para evitar que con su utilización se lleven a cabo vulneraciones de los derechos y libertades de las personas.

Esta segunda edición del código de Responsabilidad patrimonial es un libro nuevo, que recoge todas las novedades jurisprudenciales y legales acaecidas durantes estos últimos años. Se trata de un Código transversal, que se ocupa de la institucion de las Responsabilidad patrimonial del Estado desde la perspectiva de interconexion de ordenamientos, de tal suerte que tiene en su primera parte acogida los Tratados comunitarios (Tratado de Lisboa) con la correspondiente anotacion de la jurisprudencia del Tribunal de la Union europea, asi como la referencia a la nueva forma de Responsabilidad patrimonial como es la que dimana del Art. 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre satisfaccion equitativa. Esa interconexion de ordenamientos se hace patente con la profusa atencion a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal supremo referida a la Responsabilidad del Estado legislador Consta de tres partes. En la primera de ellas, junto a la jurisprudencia del TJUE y TEDH, esta anotada la nueva regulacion contenida en apartado 5 del art. 139 de la Ley 30/1992, introducida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislacion procesal para la implantacion de la nueva oficina judicial, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en recurso de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad, en que incurra el TC. Ello ha aconsejado en esta edicion incorporar un amplio elenco de la jurisprudencia en materia de dilaciones indebidas. La segunda sobre Responsabilidad de las Administraciones Publicas contiene un amplio resumen de la jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial recaida sobre todo tipo de administraciones (Estatal, local y autonomica) y de los organos constitucionales del Estado y de relevancia constitucional como el Defensor del pueblo. Tambien contiene como novedad frente a la edicion anterior, un amplio resumen de la jurisprudencia recaida en materia sanitaria y educativa, asi como la respuesta jurisprudencial a la unidad de fuero consagrada en la LJCA/98. La Tercera se ocupa de la Responsabilidad de la Administracion de Justicia y de la disciplinaria de jueces y magistrados, incorporando todas la jurisprudencia hasta abril de 2010. Contiene tambien un exhaustivo apendice legal, donde se detallan las ultimas novedades legales, como la contemplada en Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo, cuyo articulo 45.6 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuacion de los organos de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Obra que conjuga el rigor con el tratamiento practico de la numerosa jurisprudencia recaida en materia de Responsabilidad patrimonial del Estado. En un solo tomo toda la jurisprudencia seleccionada sobre las diversas variantes de la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Lleva incorporado CD ROM a texto completo asi como comodos indices que ayudan a encontrar facilmente la jurisprudencia buscada. Obra imprescindibles para Abogados, Jueces, profesores, Funcionarios y Gestores de todas las Administraciones Publicas.

El presente título de la colección analiza la Ley de Contratos del Sector Público como instrumento que arbitra modelos de relación entre contratistas y contratantes. Se dedica una parte importante de la obra a conceptuar y delimitar quien puede ser contratista, como elemento indispensable en cualquier contrato administrativo y todo ello a la luz de la doctrina que emana de las Juntas Consultivas de Contratacion Administrativa y de la Jurisprudencia, en especial la comunitaria. Se analiza, en definitiva, el contrato de concesion de obra publica como instrumento esencial que da cobertura legal a las infraestructuras publicas en el siglo XXI.

El libro pone de relieve la falta de visión de conjunto y el abandono de la regulación de la participación de los animales en el deporte. Este hecho es, por sí solo, justificador de la utilidad del libro. Pero esta utilidad se convierte en tangible cuando se analiza el ultimo de los capitulos. Se refiere al dopaje de los animales en el ambito de la actividad deportiva.En este punto conviene recordar que la Disposicion Final Primera de la Ley Organica 7/2006, de 21 de noviembre, de Proteccion de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte contiene una obligacion -hasta ahora incumplida- cuando indica que ...El Gobierno elaborara y remitira a las Cortes Generales un proyecto de ley por el que se adapte el regimen de obligaciones y controles que se contienen en esta Ley a los animales que participen en competiciones de ambito estatal.

Edición de Cano Campos, T., 17ª ed., 2010. Esta 17.ª edición recoge de forma actualizada la normativa en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, incluida la regulación del carne por puntos y la reciente reforma del Codigo Penal. En la presente obra, debidamente anotada y concordada, se incluyen practicamente todas las normas en la materia, sistematizadas en los siguientes apartados: Ley de Bases sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, asi como el Texto Articulado de dicha Ley. Reglamentos de ejecucion y desarrollo (Circulacion, Conductores, Cursos de recuperacion de puntos, Autoescuelas, Centros de reconocimiento, Vehiculos, Homologacion de tipos, Reforma de vehiculos, Estaciones ITV, Regulacion de la ITV, Dispositivos de limitacion de velocidad, Tiempos de conduccion y uso del tacografo, Procedimiento administrativo sancionador...). Normas sobre organizacion, coordinacion y colaboracion (Servicios Centrales y Perifericos de la Direccion General de Trafico, Comision Interministerial de Seguridad Vial, Consejo Superior de Trafico...). Normas penales, fiscales y de seguros en el sector (Codigo Penal, Ley y Reglamento del Seguro, Tasas de la DGT, Impuestos Especiales, Impuestos sobre Vehiculos de Traccion Mecanica...) Competencias de las Comunidades Autonomas y de los Municipios (Navarra, Pais Vasco, C (continua...)

Esta Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común, forma parte de la Colección de Códigos comentados, con jurisprudencia sistematizada y concordancias, publicada por El Derecho. La referida Coleccion, integrada por los principales Codigos de las diversas jurisdicciones, y elaborada, bajo la direccion de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, por Magistrados y Letrados del Gabinete Tecnico del Alto Tribunal, constituye un compendio riguroso y actualizado de la jurisprudencia mas reciente del Tribunal Supremo. La utilidad practica del conjunto de Codigos que integran la Coleccion deriva, en gran medida, del profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y autores, y convierte esta Coleccion en referencia indispensable en la biblioteca de todos los profesionales del Derecho.

