eBooks de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 9 de 27

Trascendental trabajo ha realizado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, actual Viceprocurador General de la Nación, en esta obra titulada Dogmática del derecho disciplinario, en aras de afianzar el derecho disciplinario como una especialidad juridica, con una estructura propia, acorde con los principios consagrados en nuestra Constitucion Politica, fuente primaria y directa de la aplicacion del derecho, apartandose definitivamente de las distintas tendencias que lo ubican unas como una especie del derecho penal y otras en conexion con el derecho administrativo.Consecuente con ello es que el autor sienta las bases y crea una dogmatica propia del derecho disciplinario fundamentada en los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, inherentes a la nueva disciplina que ha logrado edificar.Tras un recuento historico de las diversas tendencias y la evolucion del derecho penal, y una vez expuestas las disimiles posturas de sus categorias, se presenta este trabajo con una metodologia diferente a traves de la cual se pretende definir la naturaleza juridica del derecho disciplinario, buscando otorgarle identidad y concrecion propias a la falta disciplinaria y a las categorias dogmaticas que igualmente la deben integrar. Todo esto con el fin de darle alcance de ciencia a este derecho, de manera independiente y autonoma, supeditando los principios de oportunidad y conveniencia, consubstanciales al mismo, a la vigencia del principio de legalidad, asi como a postulados importantisimos del derecho penal.

En este nuevo libro que publican sus autores se ofrece un análisis sobre las consecuencias jurídicas del delito, tanto en relación a las personas físicas como a las jurídicas, examinándose las penas privativas de libertad, el beneficio de la inejecucion de la pena de prision, las medidas de seguridad, asi como las penas de multa, las privativas de derechos, las penas accesorias y las consecuencias accesorias. Otras consecuencias juridicas del delito, como es el caso de la responsabilidad civil y las costas procesales, son tambien objeto de especial estudio en este libro, que se completa con la cuestion referida a la cancelacion de los antecedentes penales y un pequeño anexo legislativo.Los autores sostienen que hay que terminar con la creencia de que el derecho penal es un ?arma? y que su funcion es la ?lucha contra la delincuencia?, como si los delincuentes fueran los enemigos de la sociedad, y que hay que centrar el fenomeno de la delincuencia en el marco de la politica social, pues una sociedad que logra recuperar a los delincuentes, lograra al mismo tiempo una mejor proteccion y una mayor seguridad publica. Con tal fin, todo codigo penal debe ofrecer un extenso abanico de posibilidades en el ambito de las consecuencias penales, contemplando la pena de prision como una excepcion y proporcionando a la fase de ejecucion de las penas la importancia que realmente tiene, aunque ello, ciertamente, puede poner en evidencia las carencias materiales de la justicia en general, y las de la justicia penal en particular.Igualmente, critican la tendencia oportunista de algunos legisladores hacia el populismo punitivo, en la creencia de que un endurecimiento de las penas y una mayor extension del sistema penal en general permite una mas eficaz proteccion y seguridad de la sociedad y sus interesas frente a la delincuencia, olvidando quienes sostienen este punto de vista que la mejor manera de lograr estos deseables objetivos es a traves de la recuperacion social del delincuente, que representa, ademas, un mandato constitucional, y que no siempre la expansion del derecho penal, irrumpiendo ambitos tradicionalmente reservados a otros subsistemas juridicos, se traduce en una mas eficaz proteccion.

La presente investigación desarrolla un análisis criminológico de los asesinos en serie tanto desde una perspectiva teórica como práctica. En este sentido, la obra se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se procede a analizar el marco teorico que rodea a los asesinos en serie, tomando en consideracion las aportaciones cientificas, desde las tradicionales a las mas recientes, para verificar aspectos tan significativos como su conceptualizacion, requisitos identificativos y diferenciacion con otros delincuentes, origen y fases por las que atraviesan, prestando una especial atencion a la fantasia, como elemento nuclear de la conducta del asesino serial, la motivacion que los impulsa a matar, la representatividad por genero y su explicacion, el modus operandi con el que actuan, el cual permite clasificarlos en organizados, desorganizados y mixtos y la aplicacion de la teoria de los circulos geograficos para delimitar su procedencia; todo ello ejemplificado con el analisis de casos de asesinos en serie extranjeros.La segunda parte se centra exclusivamente en el estudio de asesinos en serie que han desarrollado sus crimenes en España, para lo cual se ha procedido a aislar una muestra de once criminales seriales mas un pseudoasesino en serie, tomando en todo momento como referencia los hechos probados en las distintas sentencias condenatorias. Asi pues, se estudia pormenorizadamente cada uno de los casos descritos, procediendo a resaltar los aspectos mas llamativos de cada uno, contrastandolo con los parametros teoricos mencionados en el capitulo anterior y analizarlos con el rigor cientifico propio de una investigacion de estas caracteristicas. Por otro lado, se han compilado todas las caracteristicas obtenidas de los asesinos en serie españoles procediendo a realizar un estudio empirico en el que se han medido caracteres personales ?edad, sexo, estado civil y procedencia?, criminales ?forma de asesinar, lugar y tiempo de comision, modificacion de la escena, relaciones genericas y sexuales con la victima, fetichismo y tipologia criminal concreta en la que se ubicarian? y penales ?antecedentes criminales y circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad penal?, con el proposito de establecer finalmente un perfil criminal generico de los asesinos en serie españoles.

