La reforma del Código Penal -por medio de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, en materia de seguridad vial- fue uno de esos hitos legislativos en los que el ciudadano percibe más que nunca la potencial peligrosidad de su conducta por el uso indebido de un instrumento tan familiar y diario como son los vehículos a motor. Estar correctamente informados sobre el alcance y las consecuencias de esta reforma debe, además, interesar no sólo a los usuarios sino especialmente a los profesionales de los diferentes sectores sociales, económicos y jurídicos para los que -tanto la seguridad vial como su traducción penal- forman parte de su quehacer diario. Con el fin de crear un instrumento de trabajo y una fuente de información práctica, y no una simple reflexión doctrinal, se ha elaborado este libro que presenta un equilibrado contenido, tanto teórico, que plantea cuestiones esenciales sobre la interpretación de los preceptos del Código Penal que regulan la materia; como práctico, aportando ejemplos de escritos procesales de innegable aplicación profesional.
Después de leer este libro, cualquier consumidor o profesional en el mercado de bienes y servicios sabrá qué posición tiene frente a un contrato de consumo, cuál es su ámbito de responsabilidad y cómo resolver los conflictos que surjan. Todo ello, en un ámbito tan complejo donde confluyen las normas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales. Hay que definir los derechos de los consumidores, establecer los límites de los empresarios, dentro de la libre competencia y el principio de libertad de pactos que rige nuestro sistema de contratación; fijar los mecanismos de protección y articular vías judiciales y extrajudiciales para resolver los conflictos. Esta obra afronta la estructura general de la posición del ciudadano como consumidor, como destinatario final de los bienes y servicios cuya prestación constituye el objeto de actividad de los empresarios. A continuación, se concreta negativamente esta posición en el ámbito de los contratos, se fijan los límites de su contenido y se señalan las consecuencias y las responsabilidades derivadas de su ejecución. Por último, se definen los mecanismos procesales y extraprocesales de resolución de conflictos en materia de consumo; y se incluyen dos recopilaciones, de jurisprudencia y de modelos de solictudes, formularios, hojas de reclamación, comunicaciones y otros documentos muy prácticos.