Libros de derecho administrativo, página 26 de 570

Esta edición presenta el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Con él queda derogada la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Libro II, Titulo V, Capitulo IV del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, ademas de preceptos de otras disposiciones. Se reproduce con las modificaciones introducidas hasta la fecha, incluidas las efectuadas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion. Se añade tambien la regulacion de los limites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratacion del sector publico a partir del 1 de enero de 2012, establecidos por la Orden EHA/3.479/2011, de 19 de diciembre.Como apendice se incluyen la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre contenido basico de los pliegos de clausulas administrativas particulares comunes para todo tipo de contratos administrativos, asi como Resoluciones interpretativas del articulado, y las Instrucciones sobre remision de extractos de los expedientes de contratacion de las Entidades del Sector Publico Estatal y Autonomico y del Sector Publico Local.Ademas, se incorpora una tabla de concordancias o correspondencias entre el nuevo texto de la Ley de Contratos del Sector Publico y las normas refundidas en el.Las mas de 500 notas a pie de pagina ofrecen referencias internas y textos de los articulos de otras normas mencionados en el nuevo Texto Refundido.Completan la edicion los indices sistematico y analitico de materias, que facilitan la localizacion de los temas desarrollados por el articulado.

La presente obra pone a disposición de las empresas del sector y de los profesionales que en el actúan, así como del mundo jurídico en general, la opinión en derecho, debidamente comentada y glosada, del Servicio Juridico en el Departamento ministerial encargado de la propuesta y ejecucion de la politica energetica. Su exposicion se plasma en una seleccion de los informes emitidos a lo largo de los dos ultimos años, estructurada en tres areas: sector electrico, sector de los hidrocarburos y, en menor medida, minas . En el estudio de cada una de ellas el autor, Abogado del Estado, realiza una explicacion y comentario del contenido del Dictamen, describiendo el contexto factico y juridico en que se enmarca, para luego transcribir en su integridad el informe en Derecho, anexando, cuando asi procede, las normas y resoluciones judiciales directamente vinculadas.

Sobre el autor: José Ramón PARADA VÁZQUEZ ha sido Catedrático de Derecho Administrativo de las Universidades de La Laguna, Valencia, Central de Barcelona, Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Perteneció a los Cuerpos de Administradores Civiles Superiores del Estado y Jurídico de la Defensa y es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Entre otros títulos es autor de Los orígenes del contrato administrativo en el Derecho español, Sindicatos y asociaciones de funcionarios públicos, La Administración y los Jueces, Régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento común, Derecho urbanístico y Derecho del empleo público.

El Estado cumple el fin primordial, que justifica su existencia, de mantener a los ciudadanos en la más feliz convivencia social mediante la realización de las tres funciones que, desde Aristóteles, se vienen denominando legislativa, ejecutiva y judicial. Es clasificacion luego recogida por LOCKE con su teoria de separacion de poderes, para resaltar los valores politicos de libertad del ciudadano y de equilibrio entre los organos del Estado. De estos organos, unos son los que elaboran las leyes generales reguladoras del vivir comunitario de los hombres; otros, los que llevan estas leyes a los quehaceres cotidianos con reglas y actuaciones de buena administracion; y otros son los encargados de aplicar las leyes y las reglas, de comun generalidad, a los casos de disensiones concretas que surgen del trato continuo y personal de

Los estudios universitarios en Turismo, plasmados en el actual Grado en Turismo, contemplan la necesaria adquisición por el alumno de determinadas competencias relacionadas con la ordenación legal de las actividades, servicios y productos turisticos, asi como de las politicas turisticas desarrolladas por las instituciones publicas (Union Europea, Estado español y Comunidades Autonomas). Con esta finalidad, este Manual de Derecho Administrativo del Sector Turistico, se presenta como un material de apoyo a la enseñanza de la asignatura correspondiente en los planes de estudio de los Grados en Turismo, con una decidida vocacion de adaptarse al actual entorno de la docencia universitaria en clave ECTS.En este sentido, se ha realizado un notable esfuerzo de sintesis, con objeto de que el texto del Manual se adapte a una signatura de programacion cuatrimestral, pero sin renunciar por ello a la exposicion completa tanto de las instituciones y tecnicas generales del sector turistico, como de los servicios y establecimientos especificos (alojativos, de intermediacion, informacion...).Asimismo, se ha tenido en todo momento presente que el destinatario de este libro no es un alumno del Grado de Derecho, sino un alumno del Grado en Turismo, que por tanto carece de nociones generales de Derecho, lo cual ha obligado utilizar un lenguaje sencillo y a realizar una exposicion primordialmente descriptiva, soslayando cuestiones problematicas desde el punto de vista juridico. Ademas, con objeto facilitar la comprension del texto, y dada la indicada ausencia de una parte general de Derecho Administrativo, se ha incluido un breve glosario de terminos legales, que sera de gran utilidad al lector. Finalmente, el libro esta acompañado de un CD que contiene los textos legales tratados en el Manual, de modo que el alumno puede acercarse directamente a las fuentes legales de la materia.

