Antonio José Vela Sánchez

La violencia de género sobre la pareja tiene consecuencias civiles importantes, tanto personales, como patrimoniales. Respecto de los efectos personales esenciales, destacar, de un lado, los relativos a los hijos menores, como la titularidad, ejercicio, suspension y privacion de la patria potestad, regimen de guarda y custodia y de relacion, estancia, comunicacion y visitas; y, de otra parte, la reduccion del plazo para solicitar la separacion o el divorcio y el derecho a cambiar el nombre y los apellidos. En cuanto a las repercusiones patrimoniales cardinales de esta violencia, señalar la necesaria reparacion integral de todos los daños causados, la posible extincion del regimen ganancial en beneficio de la mujer, la cuestion del potencial derecho del violento a pension compensatoria, la revocabilidad de las donaciones por razon de matrimonio y la perdida de derechos sucesorios. Todas estas materias estan actualizadas legalmente, habiendose incluido la reforma operada por la LO 10/2022, de 6 septiembre, de garantia integral de la libertad sexual y las conclusiones de la STC 106/2022, de 13 de septiembre.

En sede de ventas judiciales, nuestro Tribunal Supremo mantiene una doble posición respecto del momento de adquisición de la propiedad: la que exige auto de aprobación del remate (título) y testimonio del mismo (modo), y la que se conforma con la aprobacion del remate (titulo) y la subsiguiente adjudicacion al rematante (modo). Esta lamentable disparidad se agrava en cuanto que ambas posturas coinciden en que dicho instante consumatorio es esencial para el juego del principio de fe publica registral, inteligencia criticable pues la adquisicion del tercero hipotecario no es a domino -en la que si es determinante la concurrencia de titulo y modo del art. 609 Cc.-, sino inscriptionis causa y a non domino, por lo que requiere el cumplimiento de los requisitos del articulo 34 LH.

Esta obra propone soluciones prácticas concretas para la cuestión del convenio de gestación por sustitución o encargo en España en cuyo ordenamiento jurídico, en principio, el artículo 10, 1 de la Ley de tecnicas de reproduccion humana asistida de 2006 lo prohibe.Ante la pasividad del legislador, la contienda juridica entre los tribunales españoles y la Direccion General de los Registros y del Notariado y las consideraciones realizadas por las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se proponen soluciones practicas concretas para la problematica cuestion del convenio de gestacion por sustitucion o encargo en España que, en principio, se encuentra prohibido en nuestro ordenamiento juridico por el articulo 10, 1 de la Ley de Tecnicas de Reproduccion Humana Asistida de 2006. . En primer lugar, se analizaran los convenios gestacionales realizados por españoles en España, distinguiendose las hipotesis de que el comitente o uno de los comitentes sea aportante de material reproductor o de que ninguno de ellos lo sea. La accion de reclamacion de la paternidad o las figuras del acogimiento familiar o de la adopcion seran mecanismos validos para la virtualidad del contrato realizado. En segundo termino, se abordan los convenios de gestacion por encargo hechos por españoles en paises cuya legislacion los permita. En esta sede, se diferencian los supuestos en los que la filiacion juridica, entre el comitente o los comitentes y el hijo asi nacido, derive de certificacion registral que sea reflejo de una resolucion judicial firme y los casos en que dicha certificacion registral extranjera no provenga de una tal resolucion judicial anterior, a los que se les debe dar tambien una solucion eficaz.

En esta edición se han incluido las reformas del Código Civil introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria; por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ambito de la Administracion de Justicia y del Registro Civil, y por la Ley Organica 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificacion del sistema de proteccion a la infancia y a la adolescencia.

La presente obra se abre con una Parte general, que recoge unas nociones generales e introductorias sobre la sucesión mortis causa y sobre el propio Derecho de Sucesiones y un estudio de los esenciales derechos de transmision, representacion y acrecer, y se completa con los elementos subjetivos de la sucesion y la forma de adquirir (donde se vera la herencia yacente y la aceptacion y la repudiacion) y enajenar la herencia.A continuacion, en la Segunda Parte, se sigue con el estudio detenido de la sucesion testamentaria, abordandose la figura del testamento, la institucion de heredero y las diferentes clases de disposiciones testamentarias, las llamadas sustituciones hereditarias, los legados, la ejecucion e interpretacion testamentarias y, por ultimo, la ineficacia y revocacion del testamento.La Tercera Parte del manual comienza con el estudio de la institucion basica de la legitima, detallandose su concepto, quienes son legitimarios en nuestro ordenamiento juridico y cual es la cuantia y el regimen de la legitima de cada uno, lo que se completa con las figuras de las reservas hereditarias, la lineal y la ordinaria, y la institucion especial del retorno sucesorio. Se concluye esta Parte atendiendo a la fijacion, pago e intangibilidad sustancial de la legitima y contemplando las figuras de la pretericion y la desheredacion, su regimen juridico, clases y efectos.A continuacion, en la Cuarte Parte de este libro, se aborda la llamada sucesion intestada, estudiandose sus presupuestos y los diferentes llamamientos legales realizados para suplir la voluntad testamentaria; sin olvidar una referencia a la posibilidad de la sucesion contractual en el Codigo Civil.Finalmente, en la Parte Quinta de este Manual, se atendera, en primer lugar, la figura de la comunidad hereditaria, desarrollandose su concepto y regimen juridico, asi como la responsabilidad de los herederos y los supuestos de extincion de tal comunidad hereditaria. En segundo termino, se abordara la particion de la herencia, analizandose, ademas de su concepto y la accion de division, sus diferentes formas, efectos y casos de nulidad, anulabilidad, rescision y modificacion, sin olvidar el regimen juridico de la importante figura de la colacion.

