Libros de Derecho, página 58 de 4088

Este libro versa sobre un tema que ha despertado una notable litigiosidad, cual es la interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, modificado posteriormente por la Ley 24/2005. La mala calidad tecnica del precepto, la posibilidad de diferentes interpretaciones gramaticales del mismo y los intereses corporativos en juego son circunstancias que han estimulado la polemica, si bien, y eso es lo grave, con olvido de los importantes intereses publicos implicados, cuya adecuada satisfaccion debe guiar no solo toda accion legislativa sino tambien toda hermeneutica juridica. Las instituciones existen para facilitar la cooperacion y el intercambio mediante la proteccion de la confianza, por lo que son especialmente necesarias en un mundo caracterizado por la contratacion impersonal. Por ello, cuando una norma admite varias interpretaciones gramaticales, debe optarse por aquella que protege en mayor medida la confianza y, con ello, facilita la cooperacion y el intercambio, bases de la prosperidad y del bienestar. En otros terminos, debe optarse por aquella que en mayor medida favorezca los intereses legitimos del mayor numero posible de ciudadanos. El Derecho de la seguridad del trafico juridico surge historicamente debido a las insuficiencias del Derecho comun para favorecer la cooperacion en un entorno de contratacion impersonal. El Registro de derechos es la institucion estatal que vertebra el Derecho de la seguridad del trafico juridico en el ambito inmobiliario. Implica una intervencion directa del Estado en el sistema transmisivo, y, como consecuencia, los iura in rem inmobiliarios son, simultaneamente, mas seguros y mas liquidos y, por tanto, mas valiosos. Ello requiere que (1) el Estado, a traves del Registro, supervise si el adquirente negocial que pretende ser reconocido como dueño por el Estado mediante la inscripcion, ha cumplido con las normas que rigen el proceso adquisitivo y, (2) ademas, que, si el adquirente negocial obtiene la inscripcion, pierda la accion reivindicatoria en relacion a terceros adquirentes a titulo oneroso y de buena fe que obtengan la inscripcion de su adquisicion, lo que exige, en contrapartida, el reforzamiento de los mecanismos institucionales de proteccion ex ante del ius disponendi del titular registral. El exito en la satisfaccion de ambas exigencias es imprescindible para la supervivencia del Derecho de la seguridad del trafico juridico en el ambito inmobiliario y, con ella, la superacion del trade off entre seguridad y liquidez de los iura in rem inmobiliarios en un entorno de contratacion impersonal. El articulo 98 de la Ley 24/2001 debe ser interpretado conforme a estas exigencias institucionales, lo que exige que se opte, de entre sus posibles significados gramaticales, por el que mejor se adapte a su sentido institucional.

Estudio sobre el delito de blanqueo de capitales, así como de ciertos aspectos o cuestiones relacionadas con el mismo, junto con los denominados “actos neutrales” exponiendo amplia doctrina y jurispr

CAPÍTULO I.INTRODUCCIÓN.CAPÍTULO II.DELIGENCIAS PRELIMINARES O DE PREPRACIÓN DEL PROCESO.CAPÍTULO III.LA PRUEBA ANTICIPADA. ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA.CAPÍTULO IV.LAS MEDIDAS CAUTELARES

La presente monografía aborda el estudio de los diversos actos y actuaciones tributarias reclamables en el procedimiento económico- administrativo. No es, por tanto, un estudio sobre tal procedimiento, sino que el autor se ha centrado en lo que se podría considerar la "puerta de entrada" de la vía económico-administrativa. Debido a esto, muchas de las cuestiones analizadas se refieren al procedimiento de gestión tributaria en lugar del económico-administrativo. Con carácter previo se analiza la oportunidad de la reclamación económico-administrativa, no es balde este procedimiento -como toda la vía previa administrativa- es contestado y puesto en entredicho por la doctrina. Al mismo tiempo la determinación de los actos recurribles forman parte importante de ese análisis. Tras un análisis de las caracterísitcas genéricas de los actos impugnables se entra en el estudio central de la presente obra. El estudio de los actos administrativos y las actuaciones de los particulares de carácter tributario cuya reclamación puede ser residenciada en vía económico-administrativa. Las liquidaciones provisionales o definitivas, los actos de derivación de la acción administrativa, los requerimientos de información, las devoluciones de ingresos indebidos, las comprobaciones de valor, el procedimiento ejecutivo, las declaraciones-liquidaciones y las actuaciones de reputación y retención son analizados desde el punto de vista de su recurribilidad.(...)