Muchos cambios en el régimen de la intervención pública sobre la economía se han precipitado durante el último lustro de crisis. Un significativo añadido constitucional (el nuevo tenor del artículo 135, dedicado a la estabilidad presupuestaria), multitud de decretos-leyes y varias leyes de gran relevancia. Reformas del sector financiero, el comercio, los transportes y la energia, por citar solo algunas, mas un sinfin de medidas administrativas y pronunciamientos jurisprudenciales a tener en cuenta en nuestro analisis.La recesion ha puesto a prueba las clasicas tecnicas de policia, fomento y servicio publico, evidenciando fallos pasados por alto durante la anterior decada de crecimiento del PIB español. Practicas no cuestionadas en periodo de bonanza se consideran hoy aborrecibles, cuando finalmente calibramos el coste de la relativa impunidad con la que algunos responsables publicos y privados han manejado los recursos de todos, saltando de los niveles de gobierno a las corporaciones privadas sin rendir cuentas por su gestion ni asumir los daños producidos. A pesar de este preocupante escenario, nos mantenemos como Democracia Social de Mercado en el contexto de la Union Europea. Nos encontramos ante una encrucijada en la que, una vez mas, el pragmatismo con aspiraciones ideales ha de imponerse a las visiones mas racanas y miopes de la teoria economica. El desafio de la innovacion se presenta tambien para el Derecho administrativo economico, obligado a readaptar su instrumental y presentar soluciones cooperativas y competitivas en cada una de sus instituciones: sus fuentes, organizacion, procedimientos, garantias, controles... Innovar la intervencion publica y conseguir que la regulacion administrativa favorezca la innovacion.

El cambio climático global es la evidencia de una realidad, que se está manifestando con más rapidez y contundencia de lo que se ha previsto hasta ahora, y cuyas consecuencias ponen de manifiesto como el deterioro ambiental no es inocuo, sino que tiene consecuencias inevitables y devastadoras para la humanidad.La variabilidad del sistema climatico es irreversible y los fenomenos meteorologicos, tales como sequias, inundaciones y olas de frio y calor se suceden con mas frecuencia e intensidad, produciendo graves impactos, especialmente, para aquellas sociedades mas vulnerables. Las consecuencias del cambio climatico afectan a todos los aspectos de la vida: el suministro de agua y alimentos, las zonas de influencia y los patrones de las enfermedades, las formas de produccion y consumo, asi como el empleo. La necesidad de adaptarse a esta realidad, sin duda, constituye un reto para cualquier sociedad. El interes de la presente publicacion radica en proporcionar al lector un analisis integrado de los diferentes ambitos de estudio del cambio climatico y de la adaptacion de los sistemas humanos, proporcionando los conocimientos cientificos, tecnicos, juridicos y politicos fundamentales para diseñar, elaborar e implementar estrategias adaptativas a los efectos del cambio climatico a todos los niveles (internacional, europeo, estatal, regional e incluso local), con el fin de reducir los riesgos y las vulnerabilidades de nuestra sociedad frente a los cambios del sistema climatico.

Concepto de las bases de ejecución del presupuesto.Régimen jurídico de las bases de ejecución .Presupuestos de gastos. Regulación a través de las bases de ejecución de la actuación presupuestaria de la Corporacion. Presupuesto de ingresos. Regulacion a traves de las bases de ejecucion de la actuacion presupuestaria de la Entidad Local. Expedicion y tramitacion y documentos contables.Tesoreria .Adaptacion de la normativa presupuestaria a los principios y directrices emanados de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Modelo de bases de ejecucion del presupuesto general

