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Las subvenciones públicas son una fuente más de financiación para la realización de los proyectos que desarrollan las fundaciones. Esta monografía es una guía práctica en la que se ofrece un análisis detallado de todo el proceso de tramitacion que ha de conocerse antes de presentarse a una convocatoria publica. En ella se combina el estudio de los diferentes momentos que componen el procedimiento de tramitacion de subvenciones con el analisis de la normativa que lo regula. Se explican los distintos preceptos legales, señalando su localizacion e implantacion en el procedimiento ordinario, que sera al que deban acogerse las fundaciones, salvo casos excepcionales y justificados. Como advierten los autores de esta guia, el mayor interes de la Ley General de Subvenciones no esta tanto en la promocion de actividades de interes social facilitando la concesion de subvenciones, como el rigor en la comprobacion del cumplimiento del objeto de la actividad, primando las facultades de control hasta limites que pueden ser considerados excesivos. Por ello, es especialmente importante conocer en detalle, no solo los requisitos y derechos de los beneficiarios de la subvencion, sino incluso en mayor medida las obligaciones y responsabilidades que implica el hecho de adquirir tal condicion.

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo;Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (parte);Índice a

El presente libro tiene como origen la Memoria elaborada como conclusión del Proyecto de Investigación que, bajo el título del "El estatuto jurídico del cuidador informal como elemento clave de un sistema integrado de protección a la dependencia", se realizó por los autores del libro en el bienio 2006/07. Dicho Proyecto, financiado por el IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) en el marco de su acción para el fomento de la investigación en temas sociales, se desarrolló en el seno del Grupo Consolidado de Investigación sobre temas de Seguridad Social y Salud Laboral de la Universidad Carlos III de Madrid, al que pertenecen los autores, adscrito a su vez al Instituto de Investigación sobre cuestiones de protección social, Juan Luis Vives, de la misma Universidad.

VV.AA.La ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, tuvo su origen en la obligación de trasladar al ordenamiento juridico español las reglas comunitarias sobre contratación realizada con fondos públicos, fundamentalmente representadas por la directiva del parlamento europeo y del consejo 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

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El presente estudio plantea, primeramente, la importancia del estudio de la potestad arbitral para dictar órdenes de cumplimiento. En segundo lugar, en tres apartaos separados, examina las diversas fuentes de poder, asi como sus limites. Finalmente, se hace referencia a las cuestiones que, mas alla de la orden de cumplimiento, son susceptibles de plantear problemas de futuro