La violencia de género sobre la pareja tiene consecuencias civiles importantes, tanto personales, como patrimoniales….

La paulatina aparición en la escena jurídica de nuevos y diversos personajes -como las mujeres, primero, y, después, los consumidores, los componentes heterosexuales u homosexuales de las uniones de hecho, los propios homosexuales, los inmigrantes, etc.-, y su exigencia de una igualdad real quebraron el ideal jurídico decimonónico de unidad y de simple igualdad formal, y rompieron el ordenado y estrecho sistema jurídico clásico. Esas nuevas situaciones exigieron o exigen, hoy más que nunca, que el jurista -y el civilista en particular-, emplee una técnica jurídica renovada acorde con la sociedad distinta y variable en la que vivimos. Pero no sólo eso. Siendo el Derecho Civil el Derecho por antonomasia de la persona, el que configura el estatuto general de la persona en cuanto contempla su desenvolvimiento en lo que es común a todos los seres humanos 1 y atiende a la persona en cuanto tal, y a su situación y función generales dentro de la comunidad , el civilista actual debería abandonar la dogmática superflua e inútil y afrontar los problemas verdaderos de la persona de hoy. Deberíamos ser conscientes de que el Derecho Civil no debe servir sólo para realizar perfectos y cuadriculados estudios de puro artificio, sino para resolver las cuestiones trascendentes o relevantes que preocupan realmente a los ciudadanos. La labor del jurista no debe limitarse a explicar la mera realidad, sino que debe brindar soluciones a la sociedad con imaginación y valentía, estimulando al legislador a dar los pasos necesarios para plasmarlas. Sólo así, la labor investigadora tiene sentido en un mundo cambiante que exige respuestas rápidas para conflictos nuevos y crecientes.

Como atinadamente establece el Preámbulo del CCEVMVD, de 11 de mayo de 2011 ¿"que entró en vigor el pasado 1 de agosto de 2014¿", "la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio historico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominacion y a la discriminacion de la mujer por el hombre, privando asi a la mujer de su plena emancipacion", reconociendose tambien que la "naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres esta basada en el genero, y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posicion de subordinacion con respecto a los hombres".

La responsabilidad civil por productos defectuosos está ligada indisolublemente a la idea del riesgo empresarial o, dicho más exactamente, a la cuestión de los riesgos derivados de la comercialización de bienes. Cuando una actividad profesional o empresarial representa una fuente de ganancias y una amenaza para las personas o sus bienes, debe quedar a cargo de aquélla la indemnización de los daños causados, como contrapartida del "riesgo creado". En efecto, en la actual sociedad consumista se lanzan al mercado bienes en masa o en serie, con la eventualidad de que no cumplan los requisitos de seguridad necesarios. Ante esta multiplicación de las posibilidades de riesgo, el legislador reacciona confeccionando un sistema objetivo de afección civil que, al margen de su bondad o no, va encaminado básicamente a la protección de los ciudadanos -no ya respecto de los vicios del producto que lo hacen inútil para su finalidad, sino de los que suponen una falta de seguridad susceptible de causar daños-, mecanismo que ha venido a calificarse como la socialización del daño. Esta profusa generación de amenazas para la salud e integridad de las personas -o para la indemnidad de sus pertenencias- y el principio general del Derecho de que quien obtiene beneficios debe soportar sus consecuencias negativas -ubi emolumentum, ibi onus-, explican, pues, la creciente objetivación legal y jurisprudencial de la responsabilidad civil de los productores, no ya sólo respecto de los perjuicios irrogados a los consumidores, sino también a sus propios trabajadores.

Se añaden las últimas modificaciones de nuestro texto civil básico desde esas fechas, destacando las derivadas de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantia de los derechos de las personas L