Gorgonio Martinez Atienza

Concordada con la Ley de 1985 y los Reglamentos de 1986, 1996 y 2001. Disposiciones normativas. Jurisprudencia. Comentarios doctrinales.

Derecho Administrativo: Sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sentencias del Tribunal Constitucional (cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo). Sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunales Superiores de justicia (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia del Tribunal Constitucional (estado de alarma). Salas de conflictos de jurisdiccion de los articulos 38 y 39 de la LOPJ. Sala del articulo 42 de la LOPJ (contencioso-administrativo y civil, y, contencioso-administrativo y social). Sala especial del articulo 61 de la LOPJ. Acuerdo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades. Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la doto de las caracteristicas que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la mision que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legitimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administracion.Las cuatro decadas transcurridas desde que aquella Ley se aprobo han traido consigo numerosos y trascendentales cambios, en el ordenamiento juridico, en las instituciones politico-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no esta ajustada a la evolucion del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administracion de Justicia.Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitucion de 1978.

Responsabilidad penal y disciplinaria militar: Derecho penal militar. Garantías penales y aplicación de la ley penal. Derecho disciplinario militar. Procedimiento penal y expedientes disciplinarios. Recurso contencioso-disciplinario militar. Sentencias de la sala de lo militar del Tribunal Supremo (penal y contencioso-disciplinario). Sala de conflictos de jurisdiccion del articulo 39 de la LOPJ y jurisdiccion militar. Sentencias del Tribunal Constitucional y jurisdiccion militar. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y jurisdiccion militar. Sentencias del Tribunal de la Union Europea y jurisdiccion militar (cuestiones prejudiciales).

El delito de divulgación intencionada de invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, protege la defensa nacional y tiene por objeto material la patente por interés de la defensa nacional o patente de invencion con las especialidades que establecen los arts. 111 a 115 LP; y puede ser cometida esta infraccion penal por las personas fisicas y las personas juridicas. El art. 277 CP tipifica un delito no patrimonial ni socioeconomico por proteger principal o esencialmente los intereses de la defensa nacional, siendo el unico elemento tipico que vincula esta infraccion penal con las infracciones contra la propiedad industrial la invencion objeto de una solicitud de patente secreta o de interes para la defensa nacional o la patente referida que esta registrada; y es un tipo penal en blanco porque ha de contravenir la legislacion de patentes. La conducta tipica pone de manifiesto que es un delito no pluriofensivo de tendencia, de simple actividad, de peligro abstracto y de efectos permanentes. La revelacion de secretos militares y tambien de secretos oficiales de forma imprudente puede generar responsabilidad disciplinaria militar o funcionarial.

Los ciberdelitos son ciberacciones típicas, antijurídicas, culpables y punibles, para cuya consumación se hace necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información o la comunicación sin el consentimiento o autorizacion exigibles o utilizando informacion de contenido ilicito, pudiendo afectar a bienes juridicos de naturaleza individual o supraindividual. Son cometidos en un ambito deslocalizado como el ciberespacio, que designa al dominio global y dinamico compuesto por las infraestructuras de las TIC, difumina fronteras y hace participes a sus usuarios de una globalizacion sin precedentes que comporta nuevos riesgos y amenazas.Las nuevas TIC han obligado a que en el seno del Derecho Penal Sustantivo se haya procedido a una mayor precision en la tipificacion de los delitos informaticos, que avanzan al mismo tiempo que aquellas y de los que pueden ser responsables criminalmente tambien las personas juridicas; y tambien obligan a que en el seno del Derecho Procesal Penal se tengan especialmente en consideracion los aspectos referidos a la aplicacion extraterritorial de la ley penal, la cooperacion internacional, la extradicion, el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Union Europea.