Aunque centrado especialmente en el procedimiento de actuación ?de ahí su título?, este trabajo también aborda otras cuestiones relativas a los orígenes, marco normativo y aspectos orgánicos del Juez de Vigilancia Penitenciaria, pues podemos afirmar que este Juez es el gran desconocido del organigrama de la jurisdiccion española, de tal modo que el conocimiento de estas cuestiones, constituye un presupuesto necesario para conocer el procedimiento por el que debe actuar sus competencias.Cuando se han cumplido ya mas de 35 años desde que entraron en funcionamiento estos Jueces, ?pieza clave de nuestro sistema penitenciario? segun las propias palabras del Tribunal Constitucional, el legislador español ha demostrado que no tiene una idea clara de que es lo que quiere que sea el Juez de Vigilancia, al que tiene abandonado, como lo demuestra su falta de interes hacia el mismo al no haber regulado aun el correspondiente procedimiento para que pueda desempeñar eficazmente sus funciones.Mejorar el sistema penitenciario no es solo hacer mas carceles, mas modernas, con mas medios tecnicos, y con mejores instalaciones de todo tipo. De nada vale todo esto sin la eficaz intervencion del Juez de Vigilancia en orden a la tutela judicial efectiva de los internos, para lo que precisa estar dotado de la herramienta procesal adecuada.Con este trabajo hemos querido aportar un granito de arena, una gota de agua que pueda servir de alivio ante esta sequia legislativa.Juan Rafael Benitez Yebenes es Doctor en Derecho por la Universidad de Cordoba. Magistrado, destinado actualmente en la Seccion Septima de la Audiencia Provincial de Malaga, con sede en Melilla. Tambien desempeña en regimen de compatibilidad (art. 94.5 LOPJ) el cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria de esta Ciudad. Profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Granada en el campus de Melilla. Fundo y preside la Asociacion Melillense de Estudios Penitenciarios.

La presente obra se ocupa de la incorporación al Código penal de la Prisión permanente revisable por LO 1/2015. Se trata de la reforma número 29 de Código de 1995, lo que pone de manifiesto la inseguridad del legislador y la falta de una politica criminal medianamente aceptable. Esta pena ha sido criticada desde muchos sectores: partidos politicos, doctrina, judicatura, abogacia, etc., pues estiman que es inconstitucional. Por el contrario, en la obra se defiende la constitucionalidad de esta pena, pero se considera que debe ser derogada, pues su aplicacion puede llevar a supuestos en los que se convierta en indefinida, es decir, de por vida. La prision perpetua existe en 33 paises europeos, donde se establece un limite minimo de cumplimiento para ser revisada, aunque con diferentes sistemas y garantias.Frente a los argumentos teoricos de quienes plantean la inconstitucionalidad, en la obra se recomienda la derogacion en un trabajo empirico, basado en consideraciones criminologicas y de Ciencia penitenciaria. Tras el estudio de internos que llevan en prision entre 9 y 23 años, de forma ininterrumpida, se llega a la conclusion de que en el hipotetico supuesto de haber sido condenados a la pena de prision permanente revisable, algunos nunca superarian las revisiones para conseguir la libertad condicional. Por tanto, para ellos, la prision podria convertirse en indefinida, de por vida. Cabe plantearse si desde ese momento la pena se convertiria en inconstitucional. Si el legislador hubiera pedido informacion previa a criminologos y penitenciaristas, posiblemente no hubiera incorporado esta pena al Codigo penal. Por ultimo, teniendo en cuenta los delitos para los que se establece la pena, y las previsibles caracteristicas de sus autores, no tendra efectos en cuanto a incrementar la prevencion general.

