CONTRATOS SECTOR PUBLICO OBRAS PUBLICAS

La Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de abril de 2008, ha introducido profundas modificaciones en el ámbito de la contratación pública, no sólo desmaterializando los procedimientos de adjudicación (perfil de contratante, plataforma de contratación del Estado, factura electrónica, subasta electrónica&), sino también modificando profundamente los procedimientos a seguir por los poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos públicos, obligando a los poderes adjudicadores a seleccionar, como adjudicatario del contrato, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, y exigiéndoles, en todo caso, que den un tratamiento igualitario y no discriminatorio a licitadores y candidatos, a los que deberán garantizar libertad de acceso a las licitaciones, dando publicidad y observando una total transparencia en los procedimientos que han de seguir en la adjudicación de los contratos del sector público. Este libro, aunque dedicado al contrato de obras públicas, recuerda que para ser contratista hay que ser previamente licitador, lo que le lleva a realizar un obligado estudio de los complejos procesos administrativos que se han de seguir hasta llegar a la adjudicación definitiva del contrato, por lo que dedica todo un capítulo a analizar y describir secuencialmente, el tortuoso iter procedimental que los poderes adjudicadores han de observar desde que se inicia la elaboración del expediente de contratación, que dará paso a su licitación, recursos, en su caso, siendo de especial trascendencia la actuación de la Mesa de Contratación, ya que ha de seleccionar al licitador que haya presentado la oferta económicamente mas ventajosa, para finalizar con el acuerdo del Órgano de Contratación efectuando la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva, sin perjuicio de la resolución que del recurso especial de contratación, en su caso, interpongan las personas físicas y jurídicas, así como los licitadores, cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados