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El trabajo presentado como Tesis Doctoral se propone, como punto de partida, el examen de los fundamentos del Estado social y democrático de Derecho y la adopción de sus principios constitucionales e historicos, como fuente del Derecho. Son principios que legitiman el Poder Judicial, como uno de los organos soberanos del Estado, en garantizar los derechos sociales constitucionalmente exigibles, inclusive en las carceles. La investigacion cubre tres aspectos: 1. El desarrollo historico del Estado social con soporte en los derechos de igualdad y de libertad; 2. Las corrientes doctrinales de garantia de los derechos sociales en la formacion del derecho subjetivo a tutela estatal; y 3. La ejecucion penal en Brasil y la propuesta para la efectuacion de una resocializacion espontanea, basada en la garantia de los derechos sociales fundamentales.

El propósito de este Libro consiste en analizar la problemática procesal que suscita la validez de la prueba electrónica en el ámbito del proceso laboral, teniendo presente la singularidad que presenta la regulacion especifica de los derechos digitales en el terreno laboral. La transicion digital ha provocado que las evidencias digitales sean la fuente mas importante de informacion sobre la actividad desarrollada por los trabajadores. Estas evidencias digitales son una potente herramienta de acreditacion de hechos juridicos, que pueden ser aportadas por cualquiera de las partes de la relacion laboral ante los organos jurisdiccionales de lo social. No obstante, la prueba de los hechos digitales o electronicos se enfrenta a varios desafios. Uno se refiere a la obtencion de dicha evidencia por incidir en la esfera de los derechos fundamentales de las personas. En este libro se profundiza sobre la forma de acceder desde la optica de los derechos digitales reconocidos a los trabajadores por la normativa de proteccion de Datos personales (RGPD (UE) y LO 3/2018), estableciendose los criterios de constitucionalidad que se deben observar en la investigacion forense de cada uno de los medios tecnologicos utilizados, al objeto de obtener una prueba licita. Otro de los aspectos problematicos, aun en estadio preprocesal, es el acceso a los elementos de prueba que pudiera disponer la otra parte, (generalmente el empresario, al controlar los medios digitales) para tomar una decision o fundamentar la demanda. Aqui se apuesta por recurrir al tramite de diligencias preliminares y solicitar el auxilio judicial. Los desafios surgen tambien en relacion con la particular naturaleza alterable de estas evidencias, lo que suscita la pregunta de como deben recogerse y custodiarse, sugiriendose la posibilidad de la aplicacion de la cadena de custodia, a fin de garantizar la inalterabilidad. Ya en el proceso, el gran reto es como y cuando incorporar estas evidencias digitales al proceso judicial, y que valor probatorio atribuir, lo que esta directamente relacionado con la naturaleza juridica.Ainhoa Goñi Irulegui es doctora en Derecho con mencion internacional por la Universidad Publica de Navarra (UPNA). Curso sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de San Sebastian de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Universitatea. Realizo el Master en Derecho de la Empresa en la Universidad de Deusto (Bilbao). Ha ejercido como abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa encargandose de asuntos civiles y laborales. Ha disfrutado de una beca de estancia de investigacion en el Centre de Documentation et Recherches Europeennes (CDR) de la Universite de Pau et des Pays de lAdour (UPPA). Cuenta con varias publicaciones en temas como el Valor probatorio de los mensajes de WhastApp, La prueba pericial sobre la mensajeria instantanea, o El acceso anticipado a la fuente de prueba digital y su aseguramiento en el orden jurisdiccional social. Participa en el Proyecto de investigacion I+D+I del Grupo de Investigacion de la UPNA, Codigo 331, sobre el Analisis prospectivo de las vias extrajudiciales de resolucion de conflictos financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovacion.

La mediación es un proceso útil para resolver conflictos en múltiples contextos de disputas. Este libro se centra en las habilidades esenciales que necesitará cualquier mediador para tener éxito en su trabajo, asi como en su uso estrategico. Tony Whatling utiliza su amplia experiencia en el campo de la mediacion para explicar de forma clara y sencilla las habilidades usadas mas comunmente en los procesos de mediacion y el momento en que se deben utilizar. El autor nos enseña que, mediante un uso apropiado de estas tecnicas, un mediador puede manejar los diferentes conflictos que suponen un reto para la buena convivencia. Analiza como y cuando utilizar eficazmente habilidades para realizar preguntas, para escuchar activamente, normalizar, mutualizar, etc., y la forma de tratar con las emociones intensas y las reacciones negativas que se dan habitualmente en las situaciones de conflicto. Este libro es esencial para quien quiera mejorar sus habilidades para la mediacion, tanto para el profesional experimentado de la mediacion o de otros campos profesionales (educadores, trabajadores sociales, personal sanitario), como para los que se inician en esta interesante tarea.

