Durante los años 90, Europa experimentó una notable oleada privatizadora de empresas públicas. La reintroducción al mercado de estas empresas estratégicas, sin embargo, puso de manifiesto la necesidad del Estado de continuar velando por los intereses publicos que desarrollan (telecomunicaciones, energia, banca, etc). Con esta filosofia nacieron las llamadas acciones de oro o los procedimientos de autorizacion previa para determinadas operaciones, interviniendo ya sea sobre la composicion accionarial o sobre la gestion de la empresa. Los mecanismos de ejercicio de estas acciones, han sido declarados incompatibles con la libre circulacion de capitales europea en tanto que los critrerios de ejercicio no son objetivos y estables y no se conocen de antemano. Mas que declarar ilegal la accion de oro, la jurisprudencia comunitaria obliga a administrativizar los criterios de su ejercicio.