Cualquiera de los aspectos abordados por la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, es más que idóneo para reflexionar sobre los fundamentos y la justificación de un Derecho penal que empieza a dejar de serlo. Sin embargo, el reto que plantea el regimen de responsabilidad penal de las personas juridicas para la teoria del delito, resulta especialmente sugestivo. A el se dedica la presente monografia.La autora se centra en el estudio de las circunstancias atenuantes del art. 31 quater del Codigo Penal, como base sobre la que incidir en cuestiones como la viabilidad de considerar a las personas juridicas verdaderos sujetos de Derecho penal, a quienes sancionar por un hecho propio y al margen del merecimiento. Son cuestiones con importantes consecuencias practicas, tal y como se refleja a lo largo de todo el escrito.La obra parte de un estudio sobre el sistema vigente y la ultima jurisprudencia sobre el sistema de responsabilidad de las personas juridicas. Despues, ofrece un marco general desde el que reinterpretar dicho sistema, a la luz del regimen de atenuacion de las sanciones corporativas. Por ultimo, analiza cada una de las circunstancias atenuantes en concreto, incidiendo en las implicaciones practicas de su implementacion.Uno de los principales meritos de la presente obra es que en todo momento el analisis esta guiado por la experiencia de Derecho comparado. La autora profundiza en el Derecho federal de Estados Unidos y en los ordenamientos aleman, italiano y chileno, como referentes inexcusables con los que atender a la novedad que la responsabilidad penal de las personas juridicas ha supuesto para nuestro Derecho penal.Sin duda, este estudio constituye una de las principales monografias relativas a lo que, por el momento, se presenta como el "tema de moda" tanto en la practica forense y jurisprudencial, como en las contribuciones de la dogmatica penal.

Países líderes en I+D, como por ejemplo Alemania o los Estados Unidos, han cifrado en varios miles de millones de euros el valor de las pérdidas ocasionadas cada año por las violaciones de los secretos empresariales de las empresas con sede en su territorio.En el ordenamiento juridico español, la proteccion juridica de las posiciones legitimas de dominio sobre un secreto empresarial se lleva a cabo mediante la prohibicion juridico-privada (arts. 13 y 14 LCD, por ejemplo), asi como mediante la prohibicion bajo amenaza de pena (arts. 278 a 280 CP), de un amplio espectro de conductas de lesion de tales posiciones de dominio. Concepto central en estos regimenes de proteccion es el de "secreto empresarial". El ambito de aplicacion de sus normas de conducta depende, de modo decisivo, del contenido que se adscriba a este concepto. Prueba concluyente de ello es que buena parte de las causas penales iniciadas por presunta violacion de secreto empresarial acaban sobreseidas o con la absolucion del acusado (el 61,5 por 100) y, en la mayor parte de esos casos (el 66,7 por 100), el motivo o uno de los principales motivos del archivo o de la absolucion es que la informacion objeto de litigio no se considera calificable de secreto empresarial. La trascendencia practica del concepto es aun mas evidente en el ambito juridico-privado, donde el 69 por 100 de las resoluciones son desestimatorias de las demandas por violacion de secreto empresarial y en el 87 por 100 de los casos por razones basadas en el concepto de secreto.Sin embargo, la nocion de secreto empresarial dista mucho de ser pacifica. A pesar de la definicion prevista en el art. 39.2 ADPIC, asumida por la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio, existen discrepancias en la concrecion del concepto, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, apenas se ha abordado una cuestion fundamental en relacion con los regimenes de proteccion juridica de las posiciones legitimas de dominio sobre un secreto empresarial: ¿quien ocupa tal posicion? Ambos problemas son abordados en esta monografia, con bases metodologicas y politico-juridicas solidas y a la luz de la doctrina y jurisprudencia alemanas y estadounidenses.