.En el siglo xv, el icono la representa ciega, con los ojos vendados, para asegurar así la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pues la justicia debe ser impuesta sin miedo ni favoritismos, independientemente del dinero, el poder y la fuerza.Años vistiendo la toga sirven para que la abogada Montse Suarez, que fue durante un tiempo la cara mas visible de Manos Limpias, concluya en este libro que la vieja dama se ha dejado por el camino sus principales atributos: la objetividad y la imparcialidad.En estas paginas de apasionante lectura se da cuenta de las tretas de los poderosos para eludir la accion de jueces y tribunales, el trato de favor que dispensa la casta politica a sus afines, las maniobras de determinados ambitos economicos para controlar los resortes de poder relacionados con la Justicia?Con ritmo periodistico, la autora relata en primera persona su experiencia en algunos de los principales procesos judiciales, desde el escandalo de Mario Conde hasta el fraude del lino, pasando por el caso Telecinco, el tres por ciento en Cataluña, el indulto a los mossos d?esquadra, la doctrina Parot o la lucha por el poder en el Colegio de Abogados de Madrid. Tambien aporta datos nuevos, algunos sorprendentes, sobre el juego sucio en el caso Noos, que le hizo perder su trabajo de letrada en una entidad bancaria. Incluso han intentado expulsarla sin motivo alguno del ejercicio de la abogacia.La ley se estruja a conveniencia. Ya lo dice la expresion latina: en caso de duda, la justicia sigue favoreciendo al reo, si? Pero mas, mucho mas, si este es rico y poderoso. In dubio, pro rico

De los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos y de derecho penal internacional, de las constituciones políticas y de sus interpretaciones autorizadas, se infiere un conjunto de principios normativos del proceso penal que determinan una estructura basica y que sientan las bases para la elaboracion de un modelo dogmatico, Uno de los elementos para tener en cuenta en esta tarea es el atinente a los limites del poder de acusar y a la instancia concebida para la verificacion del respeto de esos limites.Con todo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoria de regimenes del derecho comparado, de la estructura del proceso penal colombiano no hace parte una fase intermedia ante el juez de las audiencias preliminares que comprenda el control material de la acusacion, Ademas, la interpretacion jurisprudencial plantea que solo hay lugar a un control ante el juez de conocimiento que, para no afectar su imparcialidad, se limita a la verificacion de los presupuestos formales del escrito de acusacion.Sin embargo, la practica judicial evidencia situaciones en las que ese escrito presenta manifiestas irregularidades que no son susceptibles de ser superadas por via de un control formal. En estos casos es posible un control excepcional de la acusacion que, sin recaer sobre su fundamento sustancial, impida, en situaciones extremas, el abuso del poder de acusar, y como el control formal y el control excepcional de extremos sobre la acusacion no solucionan el problema central planteado por la inexistencia de un control material, el camino mas expedito para hacerlo es una reforma al Codigo de Procedimiento Penal. Hasta tanto, los instrumentos a los que se podria acudir con ese proposito son el autocontrol de la Fiscalia y la accion de tutela.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofilactica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento valido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los articulos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribucion competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestion. El objeto de estas paginas es someter a reflexion si en nuestro ordenamiento juridico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para organos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese asi, que ventajas y que obstaculos removeria tal opcion legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalizacion material de los ordenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso mas y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema juridico que tenga por objeto la mejora, en su mas amplio sentido, de la mas alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplacion: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institucion que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la funcion esencial que el constituyente en el articulo 123 del Texto de 1978 previo para el, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretacion y aplicacion de la Leyes como interprete del ordenamiento juridico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansion incontrolada del mecanismo de la casacion.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquella se impone con especial rigor, no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y caracteristicas tecnicas, se emplea con profusion el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decision o juicio juridico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha informacion depende en gran medida de que estos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstaculo para la comprension del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citacion legal en nuestra literatura juridica asi como en las propias resoluciones dictadas por los organos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y mas concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento juridico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestion que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interes entre los diferentes agentes juridicos de nuestro pais.

"El medio ambiente constituye un factor estratégico clave para la competitividad de cualquier empresa. Ello conlleva la realización de un esfuerzo tecnológico continuo y de formación de los recursos humanos con el fin de incorporar ese nuevo elemento, a veces complejo y variable, desarrollando estrategias de prevencion.

