Libros de Derecho, página 44 de 4085

Con esta nueva serie de la colección Jurisprudencia pretendemos dar una visión completa y analítica de las principales instituciones jurídicas centrándonos en su realidad jurisprudencial. Esta publicacion es preferentemente practica, y buena prueba de ello, es que la misma esta cubierta de abundantes citas de Jurisprudencia, con la finalidad de facilitar al lector los distintos criterios de interpretacion expuestos por nuestros Tribunales. Por todo ello, las numerosas aportaciones jurisprudenciales se abordan sin discriminacion alguna, insertando resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Direccion General de los Registros y del Notariado y de Juzgados de Primera Instancia. Todas ellas valiosas por la riqueza en su contenido, originalidad y aportacion, recogidas en extracto, y perfectamente sistematizadas y ordenadas para facilitar su localizacion a traves de un detallado indice de voces. Al tratarse de una publicacion orientada al profesional del Derecho, esta realizada por experimentados analistas, que vienen compaginando desde hace muchos años su colaboracion con Thomson-Aranzadi con el ejercicio "practico" del derecho en sus despachos. Como valor añadido la coleccion incluye un CD con los contenidos a texto integro de las sentenciadas citadas y extractadas en el libro, para que quien quiera profundizar en el texto completo de la sentencia pueda hacerlo.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

El artículo 1.597 del Código Civil concede a aquellos que ponen el trabajo y los materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, la posibilidad de ejercer una acción de reclamación de cantidad contra el dueño de la obra. De manera que, ante la dificultad con la que se encuentran estos sujetos a la hora de hacer efectivo su credito frente quien les ha contratado de forma directa, la norma legal les ofrece la posibilidad de dirigirse contra el dueño de la obra, a su vez deudor del contratista. La accion directa objeto del presente estudio es un instrumento juridico que presenta un notable alcance practico y que goza de una amplia presencia en nuestra jurisprudencia, favorecida por la creciente importancia que en la actualidad presenta el sector de la construccion; un sector en el que este medio juridico encuentra un acomodo natural. Nos encontramos, en definitiva, ante una accion procesal de extraordinaria importancia y complejidad, que genera una serie de interrogantes con relacion al proceso que se desarrolla bajo su influencia; y que justifica un analisis detenido en torno a su planteamiento en el ambito judicial.En la presente obra, tras un estudio de los presupuestos que justifican el ejercicio de la accion, se procede, precisamente, a analizar la dificultad y complejidad que acompañan a su ejercicio judicial; tomando como referencia a cada una de las partes implicadas y las facultades procesales de las que pueden hacer uso, asi como las cargas que hayan de soportar

Sin duda una de las cuestiones más prácticas a la vez que trascendente en el seguro en general, pero sobre todo, en el de responsabilidad civil en particular, es la reparación del daño al tercero que sufre contractual o extracontractualmente un perjuicio, un daño consecuencia de un hecho ilicito, causado por el asegurado y que debe resarcir una deuda o indemnidad frente al mismo y que precisamente constituye el objeto del seguro de responsabilidad civil. Hablar de accion directa exige deslindar, plantear interrogante y anclar argumentos que fundamenten el por que de la misma, su concepto, su naturaleza juridica, su alcance y eficacia, la fuerza y vigor en suma de una accion que tutela las pretensiones de un tercero victima perjudicado por la accion u omision dañante de un asegurado. La respuesta a los mismos allanara una comprension cabal, racional y, si acaso, logica de la accion misma.

La D.A. 6ª de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, introdujo, para los supuestos de intermediacion en la contratacion de los transportes terrestres, la posibilidad de que el transportista que efectivamente haya realizado el traslado se dirija, mediante accion directa, en caso de impago del precio del transporte por quien lo haya contratado, y por la parte impagada, contra el cargador principal (como lo llama la norma) asi como contra todos los que puedan precederle en la cadena de subcontratacion articulada para la ejecucion del contrato. Mas siendo la ausencia de regulacion completa predicable de todas las acciones directas previstas en el ordenamiento español, aun resulta mas acuciante respecto de la accion directa en el transporte terrestre. De hecho, si el funcionamiento de cada accion directa se ha ido perfilando desde las escasas pinceladas establecidas en los preceptos legales que se dedican a su reconocimiento, conforme se han ido planteando problemas en su aplicacion practica; en el caso de la accion directa en el transporte terrestre se ha ido concretado, por los tribunales, hasta llegar al Tribunal Supremo, precisamente, sobre la base de lo que el precepto que la establece silencia. Sobre lo que no dice, por tanto, en comparacion, sobre todo, con lo que si desvela el 1.597 del Codigo civil respecto de la accion directa en el arrendamiento de obra y, al mismo tiempo, en contraposicion al regimen de esta. Resulta asi que la accion directa del transporte terrestre de mercancias es muy distinta, en su funcionamiento y configuracion, a la del arrendamiento de obra, establecida en favor del subcontratista contra el dueño de la misma (articulo 1.597 del C.c.), con la que, en un principio, era facil entablar paralelismo por la consabida proximidad de los mencionados contratos. Todo ello es objeto de analisis pormenorizado en la presente obra, que ofrece asi un estudio completo del funcionamiento y el regimen juridico de la accion directa del transporte terrestre, partiendo del analisis de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales sobre esta particular forma de garantia, pero yendo, a su vez, mas alla de lo expresamente establecido en ellos. Esta obra completa el catalogo Aranzadi.