En el delito de asesinato se introducen supuestos a los que todos podemos poner nombre y apellido, propiciados por casos mediáticos de menores o adolescentes asesinadas tras sufrir delitos sexuales o por la influencia de las asociaciones de victimas del terrorismo. Invocando criterios de utilidad se podria decir que la norma llega tarde y mal. En los nuevos supuestos ademas se introduce la pena de prision permanente revisable, que aunque tiene cabida en el marco constitucional español ha sido enormemente criticada.El Profesor Muñoz Conde aborda magistralmente un estudio pormenorizado e incisivo del actual delito de asesinato, analizando los elementos del tipo, pero tambien los actos preparativos y la tentativa asi como la libertad vigilada.El creciente numero de casos relacionados con la violencia de genero ha sido tambien excusa para abordar en esta reforma las modificaciones relacionadas con varios delitos. La Dra. Silva Cuesta analiza tanto las lineas generales cuanto las modificaciones concretas del Codigo penal en esta materia, que van desde la supresion de la falta de injurias hasta las modificaciones de pena y la introduccion de nuevas modalidades delictivas relacionadas con la violencia de genero.La situacion de niños y adolescentes como victimas expuestas a la violencia de genero que ha sufrido alguno de sus progenitores o incluso ellos mismos es abordada por la letrada Peral Lopez, quien subraya la situacion de desamparo a la que en gran mayoria de situaciones se ven sometidos estos menores. Velar por el interes superior del menor ha de ser el principio inspirador de las actuaciones con menores expuestos a este tipo de violencia.En cuanto a los delitos economicos, la abogada Violeta Garcia Arenas analiza el tratamiento juridico penal de las insolvencias punibles y mas concretamente del delito de alzamiento de bienes, que la Reforma de 2015 tambien modifica, introduciendo nuevas modalidades delictivas.Un brillante estudio pormenorizado del delito de blanqueo de dinero, tras la reforma, con anotaciones comparativas con el derecho americano es el que nos propone el Profesor Miguel Abel Souto.Los denominados Papeles de Panama saltaron a la opinion publica meses mas tarde, pero en las V Jornadas sobre las Justicia el Dr. Victor Manuel España Alba ya habia presentado una comunicacion en la que alertaba de ?La riqueza oculta de las Naciones y los paraisos fiscales?.El tratamiento de las modificaciones que se han llevado a cabo en los delitos relativos a la ordenacion del territorio, patrimonio historico, medio ambiente y flora y fauna ha sido acertadamente analizado por el Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalia Provincial de Barcelona, D. Antoni Pelegrin Lopez y, concretamente, la proteccion que el Codigo penal dispensa a los museos en relacion con la nueva tipificacion del art. 323 Cp ha sido puesta de manifiesto por la Dra. Martinez Rodriguez, tambien Fiscal.La lucha contra la corrupcion ha llevado al legislador de 2015 a una la agravacion de penas en la mayoria de los delitos contra la Administracion publica. El Dr. Auolad Ben Salem Lucena analiza las modificaciones en el delito de cohecho, en sus distintas modalidades, en relacion no solo con la pena sino tambien en cuanto a los nuevos sujetos activos que introduce la Reforma de 2015.En relacion con los delitos de terrorismo, la Reforma de 2010 llevo a cabo una sustancial modificacion. Ahora la Reforma de 2015 establece un concepto de terrorismo en el art. 573 y se introducen modalidades especificas. Entre ellas la Profesora Cuadrado Ruiz analiza en concreto el terrorismo biologico -el bioterrorismo-, en alusion a las armas biologicas, cuya mencion ha sido introducida especificamente en los delitos de terrorismo.

Este libro tiene como objetivo el estudio y discusión de una parte central ?la relativa a la penas? de las novedades introducidas por las LO 1/2015 y LO 2/2015 de reforma del Código Penal y de los delitos de terrorismo, respectivamente, que ya entraron en vigor el 1 de julio de 2015. El derecho penal se encuentra sometido a un proceso de cambio permanente que, si bien hace tan solo unas decadas era de indole excepcional, se ha convertido en una caracteristica estructural y permanente. Los cambios legislativos se multiplican y se aceleran con cada eleccion de un nuevo gobierno, convirtiendose la politica criminal en una de las principales politicas simbolicas como instrumento primario de comunicacion con el electorado. El primado de la voluntad comunicativa de los procesos de reforma ha desplazado el papel y la dimension tecnica hasta el punto de que las reformas, al menos en el Estado español, prescinden de un analisis detenido de los cambios propuestos y su contraste con ?inexistentes? evaluaciones de otras reformas previamente realizadas. El objetivo de esta contribucion es precisamente analizar los cambios que se impulsan a traves de las citadas LO 1 y 2/2015, con particular atencion a todo lo que tiene que ver con el nuevo diseño de la regulacion de las penas. Seran por ello objeto de estudio el propio proceso legislativo de reforma, la prision permanente revisable ?desde una optica comparada, con especial atencion a la regulacion austriaca y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?, la libertad vigilada, las medidas de seguridad y los pronosticos de peligrosidad, la suspension de la ejecucion de la pena privativa de libertad y otras alternativas a la prision, la supresion de las faltas y las ultimas modificaciones en materia de responsabilidad de las personas juridicas.Jon-Mirena Landa Gorostiza es catedratico ?acreditado? de Derecho Penal en la Facultad de Derecho ?Bizkaia? de la Universidad del Pais Vasco (UVP-EHU) y es director de la Catedra de Derechos Humanos y Poderes Publicos de la UPV/EHU. Sus principales lineas de investigacion tienen que ver con el racismo, la xenofobia, la discriminacion, asi como con los delitos de odio, terrorismo, crimenes contra la humanidad y penologia. En la actualidad dirige un grupo de investigacion financiado por el Gobierno español (I+D+I DER 2015-64599-P) en materia de sanciones penales desde una optica comparada con especial atencion a los delitos de odio y de terrorismo.

