Pablo Girgado Perandones

Las prácticas colusorias entre empresas representan uno de los fenómenos anticompetitivos más dañinos para el mercado. Por ello, las normativas antitrust nacional y comunitaria prohíben todas aquellas conductas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la libre competencia. No obstante, cuando los acuerdos se alcancen entre empresas integradas en un grupo, los organos administrativos y judiciales competentes suelen resolver no aplicar la citada prohibicion, pues entienden ausente uno de los requisitos esenciales: la pluralidad de voluntades. El fundamento de este denominado privilegio o singularidad del grupo de empresas descansa en la perdida de autonomia que sufren las filiales como consecuencia de su integracion y su sometimiento a la direccion de la matriz. Con tal finalidad, el presente trabajo aborda la evolucion de esta singularidad del grupo, haciendo hincapie en las decisiones mas relevantes, y propone, al mismo tiempo, unos criterios propiamente concurrenciales que permitan a los organos correspondientes cumplir mas fielmente el sentido de la regulacion protectora de la libre competencia. Las soluciones jurisprudenciales en el derecho antitrust norteamericano: de la intraenterprise conspiracy a la sentencia copperweld. El reconocimiento de la "singularidad" del grupo de empresas en el derecho comunitario de la competencia. La aplicabilidad del privilegio del grupo en nuestro ordenamiento juridico.

El Derecho del seguro se encuentra inmerso en un proceso constante de modernización a fin de mejorar la transparencia e incrementar la competitividad en el mercado. Asimismo, la incorporación de las nuevas tecnologias en la actividad aseguradora (big data, internet de las cosas, riesgos ciberneticos, inteligencia artificial, ) esta afectando de modo considerable al modo hasta ahora empleado de contratar por los operadores economicos.La presente obra colectiva analiza, en detalle y con rigor, como afrontar los conflictos generados por esta incorporacion, por la abundante informacion facilitada por los clientes presentes o futuros-, sus limites y los mecanismos de proteccion ante el riesgo de perdida o mal uso de un material tan sensible (v. gr., los datos relativos a la salud y genetica en la prediccion, prevencion y tratamiento de enfermedades).En este nuevo escenario, propiciado por un entorno cada vez mas tecnologico, se plantea si es necesario nuevas normas o modificar las ya existentes, particularmente en la esfera contractual para adaptarse al nuevo escenario digital, siendo mas transparentes y simplificando el lenguaje empleado en las polizas.Igualmente, no puede dejar de atenderse a cuestiones tan dispares pero novedosas como la repercusion de la salida del Reino Unido de la Union Europea en la actividad aseguradora y el debate generado a raiz de la pandemia por la aplicacion de reglas excepcionales en materia de seguros

La valoración del interés asegurado es una operación compleja que puede suscitar serias dificultades durante la vigencia de un contrato de seguro, tanto en la fase de conclusión como, de un modo especial, con ocasion del acaecimiento del siniestro. Por ello, es frecuente en la practica aseguradora el recurso a un acuerdo negocial entre las partes que pretende fijar su alcance como valor de referencia o de sustitucion. Este valor tasado o estimado de ahi la denominacion de la poliza como estimada cumple su funcion como mecanismo de resolucion de conflictos.El temor a un enriquecimiento injustificado del asegurado ha conducido a que la disciplina juridica de las polizas estimadas (art. 28 LCS) la presente como una excepcion admitida en la aplicacion del principio indemnizatorio (art. 26 LCS). No obstante, este caracter excepcional exige una mayor reflexion a la vista del recurso generalizado en muchos sectores al pacto o acuerdo de estima.Con el fin de alcanzar dicho objetivo, el presente libro analiza los presupuestos necesarios para calificar una poliza como estimada y su diferencia con otras figuras afines. Igualmente, se pone de manifiesto cuales son los efectos juridicos del acuerdo y se detiene, con mayor enfasis, en el estudio de las causas de impugnacion del citado valor, aspecto este ultimo que cumple ...