Prólogo a la decimosexta edición.Prólogo a la decimoquinta edición.Prólogo a la novena.edición.Prólogo a la primera edición Referencia Bibliográfica.Abreviaturas utilizadas.INTRODUCCIÓN.Capítulo I. LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO.EL ORDENAMIENTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO.Capitulo II. EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO. LA CONSTITUCION COMO NORMA JURIDICA.Capitulo III. LA LEY.Capitulo IV. EL REGLAMENTO.Capitulo V. LAS RELACIONES ENTRE LEY Y REGLAMENTO. EN PARTICULAR, LA LEGISLACION DELEGADA.Capitulo VI. EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS ORDENAMIENTOS AUTONOMICOS: SISTEMA DE RELACIONES.LA POSICION JURIDICA DE LA ADMINISTRACION.Capitulo VII. LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.Capitulo VIII. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACION.Capitulo IX. LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACION Y JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA.LA ACTUACION ADMINISTRATIVA.Capitulo XX. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y ELEMENTOS, CLASES, EFICACIA DE LOS ACTOS. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.Capitulo XI. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (CONTINUACION): VALIDEZ E INVALIDEZ. REVOCACION Y ANULACION.Capitulo XII. LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACION Y, EN ESPECIAL, LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.Capitulo XIII. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOMINADOS (DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, SUMINISTROS Y OTROS): CONTENIDO, EFECTOS Y EXTINCION.Capitulo XIV. LA COACCION ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD TECNICA DE LA ADMINISTRACION.

Ante situaciones de riesgo alimentario en las que se desconocen las consecuencias que el consumo de determinados alimentos pueden conllevar para la salud y el medio, la legislación positiva habilita a las autoridades competentes a adoptar, en aplicacion del principio de precaucion, las medidas provisionales que estimen oportunas para preservar la salud y evitar que esos riesgos alimentarios, que se sospecha que puedan producirse, se materialicen en daños.En esta obra se analiza la figura juridica de las medidas provisionales como el mecanismo idoneo, de entre las distintas posibilidades de actuacion que tiene la Administracion, para hacer frente a los riesgos alimentarios que pueden acaecer; en aras a proteger la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores. Asi mismo, en esta investigacion es relevante el analisis de la responsabilidad patrimonial que recae en la Administracion Publica con la adopcion o con la no adopcion de las medidas provisionales ante situaciones de riesgo alimentario.

La definición de lo que sea de interés general no queda a la libre y caprichosa decisión del legislador y de la Administración. Las decisiones públicas de mayor relevancia han de ir precedidas de la informacion necesaria, y, en particular, de metodos y conocimientos que midan y valoren los efectos de las medidas proyectadas, asi como de sus posibles alternativas u opciones. De eso trata la evaluacion de impacto regulatorio.El presente libro trae experiencias de Derecho comparado, señaladamente de Francia y Estados Unidos, paises avanzados en la materia, y ofrece reflexiones de interes para todos, porque las tecnicas de evaluacion de impacto regulatorio, insertas en modernos procedimientos administrativos, se practican, tanto a nivel estatal como supraestatal, en buena parte del mundo. La obra recoge la vision de un nutrido grupo de expertos internacionales, en un lenguaje claro y sencillo, imprescindible para introducirse en una tematica de largo alcance y actualidad.

El desarrollo tecnológico, la globalización y el acceso a la información, así como la pluralidad de agentes que progresivamente intervienen en el ámbito de la producción, distribución, dispensación y administracion de los medicamentos, han aconsejado la ampliacion y reforzamiento de un sistema de garantias que gire en torno a la autorizacion y uso de los mismos. Con esta perspectiva se promulgo la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantias y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que sustituyo a la anterior Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.En esta nueva edicion se ofrece el texto de la Ley 29/2006 y se reproducen a pie de pagina los articulos de otras disposiciones distintas citados en aquella. Su contenido esta actualizado con la inclusion de todos los cambios efectuados hasta el momento, siendo los mas recientes los que han generado los Reales Decretos-leyes 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidacion y garantia del sistema de la Seguridad Social. Pero por encima de todo destaca la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento juridico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevencion de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, que ha originado practicamente un centenar de cambios en la redaccion del articulado de la Ley 29/2006, ademas de derogaciones y cambios de denominacion.

Esta monografía aborda en una primera parte cuestiones tales como la libertad de desplazamiento tanto de los extranjeros extracomunitarios como de los ciudadanos de la Unión en el Espacio Schengen, la gestion fronteriza y la cooperacion judicial en materia penal en la Union Europea y la proteccion de los derechos fundamentales. Y al estudio de la proteccion de datos en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia se dedica la segunda parte de la obra. Junto a los sistemas informaticos generados dentro del mencionado Espacio se presta una especial atencion al Sistema de Informacion de Schengen, en concreto, al SIS-II que ha entrado en vigor el 9 de abril de 2013. Estos materiales permiten acercarse al tema de la proteccion de datos desde este ambito bajo la perspectiva que nos ofrece el Ordenamiento interno, el Derecho de la Union Europea y las particularidades del caso suizo.