El objeto de este temario son las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el pasado año 2015, las cuales se contuvieron en cinco distintas disposiciones legales: tres leyes organicas y dos leyes ordinarias. Al haber transcurrido casi un año desde la entrada en vigor de dichas modificaciones legales, contamos ya con la experiencia suficiente para valorar si las mismas han producido el efecto deseado, si dichas modificaciones han mejorado, o no, el procedimiento penal español y si dichas reformas han sido suficientes para alcanzar los fines que el legislador se propuso.Este temario esta dirigido, fundamentalmente, a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la Administracion de Justicia, por lo que nos centraremos en aquella parte de las modificaciones legales que mas directamente tienen relacion con el dia a dia del trabajo de dichos funcionarios.

Video vigilancia, controles, masiva presencia policial, expansión del Derecho penal, sistemas de seguridad férreos e intrusivos, blindan nuestros hogares pero también el espacio donde vivimos. El diseño de viviendas y lugares publicos como parques y jardines, son delimitados por sistemas de seguridad que recuerdan recintos carcelarios. Edificios con vistas a paisajes notorios donde se interponen rejas de proteccion distorsionando una belleza que el observador sacrifica por una seguridad fria y oscura. La profusion en los medios de comunicacion de la actividad delincuencial mas violenta, crea imaginarios sociales donde el delincuente acecha y la inseguridad se traslada a espacios privados como nuestros hogares y publicos como calles y plazas.Ante esta tesitura la pregunta que nos podemos hacer es si esta mayor demanda de seguridad es causada por las situaciones reales que dicen propiciarla o es fruto de un miedo imaginario dependiente de otros factores que no tienen que ver directamente con la seguridad. En la obra Miedo, Control Social y Politica Criminal. Una vision multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades se analizan estos miedos comprendiendo sus elementos definitorios, buscando el sustrato comun a ellos y como inciden directamente en la sociedad. Las ciencias juridicas y sociales han de recoger estas cuestiones, analizando y dando respuesta a estos nuevos desafios a los que se enfrenta la humanidad, pues la propia convivencia esta en juego.Manuel Castillo Moro, es oficial de la Guardia Civil y profesor en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza. Doctor en Derecho por la Universidad de Jaen con la maxima calificacion de Sobresaliente ?cum laude? por Unanimidad. Licenciado en Sociologia y Criminologia y Graduado en Derecho Ha cursado distintos Masteres Oficiales, entre ellos: Master de Acceso a la Abogacia, Master en Seguridad, Master en Prevencion de Riesgos Laborales, Master en Gestion Administrativa, Master en Derecho Societario Consumidores y Arbitrajes y Master en Ciencias de la Seguridad y Criminologia. Poseedor de distintos meritos civiles y militares, ha formado parte como ponente en distintas Jornadas sobre Seguridad. Designado como investigador y tecnico por el Estado Mayor Direccion General de la Guardia Civil para la mejora e implementacion del Sistema de Intervencion Operativa en la Guardia Civil.

La existencia de la pena estatal es un continuo en el devenir de la humanidad. También lo son los estudios que se encargan de su análisis y de su justificación. Sin embargo, tras tanto esfuerzo, las soluciones a los problemas de la teoria de la pena son tan variadas como variados son los autores que se han aproximado intelectualmente a ellos. Ademas, de entre todas las posiciones dogmaticas, ninguna parece llevar la delantera en la dialectica academica actual.Frente a aquel fenomeno, esta obra pretende arrancar el acercamiento a la institucion punitiva desde su base, que no es otra que el comportamiento humano. Si aceptamos que el castigo estatal es una de las formas de control social de conductas, resulta interesante comenzar conociendo como se comporta el ser humano con relacion a los fenomenos punitivos. Desde ese punto inicial se pueden confirmar empiricamente las intuiciones que se esconden tras una gran parte de las teorias de la pena y construir una justificacion propia de la misma que, aceptando tanto la complejidad del comportamiento humano como la de los efectos del castigo en el mismo, reconozca una vigencia todavia muy fuerte (aunque tambien muy diversa) de las teorias tradicionalmente denominadas como prevencion general negativa y positiva. Ademas, este modo de aproximacion tambien consigue explicar la pervivencia del irracional pensamiento retributivo y el encaje de las mas modernas teorias del fair play. En suma, facilita construir un modelo de justificacion de la pena complejo y netamente consecuencialista fundamentado en realidades empiricamente constatables, lo que, por un lado, vacuna a esta posicion frente a criticas puramente valorativas y, por otro, pretende que la discusion general se desarrolle sin perder de vista el mundo de lo factico.

