José Carlos Laguna de Paz

Las telecomunicaciones son uno de los sectores en los que la regulación económica más ha avanzado. La comunicación previa se convierte en el único control administrativo para el acceso al mercado. La normativa debe dar respuesta al cambio tecnológico, económico y social, pero sin perjudicar la confianza legítima ni la igualdad de trato. Con la multiplicación de operadores, los derechos de uso (radiofrecuencias, numeración, dominio público) cobran una importancia especial. La política sectorial de la competencia (regulación ex ante) se justifica en sectores vinculados a grandes redes, con fuerte tendencia oligopólica, en los que el mercado no brota espontáneamente. Sin embargo, esta intervención también tiene sus riesgos, por lo que ha de ceder protagonismo a las normas generales de defensa de la competencia a medida que va madurando el mercado. Finalmente, resulta decisiva la definición, financiación y designación de las empresas encargadas de prestar el servicio universal, que constituye una ineludible red social frente a las insuficiencias del mercado.

La autorización administrativa es una de las tradicionales técnicas de intervención pública. Su aplicación se extiende desde el uso del dominio público hasta el control de la iniciativa privada en los mas variados ambitos (urbanismo, medio ambiente, industria, comercio, servicios y actividades liberalizadas, competencia, educacion, etc.). Ello hace que la autorizacion sea un instrumento cotidiano en la actuacion de las Administraciones publicas.

Desde el fundamento y límites de la intervención pública, el libro aporta los pilares para la construcción del nuevo modelo televisivo, cuya necesidad se hace cada vez más evidente, ante la impresionante revolucion tecnologica. Las emisiones supranacionales, autonomicas y locales -difundidas por satelite, via hertziana terrestre y por cable, con tecnologia analogica y digital-, dia a dia, transforman el horizonte televisivo en nuestro pais. El incesante progreso tecnologico, ademas, no ha hecho sino aproximarnos a las lindes de una nueva era audiovisual, que nos aleja del modelo tradicional de television. Esta nueva realidad exige un nuevo marco juridico. Es preciso afirmar la libertad de television, de manera que la creacion de empresas solo se vea condicionada por las posibilidades tecnicas existentes. La distribucion de competencias entre los diferentes niveles territoriales aun debe ser ajustada. La eventual extension de las llamadas administraciones independientes al sector requiere una reflexion pausada. Asimismo, hay que despejar las muchas incognitas que esconde la regulacion de la actividad, en sus aspectos tecnicos y de contenidos. De forma especial, es preciso aplicar las reglas de la competencia a la television, favoreciendo positivamente la generacion del mercado y evitando concentraciones empresariales, practicas colusorias y ayudas publicas anticoncurrenciales.