El presente libro empezó a gestarse hace ya algunos años, más de los inicialmente previstos y deseados. Tuvo como punto de partida un Proyecto de Investigación que concedió el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucia al Area de Derecho Administrativo de la Universidad de Almeria. Mi contribucion al trabajo colectivo resultante constituye la base fundamental de la primera parte de este libro, aunque logicamente haya sido completada y depurada con ocasion del mismo. La posterior dilacion se debe, entre otros factores, al desempeño durante estos ultimos años de azarosa adaptacion a Bolonia de un cargo de gestion en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almeria. Por encima de las reuniones, las discrepancias internas y externas y las interminables horas de dedicacion academica, me quedo con la magnifica e inolvidable relacion trabada con mis compañeros del Decanato, de cuya generosa disposicion dejo ahora constancia formalmente.

Coords. Ricardo García Macho, Javier Barnés Vázquez. La transparencia en la actuación del Estado es una palabra que se ha puesto de moda, que se utiliza como comodín en muy diversos ámbitos del saber, ciencia política, Derecho, sociología, etc., y que ha adquirido una gran importancia como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. En la esfera del Derecho público el principio de transparencia implica una determinada manera de proceder de los tres poderes del Estado, y cuando se hace referencia a una Administración transparente, significa una nueva cultura de las relaciones entre el ciudadano y la Administración en la toma de decisiones, con un nuevo estilo de administrar, que debe reforzar la confianza del ciudadano en el sistema democrático, en una época en la que los valores democráticos se encuentran desdibujados, cuando no pervertidos. El fomento del principio de transparencia en la actuación de los poderes públicos ha sido fuertemente impulsado a través de las normas de Derecho comunitario, especialmente en países de la Unión Europea como España, cuya tradición histórica de conducirse en la esfera pública ha sido favorable al secreto y/u ocultamiento de información. La transparencia se encuentra estrechamente vinculada con la publicidad o espacio público, principios necesarios para la conformación de una opinión pública informada con capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas y jurídicas, tal como ha puesto de relieve J. Habermas, lo que reforzará la posición del ciudadano frente a un Estado cada vez más complejo, lo cual dificulta su visualización. La transparencia administrativa coadyuva al fortalecimiento de los principios democrático y de Estado de Derecho, esenciales para hacer efectivo el derecho a una buena Administración

Este Manual de Responsabilidad Pública se presenta como una obra que analiza de forma exhaustiva esta institución propia del Derecho Administrativo, cuya importancia se desprende tanto del interés doctrinal que suscita, como por su valor practico para los actores de la vida juridica.Se desarrolla en esta obra un estudio general de la responsabilidad patrimonial o extracontractual, de caracter eminentemente practico, y que comprende el analisis general de la misma, asi como tambien el examen de todos los distintos ambitos en los que se proyecta. Se trata por tanto de un manual de consulta indispensable para todos los profesionales del Derecho, cuya calidad viene avalada por ser el resultado del trabajo de unos autores, Abogados del Estado, altamente cualificados y conocedores en profundidad de la problematica de la responsabilidad publica.Abogacia General del Estado. Direccion del servicio juridico del Estado. Los autores son Abogados del Estado, expertos profesionales que por sus funciones de asesores, defensores y representantes de la Administracion del Estado, son grandes conocedores de todos los problemas que puede plantear la aplicacion del Derecho Administrativo Sancionador. Otros libros suyos son: Comentarios a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Publicas, Manual de delitos contra la hacienda publica, Manual de derecho administrativo sancionador, Manual de Responsabilidad Publica y Manual de Revision de actos en materia tributaria

La prueba constituye un elemento esencial de la actividad judicial y precisamente en la jurisdicción contencioso-administrativa presenta caracteres especiales que por lo general han sido obviados. A tal efecto el autor examina las cuestiones prácticas de la prueba a partir de sus presupuestos constitucionales, tanto españoles como europeos, de su configuración legal, especialmente a raíz de la implantación en 2009 de la nueva oficina judicial, y de su aplicación cotidiana por los tribunales. El estudio lo aborda un juez contencioso-administrativo que haciendo gala de su experiencia se ocupa de los aspectos más notables de la proposición, de la práctica y de la valoración de la prueba. Por esa razón, los destinatarios naturales de este ensayo son los jueces y los abogados que diariamente deben actuar en el foro y que deseen saber no solo las soluciones interpretativas más razonables de los problemas prácticos que les surjan, sino también su estructuración y su fundamentación jurídica última. David Ordóñez Solís es magistrado, doctor en Derecho, licenciado especial en Derecho europeo por la Universidad de Bruselas y miembro del Team Europe y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido profesor de Derecho europeo y desarrolla una importante actividad docente en institutos de postgrado en Europa y América. De sus últimos y numerosos libros destacan: Jueces, Derecho y Política (2004), Administraciones, ayudas de Estado y fondos europeos (2006), La protección judicial de los derechos fundamentales de solidaridad (2006), El estatuto administrativo de los extranjeros en España en clave judicial (2008) y El cosmopolitismo judicial en una sociedad global (2008). Ha sido galardonado con varios premios de ensayo y con becas de investigación de postgrado en materia sindical, sobre control financiero, mercado interior europeo, ética judicial y protección de datos

Las comunicaciones electrónicas son una actividad completamente liberalizada y ampliamente armonizada a nivel europeo, con el propósito de facilitar el mercado interior. Sin duda, ello ha contribuido a una oferta mas plural -en redes y servicios-