Helena Torroja Mateu

La presencia de "empresas militares y de seguridad privada" en el contexto de conflictos armados, situaciones de tensiones internas u otros, es un fenómeno contemporáneo que tiende a aumentar y consolidarse. El panorama es diverso y complejo. A estas empresas recurren no solo los Estados, sino también una multiplicidad de actores no estatales, como guerrillas, narcotraficantes, mafias internacionales&Además, el abanico de funciones que pueden desempeñar las empresas en el marco de la Seguridad y Defensa es muy amplio: desde tareas de logística y manutención hasta el uso de la fuerza armada, del que es ejemplo comúnmente conocido la empresa estadounidense Blackwater. En torno a esta realidad se plantean múltiples cuestiones: ¿El por qué este desarrollo? ¿Cómo funcionan? ¿Es su actividad lícita? ¿Cómo se controlan sus abusos? ¿Son una forma contemporánea de mercenarios? ¿Cuál es la posición del Derecho internacional? ¿Es posible limitar y/o prohibir su existencia y comportamiento? ¿Cuál está siendo la actitud de los Estados? ¿Cuál la reacción de la comunidad internacional? En esta obra autores de diversa procedencia (profesionales del Ejército español, el Presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, académicos especialistas en política, sociología y derecho internacional), responden a éstas y más cuestiones. A lo largo de esta obra el lector se va a encontrar con una visión completa, realista y fundamentada sobre un fenómeno ante el que uno no puede quedar impasible

Los retos de la seguridad y la defensa están directamente condicionados por la compleja realidad internacional, especialmente convulsa desde el 11 de septiembre de 2001. Pero no convendría que la percepción que los Estados y Organizaciones internacionales competentes se hicieran de tal realidad que nos llevara a panorama aún peor.

La asistencia humanitaria es una actividad tradicional de la Organización de las Naciones Unidas. Se arraiga en las funciones humanitarias de la Sociedad de Naciones y en la experiencia de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y Rehabilitación (UNRRA). Desde 1946, la Asamblea General, junto al Consejo Económico y Social, ha ido desarrollando un sistema institucional de prestación y coordinación de la asistencia humanitaria; y, paralelamente, se ha dirigido a los Estados y otros actores humanitarios a fin de armonizar y coordinar sus políticas y comportamientos en este ámbito. Sin embargo, una tendencia de la doctrina contemporánea ha sido percibir a esta actividad como nueva y especialmente vinculada a la competencia del Consejo de Seguridad. Otra tendencia ha consistido en analizarla en clave de derechos humanos, reconduciendo su problemática a la formulación de un derecho humano a la asistencia humanitaria. Esta obra da un rodeo a ambas perspectivas y elige observar a la asistencia humanitaria como una actividad operacional institucional de la ONU, que tiene su propia especificidad conceptual, normativa e institucional. Desde este ángulo, se presenta aquí un estudio estructural que aborda cómo se incorpora la función de prevenir y aliviar el sufrimiento humano en situaciones de emergencia -núcleo esencial del Principio de humanidad y actividad clásica del CICR y otras ONG humanitarias-, en la función general de realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter humanitario, atribuida a la Organización en el artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas. El fin último es mostrar tanto los fundamentos -históricos, institucionales y normativos- como los problemas y perspectivas actuales de la cooperación internacional en la esfera humanitaria en la ONU.

El principio de libre determinación de los pueblos fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1960, a fin de atribuir un derecho a la soberanía e independencia a los pueblos coloniales; en 1970, la misma Asamblea extendio su aplicacion a los pueblos ocupados militarmente. Desde entonces, grupos subestatales (tales como minorias, pueblos indigenas o cualquier otra fraccion del pueblo estatal) alegan que el principio tambien les es aplicable por ser un ?pueblo? en el sentido de la norma. ¿Cual es pues, el contenido de esta norma juridica de caracter imperativo (ius cogens) del Derecho internacional general? ¿Atribuye un derecho a la independencia a cualquier pueblo? La ambigua redaccion de los textos juridicos internacionales que formulan el principio fomenta la incertidumbre, dificultando encontrar una respuesta objetiva. Que sea dificil, sin embargo, no significa que sea imposible encontrarla. El Derecho internacional publico, como todo sistema juridico, comprende normas secundarias de interpretacion y aplicacion de las normas primarias. El seguimiento metodico de tales normas secundarias, permite identificar la realidad juridica del principio, la unica susceptible de proporcionarle una aplicacion eficaz. Alegar una interpretacion imaginada no solo es ineficaz, sino que aleja a la sociedad destinataria de la paz y el orden, el desarrollo sostenible y la justicia, y el respeto y proteccion de los derechos humanos, fines del Derecho internacional publico contemporaneo

En los últimos años se ha abierto la puerta con gran irresponsabilidad, mayor intensidad y extensión, a la delegación y/o contratación del uso legítimo de la fuerza a actores privados. Este dato no deberia pasarse por alto. Las empresas militares y de seguridad privadas ¿constituyen un grave atentado a los fundamentos del Estado moderno y a los principios del Estado de Derecho? ¿Conllevan riesgos sobre la poblacion civil, que es abandonada al arbitrio de usos de la fuerza privados, en situaciones convulsas como las que vemos estos dias en el norte de Africa? Creemos que si. Fue precisamente, la centralizacion del uso legitimo de la fuerza y el rechazo a los mercenarios, una de las conquistas del Estado moderno. A su vez, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos se consolido apoyandose en el sometimiento del poder de coercion (militar y policial) a los poderes legislativo y judicial. Las empresas militares y de seguridad privadas son una reencarnacion en el siglo XXI de proveedores del uso fisico de la fuerza. Son los nuevos corsarios que fueron abolidos en el ambito internacional en el siglo XIX. Asistimos, pues, hoy a un retroceso. Y ¿vamos a observar impasibles este hecho? No deberiamos. Por ello, si ya no es posible frenarlo, al menos ha de quedar la esperanza de regularlo internacionalmente, para exigir limites y obligaciones a los Estados en su delegacion y/o contratacion de estas empresas. El proceso actual hacia su regulacion es el que se analiza en esta obra, haciendose especial enfasis a los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre la utilizacion de mercenarios de la Organizacion de las Naciones Unidas