Libros de Derecho, página 39 de 4084

En marzo de 2017 el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus declaró que la Unión Europea estaba incumpliendo con las disposiciones del Convenio en materia de acceso a la justicia ambiental. Las razones de este incumplimiento se derivan del sistema jurisdiccional de la Union, que se ha demostrado insuficiente para asegurar el cumplimiento del Derecho en aquellos sectores del ordenamiento que protegen intereses comunes y en los que los incumplimientos de la normativa no producen daños individualizables, como ocurre, muy especialmente, en el ambito del medio ambiente. La presente obra realiza un analisis exhaustivo del sistema jurisdiccional de la union y de las posibilidades que ofrece para exigir del Tribunal de Justicia el cumplimiento del Derecho ambiental; desde la regulacion que los Tratados hacen del regimen de recursos ante el Tribunal, hasta el contenido y aplicacion de las normas creadas en la Union para aplicar el Convenio de Aarhus a sus propias instituciones (en especial el llamado reglamento Aarhus). Se propone tambien una reforma de dicha normativa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Union en materia de justicia ambiental, como elemento esencial dentro de un sistema coherente de proteccion juridica del medio ambiente."Premio Eduardo Garcia de Enterria, 2017"

El acceso a la justicia de las personas vulnerables constituye realmente la esencia misma del ordenamiento jurídico, pues no en vano es fundamento del Derecho la lucha por proteger al debil y evitar que el fuerte imponga su voluntad, su ley. Es vital para una sociedad democratica y para un Estado de Derecho que sus normas se puedan hacer valer en todo caso, sin importar la condicion personal de quien las aduce. Esta efectividad de las leyes requiere de los Estados una politica activa. No se trata de desequilibrar el proceso para favorecer a los debiles, sino de reequilibrar su situacion personal para que la igualdad procesal sea real. Eso exige una actuacion combinada de los tres poderes del Estado. No bastan normas procesales (poder legislativo), sino que se requieren medidas extraprocesales, de acompañamiento e implicacion de las instituciones (poder ejecutivo), y una actitud proactiva de los jueces sin comprometer su imparcialidad (poder jurisdiccional). . La Union Europea tiene asumida esta gran tarea como parte de su ADN, siendo ingentes las disposiciones adoptadas en esa direccion. Una de sus iniciativas ha sido la de respaldar la formulacion y el desarrollo de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condicion de vulnerabilidad. En cierto mo

Desde antaño el Derecho se ha ocupado de la regulación de la vida de las personas. Al mismo tiempo, estas han exigido que se respeten sus derechos, generando el sentimiento de convivencia justa en la sociedad. Toma asi un cariz diferenciado el tema de los derechos fundamentales, pues no sirve el mero reconocimiento de los mismos, sino que es necesario contar, en un Estado social y democratico de Derecho, con medios idoneos que aseguren su propia efectividad. Y el acceso a la justicia es el derecho, por excelencia, capaz de garantizar la entrada a tal finalidad.En el presente estudio monografico se ha centrado la atencion, con una vision teorico-practica, en el examen de la relacion, que no confusion, entre el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. El analisis contempla diferentes escenarios propios del Derecho Comparado, con especial referencia al area latinoamericana y, mas particularmente, a la actual realidad chilena, en la que pese a la relevancia del derecho de acceso a la justicia este no goza de reconocimiento normativo formal, no obstante lo cual, su reconocimiento si ha sido consagrado, tanto en el plano interno como externo (jurisprudencia de la Corte IDH). Todo ello lleva a hablar de un acceso a la justicia lato sensu, entendido como la realizacion de la justicia (Cançado), para conducirnos por el camino de la igualdad y la solidaridad social, fortalezas que resguardan y preservan la libertad; el llamado Estado de Justicia (Morello).El derecho de acceso a la justicia se alza asi como una realidad material: el principal y mas importante de los derechos (Cappelletti, Garth) o el derecho de los derechos (Cançado); que junto al debido proceso bien puede configurar un modelo constitucional de juicio justo (Vallespin). Sin duda, una obra util y necesaria para los profesionales del Derecho, asi como para los investigadores del Derecho Constitucional y el Derecho Procesal.

Explora el impacto de la IA y redes sociales en personas vulnerables, abordando riesgos y oportunidades. Aboga por un uso ético centrado en la dignidad humana y el respeto a los derechos.