El objetivo esencial de este trabajo es analizar cómo se realizan a nivel interno las argumentaciones político-criminales inherentes a la decisión legislativa en un contexto sociopolítico que las condiciona, y como deberia realizarse, prestando especial atencion al papel que la evaluacion de las consecuencias de la norma penal deberia jugar en este proceso, tanto en retrospectiva o ex post\" (es decir, respecto a la ley penal vigente), como en prospectiva o \"ex ante\" (es decir, respecto a la ley penal en formacion). Se estudian para ello los diversos instrumentos tecnicos que existen con el objeto de evaluar las politicas publicas y, en particular, la politica legislativa, tanto a nivel teorico como a nivel practico en perspectiva comparada. Ello servira al autor para poner de manifiesto las carencias de nuestro Ordenamiento en este punto, en particular en lo que se refiere al ambito legislativo penal. Asi, podra finalmente proponer una serie de elementos que deberia aglutinar un modelo teorico que guiara la decision legislativa penal para que fuera producto de un analisis en terminos de racionalidad y de legitimidad (material), que, valiendose de los criterios evaluativos de efectividad, eficacia y eficiencia, valore la intervencion realizada, o a realizar, sobre la base de la necesidad de llevarla a cabo, de la inexistencia de otros medios juridicos o no juridicos para emprenderla y de la proporcionalidad de la misma.Samuel Rodriguez Ferrandez es Doctor en Derecho (2011) y Licenciado en Ciencias Politicas (2004) y en Criminologia (2008). Actualmente desempeña su labor como Profesor en la Universidad de Murcia. Entre sus estancias de investigacion, realizo dos especialmente decisivas en el contenido de este libro: en la \"Forschungsstelle fur Europaisches Strafund Strafprozessrecht\" (Tubingen, Alemania) y en el \"Kriminologian ja Oikeuspolitiikan Instituutti\" (Helsinki, Finalndia). Actualmente es miembro del \"Grupo Español de Politica Legislativa Penal\" asi como del \"WG Criminal Law-Making Policy\" dentro de \"European Society of Criminology\".\"

La base esencial de este libro se asienta en un estudio crítico y realista de la pena en el Estado social y democrático de Derecho. No se plantea como un análisis en el sentido más tradicional de aproximacion al concepto, fundamento, necesidad o fines de aquella con la reproduccion de las teorias mas sobresalientes al respecto, sino que situa los citados parametros sobre hipotesis de racionalidad democratica y social y de legitimidad material basada en la aplicacion cierta de los principios que fundamentan dicha legitimidad desde la perspectiva constitucional, con el objetivo de valorar y evaluar el grado y nivel de eficiencia y eficacia que se ha de requerir a una institucion tan limitadora o, incluso, anuladora de derechos fundamentales de los ciudadanos. Sobre tales planteamientos se profundiza en la autentica realidad de la pena de prision tanto en su manifestacion normativa como en su concreta aplicacion desde una dimension relevantemente empirica que conduce a atender de igual modo al resto de las penas fijadas en el catalogo correspondiente del articulo 33 del Codigo Penal, como alternativas derivadas de la propia naturaleza de las penas, no tanto en su contenido conceptual como en el comparativo con la de prision, y a las alternativas especificas, desde un enfoque instrumental prioritariamente con vocacion estadistica, penitenciaria, sociologica y criminologica. Se construye, de este modo, un solido armazon cientifico, dogmatico, legislativo y fundamentalmente practico que sirve como autentica propuesta politico criminal propia del siglo XXI. En definitiva, el objetivo final es, sobre la recopilacion, interpretacion y evaluacion de los datos e hipotesis que se han obtenido de la metodologia utilizada, conseguir, sobre ellos, un diagnostico completo de la efectiva incidencia del sistema de penas, con la amplitud mencionada, de sus carencias y debilidades actuales, para mostrar unas variables politico-criminales que superan las permanentes contradicciones de un expansionismo sin al parecer limites y un reduccionismo perdido, a veces, en versiones no totalmente aceptadas socialmente.