La regulación existente sobre los grupos de sociedades -estructura empresarial que domina el tráfico económico actual- se presenta dispersa e insuficiente y no alcanza a dar respuesta a sus problemas más inmediatos. Entre éstos, sin duda, destacan las cuestiones en materia de responsabilidad, que afectan intensamente a diversos intereses presentes en el tráfico (accionistas, acreedores). Junto a la carencia legislativa, la labor doctrinal tampoco ha llenado, al menos parcialmente, tal hueco, lo que ha conducido a una pobreza de soluciones de los tribunales, que recurren excesiva y, con frecuencia, incongruentemente, a la técnica del levantamiento del velo. El autor se adentra en el ámbito más concreto de su responsabilidad desde una doble perspectiva; la posible responsabilidad de la sociedad dominante como consecuencia de haber tomado el poder de dirección y la responsabilidad que asume el órgano de dirección de la matriz en su papel de adminisrador del grupo. Desde el primer plano, se reconoce la legitimidad de la estructura empresarial de grupo y, partiendo de las normas aisladas existentes, se articula su responsabilidad conforme a los parámetros del grado de centralización del grupo y la conducta de la matriz. De igual modo, cumple a la matriz el deber de fidelidad como socio de control de las dominadas. Desde el segundo plano, los administradores de la dominante se someten al estándar de diligencia del art. 127 LSA, en mayor medida según aumente el grado de centralización del grupo que dirigen. Finalmente, el trabajo incorpora otras cuestiones no menos importantes (la carga de la prueba, la legitimidad para el ejercicio de las acciones correspondientes) y, además atiende, en sede de grupos, al cada vez más frecuente seguro de responsabilidad civil de los administradores.

Si hay un tema característico del Derecho de seguros, tanto en su vertiente teórica como práctica, y, a la vez, presente en la actualidad y en las diversas fases de su dilatada evolución histórica, ese es, sin duda, el relativo al principio indemnizatorio. Y no sólo, desde luego, en el sector del seguro de daños, en el que, como es bien sabido, constituye el nervio central de su construcción dogmática; el propósito, hoy quizá demasiado habitual, de lograr una consideración unitaria de todas sus modalidades en torno a la idea de indemnización -con todos los matices necesarios- pone de manifiesto, de forma bien notoria, lo que queremos decir. Es verdad, no obstante, que este debate, bien vivo hace algunos años, ha sufrido un perceptible oscurecimiento, a favor de una visión más funcional de la institución jurídica analizada; por otro lado, la regulación positiva del contrato de seguro, como sucede, de manera evidente, en nuestra Ley vigente, aporta argumentos a favor de la definitiva división del seguro en dos grandes sectores, alejándose, por ello, de todo intento de construcción dogmática unitaria.

La crisis económica iniciada hace ya más de una década ha servido como impulso de un proceso de modernización en la regulación del sistema financiero, que pretende fortalecer la confianza y la seguridad entre sus operadores y, de este modo, superar los fallos detectados durante estos años. El Derecho del seguro atiende a la regulacion del mercado del riesgo y, logicamente, no es ajeno a este proceso reformista en el que el legislador se encuentra inmerso. Aprobada la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenacion, Supervision y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) y en proceso el correspondiente al sector de la distribucion de seguros, queda aun pendiente el ambito de la contratacion, ubicado en una suerte de encrucijada con la que hemos querido titular esta obra. La reconocida calidad de su regimen vigente - Ley 50/1980, de 8 de octubre- ha justificado el mantenimiento de su regimen durante casi cuarenta años, sin menoscabo de alguna reforma puntual. No obstante, parece el momento de revisarlo, quiza no a traves de un nuevo texto, sino mediante una renovacion de su articulado, que introduzca las necesidades de un entorno cambiante, y prestando atencion a la doctrina jurisprudencial y cientifica elaborada durante estos años. A estos dos ultimos bloques -distribucion y contratacion- esta dedicado el presente estudio, si bien con especial atencion al segundo de ellos.