El presente libro constituyrn un análisis jurídico de los juegos de azar, actividad regulada por uno de los conjuntos normativos más complejos del Derecho español. No en vano, desde su legalización, en febrero de 1977, se han aprobado más de un centenar de disposiciones administrativas de distinto rango, que se complementan, modifican o derogan total o parcialmente: un ordenamiento que se ha visto afectado por la más importante crisis de legalidad del periodo constitucional, al ser anulado, en 1987, su régimen sancionador. El esquema central de la obra gira en torno a la distinción de tres grandes esferas de protección cosntitucional: la libertad personal de jugar, la libertad de creación de empresas de juego y el derecho a la legalidad sancionadora. A través de ellas, se analizan los graves problemas de índole formal que plantea la reglamentación de los juegos de azar: desde el carácter preconsttitucional de la norma legalizdora, hasta el uso de las técnicas normativas más variadas, tales como deslegalizaciones, habilitaciones, remisiones en blanco, remisiones de segundo grado, etc. Pero dicha estructura sirve, igualmente, de hilo conductor para resolver las más importantes y polémicas cuestiones materiales: limitaciones de acceso a los locales de juego, naturaleza de las autorizaciones de instalación y explotación, mantenimiento y protección y protección del monopolio de determinados juegos, tipicación de infracciones, entre otras. Este es un libro pensado para todas aquellas personas que operan en el sector. Los empresarios y usuarios, en general, encontrarán un análisis global con abundante información sobre Derecho autonómico y comparado. Los jueces y abogados tienen a su disposición un profundo estudio de legalidad, con más de un centenar de sentencias de todas las instancias. Por último, los responsables políticos de la ordenación podrán obtener un juicio razonable sobre cómo se debe intervenir normativamente en esta actividad empresarial.
La Ley 9/2017 introduce cambios significativos en la tipificación de los contratos públicos. La supresión de los contratos de gestión de servicios públicos y de colaboración público-privada se contrarresta con la incorporacion del contrato de concesion de servicios. En realidad, se trata de una nueva modalidad contractual que es, al mismo tiempo, heredera de la concesion de servicios publico y fruto de la transposicion de la Directiva UE/2014/23, cuyo criterio delimitador no radica en la naturaleza de la prestacion (como venia siendo tradicional), sino en la transferencia del riesgo operacional al contratista. El resultado es un concepto amplio de concesion de servicios, que ya no tiene por objeto exclusivo la prestacion de servicios publicos. No obstante, debido a la longevidad de los contratos, durante un largo periodo de tiempo la nueva concesion de servicios convivira con el viejo contrato de gestion de servicios publicos, lo que requiere conocer ambas regulaciones. En el presente libro se analizan, con todo rigor de detalle, los elementos tradicionales del viejo y nuevo contrato de concesion de servicios, prestando especial atencion a la teoria del equilibrio economico del contrato y al concepto de riesgo operacional, de cuya correcta interpretacion dependera la propia supervivencia de la concesion como modalidad de gestion indirecta de los servicios publicos.
Libro sobre la exposición “SSSSSSSilex”, que es un sssssssserpenteo por un paisaje tecnoexistencial, un jardín de vida digital desencadenante de las tensiones entre la carne y el silicio, entre lo or
La Directiva 2001/42 introdujo en la Unión Europea la evaluación ambiental estratégica del planeamiento, diferenciándola así de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Su transposición al ordenamiento juridico español se ha llevado a cabo a traves de dos leyes estatales, la Ley 9/2006, que establece un complejo regimen transitorio, y la Ley 21/2013, que acerca ambos tipos de evaluaciones, unificando terminologia y procedimientos. El marco juridico se completa con la legislacion autonomica ambiental y urbanistica que adapta las reglas generales contenidas en la legislacion estatal basica al planeamiento territorial y urbanistico.