El interés de la presente obra estriba principalmente en el acierto en la elección del tema. Y ello por dos razones: en primer lugar, por la consideración de reto multidisciplinar que tiene hoy día la investigacion en materia medioambiental, que da fe de su relevancia cientifica. Y, en segundo lugar, por tratarse de una obra de contenido procesal "y por consiguiente desde la perspectiva y metodologias propias de esta disciplina", permite el mejor enfoque tendente a solventar las dificultades e insuficiencias propias de nuestra legislacion interna, en orden a optimizar la implementacion de las enseñanzas derivadas principalmente del Convenio de Aarhus en materia de acceso a la Justicia y legitimacion medioambiental. Todo ello a traves de una rigurosa utilizacion de los postulados propios de nuestra disciplina procesal, lo que incluye asimismo las herramientas que nos facilita el Derecho Procesal a traves de la debida utilizacion de su indiscutible transversalidad.Con esas premisas, se acomete la presente obra, pudiendo afirmar sin falsa modestia que contribuye al esclarecimiento de los principales problemas afectantes al acceso a la Justicia y la regulacion de la legitimacion en los diversos ordenes jurisdiccionales del sistema español, con aportacion de la vision critica prec

El acceso a la justicia constituye uno de los mayores retos de la sociedad en el siglo XXI, considerando la complejidad que ha asumido la configuración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ultimas decadas. Dicha complejidad se amplifica si consideramos los cambios que se han visto en la forma como la Administracion Publica se relaciona con los administrados.En este contexto, las Administraciones publicas deben adoptar una postura mas democratica y relacional, permitiendo una participacion mas efectiva de los administrados en las cuestiones de interes general. Esta perspectiva relacional tambien alcanza las politicas y estrategias de resolucion de conflictos. Por tanto, es necesario garantizar el acceso a la justicia en una perspectiva sustantiva, permitiendo la apertura de la justicia a otros tipos de soluciones.Por ello, el objetivo central de esta obra es investigar la viabilidad y aplicabilidad de la mediacion administrativa extrajudicial para la apertura del acceso a la justicia en los conflictos entre los administrados y las Administraciones publicas, en el contexto brasileño y español

Desde hace décadas España es un país receptor de población inmigrante, mucha de la cual, en la actualidad, se encuentra residiendo legalmente de forma permanente en el país y encontrándose en el mismo, la totalidad de sus redes sociales, familiares, laborales y economicas. Para alcanzar la plena integracion social en nuestro pais es necesario la obtencion de la nacionalidad española. Con la presente obra se ha pretendido por una parte, explicar con total claridad y sencillez el procedimiento y requisitos necesarios para la obtencion de la nacionalidad española por residencia y por otro, ofrecer un manual-guia dirigido a los profesionales que preparen en la superacion de la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Por tanto, lo que se pretende con esta obra eminentemente practica es facilitar la preparacion de la prueba logrando que los solicitantes de nacionalidad la superen con exito.

Esta obra contiene el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012, y el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta basica de emancipacion de los jovenes.

Estudio sobre la colaboración público-privada en vivienda, abordando soluciones jurídicas y urbanísticas para mejorar el acceso y la asequibilidad.

Han transcurrido casi ocho años desde la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo….

El acceso al empleo público: principios rectores y requisitos. Los sistemas de selección. Los órganos de selección….

Dir. Rafael Barranzo Vela ; Coord. Francisco Miguel Bombillar Sáenz.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Índice analítico .

Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos es un derecho de los ciudadanos y una obligación correlativa para las Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central de la Ley de acceso. En esta obra se analiza, de una forma práctica y operativa, el contenido de esta Ley y de su Reglamento (el Real Decreto 1671/2009). Pero esta información y análisis de los contenidos, debe verse complementada con otros conocimientos y aplicaciones prácticas que, con una orientación electrónica y telemática, analizada jurídicamente, resultan necesarias para la aplicación real de la normativa. Es por ello que la obra se estructura en tres partes, claramente diferenciadas pero interrelacionadas dinámicamente, que no sólo completan un contenido necesario para el conocimiento de la administración electrónica, sino que permiten la lectura y consulta en forma independiente por capítulos e, incluso, por determinados apartados dentro de ellos. Se complementan todos los capítulos con recuadros significativos de puntos a destacar en el contenido, preguntas más frecuentes y documentos de interés seleccionados sobre la cuestión particular que se está tratando.

Esta Separata contiene el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públ