Verónica López Yagües

El sujeto encausado es protagonista involuntario de un proceso que ha de ser marco en el que ver garantizados sus derechos y es, sin embargo, el instrumento con mayor capacidad de erosionarlos; un proceso, centrado en las personas y, al tiempo, marcadamente tecnologico. En este escenario, la configuracion de un estatuto juridico irreductible a favor del encausado que garantice la efectividad de un fortalecido derecho de defensa, es el primero de los propositos a los que sirve este analisis. Ser conscientes, ademas, de que el uso de la tecnologia, desde la mas accesible y de uso frecuente por la ciudadania, hasta la mas sofisticada y al alcance de menor numero de personas, pero no exclusivamente de los responsables de la investigacion penal, permite llevar esta a extremos, hasta fechas recientes, inimaginables, hacia obligado detenerse en esta otra realidad; en ocasiones, la obtencion de la fuente de prueba entra en pugna con el respeto a los derechos fundamentales de la persona o se asiste a su efectiva lesion, sea por los organos policiales, sea resultado de la actividad llevada a cabo por un particular. La generacion, en esos casos, de lo que se conoce como prueba ilicita, determina el juego de la regla que impide su entrada en el proceso y su toma en consideracion por el juzgador; una regla que, a la luz de la ultima doctrina jurisprudencial, viene asentada sobre postulados distintos de los que originariamente la sostuvieron. Examinar, con mirada critica, el fundamento y alcance de esta suerte de relativizacion de esta regla de exclusion procesal y sus consecuencias, y ofrecer a los operadores juridicos, valiosas herramientas y formulas para una eficaz tutela de los derechos afectados por las, no sin razon, denominadas medidas de vigilancia tecnologica, es el fin ultimo al que se dirigen las consideraciones traidas a estas paginas.

La inviolabilidad de las comunicaciones con el abogado defensor es presupuesto básico de la efectividad del derecho a la asistencia letrada y del más amplio de defensa que ha de garantizarse al imputado desde que el proceso comienza hasta su finalización, en todas y cada una de las fases por las que atraviesa. Se trata de comunicaciones que, por razón de su especial naturaleza, precisan ser protegidas frente a toda injerencia que impidan su celebracióno entrañe el levantamiento del secreto que ha de venir cubierto su contenido. Pero, con ser ello cierto, conviene cuestionarse si puede o no en algún punto hallar legitimidad la injerencia estatal en la esfera del derecho que ha de asegurarse al sujeto pasivo del proceso - en especial si se halla privado de libertad - a comunicar libremente con su defensor. La intangibilidad de la relación abogado-cliente, como regla, sus posibles excepciones y el análisis de las consecuencias de orden procesal derivadas de la ilegítima intromisión de los órganos públicos en su desarrollo son cuestiones a las que, ante el silencio del legislador, en esta obra busca respuesta adecuada la autora.

Con la imputación penal nace para su destinatario el derecho a recibir auxilio y defensa por letrado. El legislador asegura la intervención del defensor en las primeras diligencias policiales y judiciales de investigacion y la admite en las que integran la instruccion , pero parece asignarle un papel que, por limitado, no se corresponde con el que el constituyente le confia. En esta obra, su autora propone una lectura en clave constitucional de los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dedica a esta garantia basica del imputado, expresiva del verdadero alcance de la mision del defensor en aquellas y el resto de fases procedimentales. Veronica Lopez Yagues es profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante. Fruto de su investigacion es tambien el libro La inviolabilidad de las comunicaciones con el abogado defensor.

En ocasiones, las personas, objetos o lugares por sí mismos, y en atención a sus propias características, o por la situación en la que se hallan respecto del mundo exterior, cuando no por las modificaciones que experimentan, constituyen un elemento util para el esclarecimiento o apreciacion de los hechos de relevancia en el proceso a partir de su examen, personal y directo, por el juzgador. Atento a esa circunstancia, el legislador no olvida incluir el reconocimiento judicial en el catalogo de medios probatorios previsto en el art. 299.1 de la LEC, como exponente unico de lo que a nivel doctrinal se ha dado en llamar ''prueba directa'' de la que el Juez es, a un tiempo, autor y destinatario; una actividad que, por resultar precisa para tomar conocimiento o apreciar el hecho o hechos controvertidos del pleito, el organo judicial lleva a cabo poniendose en contacto directo con un elemento o realidad perceptible a sus sentidos. Mediante el reconocimiento -advierte DEVIS ECHANDIA- ''el Juez ve, palpa, oye y, en ocasiones, huele y gusta el hecho o la cosa' recibe, efectivamente, del objeto sometido a observacion percepciones sensoriales que personalmente interpreta y con las que, a diferencia de lo que sucede con el resto de medios de prueba, obtiene una impresion directa de la realidad que las partes le presentan y no una representacion o interpretacion de la misma llevada a cabo por terceros. Y es que, segun se ha llegado a escuchar, ''mientras las demas pruebas convencen al Juez, con el reconocimiento el Juez se convence''.

El sujeto encausado es protagonista involuntario de un proceso que ha de ser marco en el que ver garantizados sus derechos y es, sin embargo, el instrumento con mayor capacidad de erosionarlos; un proceso, centrado en las personas y, al tiempo, marcadamente tecnologico. En este escenario, la configuracion de un estatuto juridico irreductible a favor del encausado que garantice la efectividad de un fortalecido derecho de defensa, es el primero de los propositos a los que sirve este analisis. Ser conscientes, ademas, de que el uso de la tecnologia, desde la mas accesible y de uso frecuente por la ciudadania, hasta la mas sofisticada y al alcance de menor numero de personas, pero no exclusivamente de los responsables de la investigacion penal, permite llevar esta a extremos, hasta fechas recientes, inimaginables, hacia obligado detenerse en esta otra realidad; en ocasiones, la obtencion de la fuente de prueba entra en pugna con el respeto a los derechos fundamentales de la persona o se asiste a su efectiva lesion, sea por los organos policiales, sea resultado de la actividad llevada a cabo por un particular. La generacion, en esos casos, de lo que se conoce como prueba ilicita, determina el juego de la regla que impide su entrada en el proceso y su toma en consideracion por el juzgador; una regla que, a la luz de la ultima doctrina jurisprudencial, viene asentada sobre postulados distintos de los que originariamente la sostuvieron. Examinar, con mirada critica, el fundamento y alcance de esta suerte de relativizacion de esta regla de exclusion procesal y sus consecuencias, y ofrecer a los operadores juridicos, valiosas herramientas y formulas para una eficaz tutela de los derechos afectados por las, no sin razon, denominadas medidas de vigilancia tecnologica, es el fin ultimo al que se dirigen las consideraciones traidas a estas paginas.