Con esta nueva entrega la tercera consecutiva, correspondiente al año 2012-llegamos ya a consolidar el Observatorio de Contratos Públicos como obra que recopila las cuestiones más interesantes relacionadas con la actividad contractual del Sector publico. Esta nueva edicion ha sido posible gracias a la obtencion -tras el oportuno proceso de concurrencia competitiva- de un nuevo proyecto de investigacion concedido por el Ministerio de Economia y Competitividad (Hacia una contratacion publica eficiente: medidas de simplificacion y mejora de los procesos de compra publica, ref. DER2012-39003-C02-01).En esta nueva edicion del Observatorio se han incluido algunos trabajos de prospectiva, con la vista puesta en el proceso de "renovacion" del Derecho europeo de contratos publicos que se encuentra en avanzado estado de gestacion, y que obligara, mas pronto que tarde, a la remodelacion de la normativa interna sobre contratacion publica, asi como trabajos relativos a la practica administrativa.El objetivo final de este libro es continuar dando opinion sobre la cuestion de la contratacion publica, tanto como marco normativo en continuo movimiento, como politica publica estrategica en el devenir de la forma de actuar de los poderes publicos. El nuevo paquete legislativo comunitario -el cuarto- y su necesaria trasposicion en España obligan a repensar como implementar esta nueva normativa, con el fin de garantizar el derecho a una buena administracion cimentada sobre los paradigmas de eficiencia e integridad

La presente edición, anotada y puesta al día, incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Boletín Oficial del Estado número 167, de 14 de julio de 1998), con las modificaciones introducidas por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre; 41/1999, de 12 de noviembre; 1/2000, de 7 de enero; 62/2003, de 30 de diciembre; 15/2007, de 3 de julio; 13/2009, de 3 de noviembre; 34/2010, de 5 de agosto; 2/2011, de 4 de marzo; 37/2011, de 10 de octubre, y 9 y 10/2012, de 14 y 20 de noviembre, asi como por las Leyes Organicas 4/2003, de 21 de mayo; 19/2003, de 23 de diciembre; 7/2006, de 21 de noviembre; 3/2007, de 22 de marzo; 1/2009, de 3 de noviembre, y 1/2010, de 19 de febrero, y los Reales Decretos-leyes 11/2011, de 26 de agosto, y 24/2012, de 31 de agosto.Tambien incluye la reforma del Reglamento 1/2005, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (Acuerdo de 28 de noviembre de 2007 del Pleno del CGPJ), por el que se establecen determinadas atribuciones contencioso-administrativas a favor del Juzgado de Guardia.El texto esta acompañado de un prologo explicativo del alcance de esa importante Ley, ademas de un indice analitico de materias que facilita la consulta del articulado.

La teoría del administrado y de sus situaciones jurídicas……

Esta nueva edición recoge el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los reglamentos que lo desarrollan y otras normas fundamentales en la materia actualizadas al cierre de la misma, anotadas y concordadas.Incluye 26 disposiciones a texto completo, una tabla de correspondencias entre las leyes objeto de refundicion y un indice analitico.

Este libro trata de aportar algo de luz sobre la cuestión de la justicia con la naturaleza. Lejos de pretender dar soluciones o recetas, es un intento de sacar a la luz preguntas y debates abiertos. Cuanto mas reflexionemos, cuantas mas mentes se queden en algun momento pensativas, mirando al vacio, cuestionandose..., estaremos mas cerca de conseguir que el concepto de justicia y en concreto, de justicia con la naturaleza, entre en nuestras vidas y nos mueva por dentro y por fuera. Es por tanto este un libro lleno de interrogantes implicitos y explicitos.

La presente edición, anotada y puesta al día, incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con las modificaciones introducidas por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre; 41/1999, de 12 de noviembre; 1/2000, de 7 de enero; 62/2003, de 30 de diciembre; 15/2007, de 3 de julio; 13/2009, de 3 de noviembre; 34/2010, de 5 de agosto; 2/2011, de 4 de marzo; 37/2011, de 10 de octubre; 9/2012, de 14 de noviembre; 10/2012, de 20 de noviembre; 3/2013, de 4 de junio, y 20/2013, de 9 de diciembre, asi como por las Leyes Organicas 4/2003, de 21 de mayo; 19/2003, de 23 de diciembre; 7/2006, de 21 de noviembre; 3/2007, de 22 de marzo; 1/2009, de 3 de noviembre; 1/2010, de 19 de febrero, y 3/2013, de 20 de junio, y por los Reales Decretos-leyes 11/2011, de 26 de agosto, y 24/2012, de 31 de agosto.Tambien incorpora la reforma del Reglamento 1/2005, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (Acuerdo de 28 de noviembre de 2007 del Pleno del CGPJ), por el que se establecen determinadas atribuciones contencioso-administrativas a favor del Juzgado de Guardia.El texto esta acompañado de un prologo explicativo del alcance de esa importante Ley, ademas de un indice analitico de materias que facilita la consulta del articulado.