Los estudios que componen este trabajo forman parte del capítulo de reflexiones sobre la prueba que he venido realizando a lo largo de los últimos quince años. Los temas que abarcan son muy variados, aunque todos ellos estan unidos por una linea argumental comun: no es asumible una concepcion puramente irracional o subjetiva del juicio de hecho, ni es tampoco aceptable una vision ingenua, acritica o mecanicista del mismo. Lo primero, porque el juicio de hecho (o la valoracion de la prueba, que es su nucleo esencial) no puede contemplarse como un modo liberrimo de construccion de una verdad procesal ajena al control de los hechos. Lo segundo, porque dicho juicio esta sometido a serias limitaciones epistemicas e institucionales que hacen que sus resultados no puedan ser aceptados como incontrovertibles sino solo como probables, por mas alta que esta probabilidad pueda ser. Simplemente, el juicio de hecho es tan problematico o mas que el juicio de derecho; es un ambito de esencial incertidumbre y no de certezas incuestionables; es, en definitiva, el espacio de ejercicio del poder judicial menos reglado y donde en consecuencia el juez puede ser mas arbitrario. Es precisamente la conciencia de ese inmenso poder que el juez administra lo que auspicia algun tipo de control sobre la libre valoracion. Si asi no fuese, la valoracion mas que libre seria liberrima, subjetiva e incontrolable ( intima o en conciencia , en la sorprendente terminologia al uso), con lo cual se abandonaria la racionalidad para entrar en el campo del puro decisionismo judicial. Un minimo compromiso con el constitucionalismo exige dotar de racionalidad ese espacio de la decision judicial tantas veces opaco a cualquier control.

La segunda edición de La prueba ilícita, tras un plazo de tiempo relativamente breve, enfoca, por una parte, acometer temas omitidos en la primera edición como el tratamiento procesal en los diversos procedimientos en España o las nuevas lineas jurisprudenciales tras la teoria de la desconexion de antijuridicidad, y por otra, los cambios o novedades ocurridos en este tiempo, que en una materia tan viva no son pocos. Junto al variable concepto de prueba ilicita y fruto de una siempre enriquecedora segunda reflexion, se hallan las referencias a las diferentes perspectivas con que se acometen las reglas de exclusion en el sistema angloamericano y en el continental. A las causas de ilicitud se añaden los nuevos metodos probatorios conectados mayoritariamente con el uso de nuevas tecnologias en la investigacion y los elementos comparativos, asi como las novedades normativas de la Union Europea en materia de prueba, completada con las mas recientes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue actuando como crisol a efectos de servir de orientacion para una configuracion legal armonizada en Europa. Finalmente, se incorpora la doctrina y jurisprudencia norteamericana tras el decisivo Hudson vs. Michigan y sus consecuencias. Una vision ampliada, en definitiva, que espera colmar las expectativas de los lectores de la primera edicion y de los que ahora puedan añadirse INDICE (Resumen): Concepto y configuracion de la prueba ilicita. Causas y clases de ilicitud probatoria. Eficacia de la prueba ilicita. Tratamiento procesal de la ilicitud probatoria. Elementos para el contraste.

La Constitución de la República de Cuba de 1992 es básicamente la misma de 1976. Solo agrega algunas modificaciones y adiciones, como el capítulo de la extranjería, del estado de emergencia y de la division politica administrativa.En ella se sostiene, tras la caida o desmoronamiento del sistema socialista europeo, la irreversibilidad del caracter socialista de la Republica de Cuba.La Constitucion de la Republica de Cuba de 1992 es una reaccion directa a la profunda crisis economica que sufre Cuba desde el llamado periodo especial. El Preambulo de este documento postula la influencia de las ideas politico-sociales de Marx, Engels y Lenin.

El propósito de este libro es describir, de manera introductoria, el derecho de la publicidad en el ordenamiento jurídico peruano, identificando sus principales categorías e instituciones. En tal sentido, se aborda el ambito general sobre la materia, las lineas directrices de la actividad publicitaria y el marco regulatorio de los actos de competencia desleal relativos a la publicidad, subrayando la relacion entre esta y la concurrencia en el mercado.

CURSO DE PROCESSO COLETIVO, do FABRÍCIO BASTOS, é obra didática, densa, completa e atualizada sobre tutela coletiva, seus conceitos e repercussões processuais. São abordados todos os instrumentos da