El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los limites de la sana y justa competencia. Encontramos asi una necesidad de tutela frente a los ataques mas graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que operan en dicho mercado. Pero, por otro lado, tambien en este ambito interviene otro grupo de sujetos con sus propios intereses y necesidades, que identificamos en el colectivo de consumidores y usuarios. Asi la Constitucion Española recoge en su articulo 51 la necesidad de que los poderes publicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legitimos intereses economicos de los mismos. No podia ser de otra forma, maxime si tenemos en cuenta que en la mayoria de las ocasiones estos son la parte debil cuando se producen conflictos con, por ejemplo, empresas que cuentan con inconmensurables medios economicos para hacer valer sus intereses. En la era de las nuevas tecnologias nos encontramos inmersos en una incesante globalizacion con numerosas oportunidades y retos, pero tambien con muchos peligros, pues no puede soslayarse la existencia de grandes multinacionales, fondos de inversion y concentraciones de capital en sus diversas formas, con un poder economico y mediatico abrumador frente a este grupo de consumidores y usuarios que se encuentran, cual David frente a Goliat, necesitados de una especifica tutela, tambien penal, ante los supuestos mas graves. Ya por ultimo, tambien en sede penal se pueden encontrar intereses necesitados de tutela que conciernen al mercado en su conjunto (y por tanto, interesan dotarse de proteccion tanto para las empresas como para los consumidores), e incluso encontramos mercados muy concretos (como el de valores) que han de ser objeto de especifica proteccion dada la especial incidencia de los mismos en el orden socioeconomico del pais. El lector tiene en sus manos, de forma monografica, una obra que analiza la tutela penal del mercado y los consumidores como sector de especial significacion en el nucleo del denominado Derecho Penal Economico. Obra que aborda los diferentes tipos penales enmarcados en este sector de la actividad, y que ha sido elaborada contando con diferentes perspectivas: esencialmente la penal, pero tambien otras como la criminologica, constitucional o procesal. Con esa intencion de poner el saber academico al servicio del conjunto de la sociedad, el Grupo de investigacion PENALCRIM (Universidad Internacional de La Rioja -UNIR-), de la mano de la veterana y prestigiosa editorial Aranzadi, y contando con el esfuerzo de todo el equipo de investigacion, ha culminado esta obra dedicada a la proteccion penal del mercado y los consumidores. Deseamos que realmente cumpla su cometido.
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