La obra que se presenta constituye un estudio completo del delito de publicidad engañosa. Desde tal dimensión, la autora realiza un exhaustivo análisis de las cuestiones nucleares que atañen el artículo 282 del Texto punitivo; fijando la investigacion en los diversos interrogantes dogmaticos y politicos criminales que el delito plantea.Con sumo detalle, contempla el contexto normativo de dicha figura, e incide en el bien juridico protegido, tanto en los delitos socioeconomicos, como en los dirigidos estrictamente contra los consumidores, ademas de acometer, con profundidad, el examen del bien tutelado en el delito publicitario. Igualmente, a traves de una metodologia sistematizada, individualiza la aplicacion de cada uno de los elementos que componen el tipo; abordando interesantes reflexiones doctrinales y jurisprudenciales y sugiriendo atractivas propuestas, de lege ferenda y lege data, que nos acercan a la justificacion de tal incriminacion penal.Belen Macias Espejo, Doctora en Derecho por la Universidad de Granada y Licenciada en Criminologia por la Universidad de Murcia, es Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Jaen y abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Es autora de publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Miembro del Grupo de Investigacion Derecho Penal, Criminologia, Democracia y Derechos Fundamentales"."

La historia del derecho colombiano refleja exactamente la forma cómo las instituciones y los gobernantes se han amoldado a las nuevas realidades de la sociedad. En este sentido, muchos cambios, han sido fruto de reclamaciones violentas, otras pacificas, por reformas al gobierno, a la administracion, a las instituciones juridicas, politicas y sociales en general, reclamando justicia, igualdad y la proteccion de los derechos de las personas. En este contexto se considera pertinente estudiar uno de los temas mas tradicionales del derecho, sus fuentes, presentando las alteraciones que han sufrido, al reconocer la aparicion de nuevas instituciones que han incursionado con fuerza en el ordenamiento, afectando la jerarquia existente.A pesar de que el sistema colombiano se enmarca dentro del Sistema Romano Germano donde la ley es la principal fuente del derecho, en la actualidad, conceptos como el precedente judicial han tomado fuerza convirtiendose verdaderamente en fuente del derecho colombiano, alterando la concepcion clasica de las fuentes y su organizacion jerarquica tradicional de acuerdo al valor vinculante que se le ha otorgado. Lo cual se puede evidenciar en la Ley 1437 de 2011 en la que el legislador intervino en la materializacion del concepto de precedente judicial en la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, con la creacion de las sentencias de unificacion y la posibilidad de extender los efectos de las mismas.Lo novedoso de la publicacion es que la discusion sobre la alteracion de la jerarquia de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teorica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificacion y la extension de jurisprudencia.

La presente obra recoge los debates de la Comisión General de la Codificación que preparó el Código Penal de 1928.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo, tanto en España como en los países de nuestro entorno, es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura constitucional de ambos conceptos que los asocie, ineludiblemente, con aspectos tan esenciales de nuestra convivencia como la ordenacion territorial, el acceso y disfrute de la cultura, el orden socio economico o con algunos derechos fundamentales de los ciudadanos que se desprenden de su relacion, individual o colectiva, con el entorno historico en el que todos estamos inmersos.Materia tradicionalmente olvidada por el legislador penal, el paso del tiempo ha demostrado la necesidad de que se articulara una nueva categoria de proteccion con la publicacion del Codigo Penal español de 1995. Esta regulacion, sin embargo, ha seguido lastrada por graves e incomprensibles defectos tecnicos e incoherencias de todo tipo que dificultan su aplicacion y una interpretacion pacifica sobre un aspecto de particular trascendencia para España, como es la proteccion de su riqueza arqueologica y monumental. Se propone un analisis amplio de la proteccion de los bienes arqueologicos y, en especial, de sus yacimientos que, concebidos como fuentes de informacion cientifica de incalculable valor, han sido con frecuencia centro de polemica y siguen ofreciendo problemas o retos interpretativos para el jurista que hubieran sido impensables hace pocos años.Partiendo de la percepcion social que determino la consagracion constitucional de los bienes culturales, el autor lleva a cabo un analisis actualizado de la norma penal que los defiende y de sus complejas relaciones con otras parcelas del ordenamiento juridico resaltando, al mismo tiempo, un breve bosquejo de las nuevas utilidades y controversias que suscita la dimension arqueologica en las sociedades de nuestro tiempo como uno de los elementos conformadores de su futuro. Jesus Mª Garcia Calderon, tras su ingreso en la Carrera Fiscal, cubrio sus primeros destinos en las Audiencias Provinciales de Huelva y Sevilla. En 1995 fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalia Provincial de Lugo y en 2001 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, cargo que desempeña en la actualidad. Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, como estudioso del derecho penal destacan sus trabajos para la defensa del Patrimonio Historico y los bienes culturales. Fue uno de los ocho vocales designado por el Gobierno que, integrado en la Comision de Modernizacion del Lenguaje Juridico, desarrollo sus trabajos en el Ministerio de Justicia en los años 2010 y 2011. Fruto de aquella actividad, ha publicado igualmente diversos trabajos sobre la articulacion de un nuevo derecho a comprender. Director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, su labor intelectual ha sido reiteradamente reconocida por distintas sociedades cientificas, universidades y otras corporaciones de derecho publico.

