Nuevamente, esta vez a través del presente libro, viene a introducirse su autora en una cuestión tan compleja como problemática como es la determinación de la pena en los delitos dolosos y los criterios legales reflejados en el apartado primero del articulo 66 del Codigo penal. El trasfondo del tema, ya podra imaginarlo el lector, es de una importancia politico criminal extraordinaria, puesto que resulta ineludible entrar y la autora asi lo hace en la cuestion de la medida o margen que un Estado de Derecho puede y debe dejar a sus Jueces y Magistrados en la determinacion de la pena. Frente a quienes critican la normativa vigente tachandola de excesivamente restrictiva de la discrecionalidad o arbitrio judicial, intentando que nuestro Texto punitivo se equipare a los amplisimos margenes que por ejemplo concede el StGB aleman, creemos adecuada por equilibrada e intermedia la opcion que hace nuestro legislador. Que el articulo 66.1 CP tase algunos criterios, sobre la base del juego de circunstancias atenuantes y agravantes de caracter ordinario o cualificado, constituye una alternativa politico criminal muy razonable, a caballo entre las superadas exigencias positivistas de un principio de legalidad que pretendia configurar al Poder Judicial como simples voces de la voluntad del legislador, y la concesion a nuestros Jueces y Magistrados de un arbitrio casi absoluto que eventualmente pudiera convertir sus resoluciones en pura arbitrariedad. Otra cosa es, y asi lo resalta acertadamente la Prof.ª Castello, que en concreto nuestro Texto punitivo y especificamente el articulo 66.1 CP conceda a veces un campo de juego excesivo en la fijacion concreta de la pena, equiparando a veces injustamente casos en los que debio establecer algun criterio adicional mas taxativo (asi sucede, por ejemplo, con la posibilidad abstracta de equiparar la pena en casos en los que concurre solo una atenuante articulo 66.1.1.ª CP y aquellos en los que no esta presente ninguna causa de atenuacion o d