Una de las novedades más significativas introducidas por el legislador en el proceso civil con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es el mecanismo creado para proteger los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, como respuesta a las continuas reclamaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios, asi como de la sociedad en su conjunto, ante las vulneraciones que dentro de este ambito pudieran producirse. Uno de los aspectos mas atractivos, dentro de los litigios relativos a los consumidores y usuarios, es el de los intereses difusos; y, mas concretamente, el mecanismo de reconocimiento, articulado dentro del proceso de ejecucion, tras la sentencia de condena dictada como consecuencia de la demanda interpuesta por la asociacion de consumidores y usuarios legalmente representativa: el art. 519 LECiv. La presente obra efectua un estudio sobre dicho procedimiento de reconocimiento, analizando cuestiones tales como: el papel desempeñado por las asociaciones de consumidores y usuarios, la legitimacion activa para demandar el reconocimiento, la naturaleza juridica y el objeto del procedimiento, asi como la resolucion judicial que pone fin al mismo, sus diversas modalidades y su ejecucion, entre otros aspectos.

La obra analiza la evolución del pensamiento de la derechas -en sus distintas variantes- en España. Pensamiento que a lo largo de 100 años ha sido hegemónico y dominante en la sociedad española. El estudio desborda lo puramente ideologico para analizar el sistema de significados y valores de la totalidad de un proceso social.

La obra ofrece una relación de estudios que ponen de manifiesto los aspectos importantes que facilitan el entendimiento de la Unión Europea. Estos aspectos son las Relaciones Internacionales, el Derecho Comunitario y los extraidos del Derecho Internacional.

En el Derecho del Trabajo español, como sucede en los ordenamientos de nuestro entorno, la extinción del contrato de trabajo exige en la mayoría de los casos una causa extintiva, es decir, una circunstancia que en cierto modo justifique objetivamente la finalizacion de la relacion laboral: el incumplimiento disciplinario del trabajador, la crisis empresarial, la fuerza mayor, etc. Sin embargo, no basta. Es preciso para que se rompa el vinculo laboral que una de las partes (normalmente el empresario) haga valer tal causa extintiva manifestando su voluntad de hacer cesar los efectos del contrato. Esta manifestacion de voluntad, a la que hemos dado en llamar accion extintiva, es de lo que se ocupa el presente trabajo, bien que centrandose en uno solo de sus aspectos: los plazos para su ejercicio. Se trata de un tema que siendo de la maxima importancia no habia sido, casi incomprensiblemente, objeto de tratamiento doctrinal completo o sistematico en España hasta ahora, con independencia de algunos estudios realizados sobre todo a proposito de la accion extintiva empresarial en despidos disciplinarios. El presente trabajo, novedoso por cuanto abre un nuevo conjunto de cuestiones hasta ahora ineditas, o que por lo menos quiza no habian sido planteadas en toda su extension y profundidad, para las que se proponen ademas soluciones originales, quiere tener como principales destinatarios a todos los profesionales que se ocupan en su dedicacion cotidiana de aplicar las normas laborales, y particularmente a los que se enfrentan con los problemas que suscita la extincion del contrato. Es por tanto un libro para jueces, funcionarios de la Administracion Laboral, abogados y graduados sociales, asesores laborales, responsables de departamentos de personal y estudiantes universitarios.

La gestión de emergencias y la prevención y mitigación de catástrofes constituyen un desafío para las sociedades y los poderes públicos. Situaciones como la erupción volcánica de la isla de La Palma, en Canarias; la pandemia de coronavirus o las recientes inundaciones en la provincia de Valencia han causado estragos en la poblacion, sobre todo en aquella mas vulnerable. Cabe mencionar una circunstancia distinta, el apagon electrico en la peninsula iberica que tuvo lugar el 28 de abril de 2025, que desencadeno diferentes situaciones de emergencia. Tambien la evacuacion de poblaciones ante incendios ya sea en edificios y poblaciones o ante los cada vez mas virulentos fuegos forestales. Las personas con discapacidad se cuentan entre las mas expuestas ante situaciones de emergencia, debido a barreras fisicas, sensoriales, de comunicacion, entre otras, asi como, con frecuencia, carencias por parte de organismos responsables a la hora de conocer e incluir sus requerimientos.