Este estudio realiza un diagnóstico sobre la violencia protagonizada entre iguales y sus nuevas formas de comisión, por ser una preocupante realidad presente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Su manifestacion implica exclusion social, intimidacion y maltrato infantil. El estado actual de la cuestion podria calificarse de preocupante, mas aun por el impacto de las TICs, que sin lugar a dudas amplifica los efectos devastadores del bullying tradicional. Esta investigacion alerta, con datos contrastados, sobre el aumento del uso de las redes sociales (Tuenti, Facebook o Twitter) y dispositivos moviles (aplicaciones WhatsApp) como plataformas para la realizacion de actos de violencia escolar y otros tipos de acoso con elementos sexuales entre menores (child grooming y sexting). Conductas vejatorias, amenazas, comentarios dañinos, difusion de fotos o videos de contenido comprometido, facilitados voluntariamente por la victima a otro menor y que pueden generar un proceso de ciberbullying entre menores y adolescentes que se conocen dentro del mismo circulo educativo.Ante este panorama, en el que se aprecian carencias o deficits a distintos niveles, es preciso dotar a la sociedad de potentes instrumentos en fase de prevencion, cuyo abordaje se hace inmediato e imprescindible. Distintas medidas que desde el propio ambito educativo, resultarian suficientes para poner freno al problema. Sin embargo, cuando las medidas preventivas o disuasorias no han funcionado y no es posible la desjudicializacion del conflicto, victima y agresor se incorporan al proceso. Las viejas y nuevas formas de violencia entre pares son conductas antijuridicas, que ademas del reproche criminal que merecen, dan lugar a la correspondiente responsabilidad civil para reparar el daño injustamente causado. En este contexto se analiza y sometemos a consideracion si el actual sistema judicial responde adecuadamente a la reparacion integral de los daños resarcibles al menor victima y si procura la rehabilitacion y resocializacion de menor infractor autor de estas conductas.Ana Mª Perez Vallejo es Doctora en Derecho por la Universidad de Almeria (1998) y Profesora Titular de Derecho civil. Sus lineas de investigacion prioritarias vienen referidas a Familia y Proteccion de Menores, Derecho de Daños e Igualdad de genero. Ha realizado distintas estancias de investigacion en Universidades y Centros extranjeros. Es autora y cuenta con mas de 100 contribuciones (Libros, articulos, capitulos de Libros, Ponencias y Comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales). En la actualidad, es Responsable del Grupo de Investigacion Transversalidad e interdisciplinariedad del Derecho civil (SEJ-235) e Investigadora Principal del Proyecto I+D Analisis juridico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervencion socio-legal (DER2014-58084).Fatima Perez Ferrer es Doctora en Derecho por la Universidad de Almeria (2004) y Profesora Titular de Derecho Penal. Es miembro del Grupo de Investigacion Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada (SEJ -151), y de distintos Proyectos de investigacion a nivel nacional sobre temas relacionados con Seguridad Vial, Violencia de Genero, Menores, Urbanismo y delitos de corrupcion. En la actualidad, es miembro del Proyecto I+D Analisis juridico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervencion socio-legal (DER 2014-58084). Autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Profesora Visitante en el Institut fur die gesamten Strafrechtswissenchaften en Munich (Almenia).

La magnitud del tráfico de drogas y el consumo ilegal de sustancias estupefacientes en la actualidad alcanza proporciones alarmantes, siendo nuestro país de gran consumo y es utilizado como puente para otros paises.Esta obra analiza los antecedentes proximos en relacion al Trafico de drogas, en cuanto se refiere a la Cronologia historica de Canarias