ABREVIATURAS PRÓLOGO CAPÍTULO PRIMERO. ACTOS UNILATERALES Y SILENCIO INTERNACIONAL CUALIFICADO I. Actos unilaterales y silencio. II. Del silencio como valor A) Sobre el silencio como un consentimiento presunto. B) A proposito de los requisitos del silencio cualificado. CAPITULO SEGUNDO. NOMOGENESIS INTERNACIONAL, ACTOS UNILATERALES NO AUTONOMOS Y SILENCIO I. Actos unilaterales, silencio y fuentes normativas. A) Actos unilaterales no autonomos y autonomos. B) Analogias entre costumbres y tratados internacionales: actos unilaterales no autonomos, pactos y promesas. II. Costumbres internacionales, tratados internacionales, actos unilaterales no autonomos y silencio. A) Costumbres internacionales. 1. Costumbres internacionales y actos unilaterales no autonomos. 2. Costumbres internacionales y silencio. B) Tratados internacionales. 1. Tratados internacionales y actos unilaterales no autonomos. 2. Tratados internacionales y silencio. CAPITULO TERCERO. ACTOS UNILATERALES AUTONOMOS, PROMESA Y SILENCIO A) Los actos unilaterales autonomos como promesa. B) Los actos unilaterales-promesa y el silencio. 1. Reconocimiento y silencio. 2. Renuncia y silencio. . 3. Promesa y silencio. BIBLIOGRAFIA CITADA.

LUIS ZARRALUQUI SANCHEZ-EZNARRIAGA: Pension compensatoria y comunidad postganancial. VICENTE CASTAN GOMEZ-Ma.ROSA SALLES COSTA-FRANCISCO VEGA SALA: Algunas reflexiones practicas sobre el regimen economico matrimonial de separacion de bienes. JOSE CERDA GIMENO: La proteccion del acreedor en la liquidacion de la sociedad de ganaciales I. CAMINO SANCIÑENA ASURMENDI: La proteccion del acreedor en la liquidacion de la sociedad de ganaciales II. ANTONIO OCAÑA RODRIGUEZ: Acciones penales que protegen las relaciones internas de la pareja en caso de crisis. JUAN PIQUERAS VALLS: Titularidades conflictivas y derecho de seguros.

Derecho financiero y tributario.

La prolongada vigencia temporal de la LPH de 21 de julio de 1960 y los múltiples problemas que, relacionados con la actuación de las "comunidades de propietarios en propiedad horizontal", se presentaban a los diversos operadores jurídicos han desembocado en la reforma de la misma por Ley 8/1999, de 6 de abril. Esta modificación se debe entre otras razones a la carencia de técnica legislativa que demostró tener el legislador en 1960. Por su parte la jurisprudencia de nuestro país fue la culpable de no haber sabido atajar los problemas que generaba la aplicación de la Ley. Muy al contario los Tribunales, en concreto el Tribunal Supremo, se mostró altamente perturbador. De este modo la única forma de alcanzar soluciones reales a los problemas planteados pasa por el respeto a los conceptos dogmáticos que fijan el contenido de cada institución jurídica concreta, como por el posterior análisis de los efectos que produzca el juego conjunto de todos ellos. Así será, por ejemplo, imposible dar una solución a los problemas de la ejecución de las sentencias dictadas conta las "comunidades de propietarios", si antes no se han aclarado cuestiones tales: la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal; la existencia o ausencia de personalidad jurídica del conjunto de comuneros cuando actúan aglutinados en defena de interses comunes a todos ellos; la naturaleza, ámbito y límites de la actuación de los "órganos comunitarios" y , en cocreto de su presidente; y por último, la posibilidad de actuación procesal de los comuneros en defensa del "interés comunitario", incluso habiendo Presidente igualmente designa

En torno a la escritura de obra nueva giran gran cantidad de exigencias administrativas, notariales y registrales, que los profesionales del Derecho y de las Oficinas públicas Notariales y Registrales deben conocer.Este instrumento publico, en pocos años, se ha configurado como uno de los mas complejos y que mas documentacion anexa tiene.Deben conjugarse para su otorgamiento el cumplimiento de todos los requisitos subjetivos de capacidad y sustantivos, pero ademas, el declarante tiene que acreditar que estan en su poder todas las licencias municipales precisas, certificado de eficiencia energetica y otros documentos necesarios.Ciertamente, el Notario debe controlar si la edificacion se encuentra en fase de construccion o esta terminada. En el primer supuesto, habra que justificar mediante la correspondiente acta la finalizacion de la obra, ademas debera recabar informacion sobre si la construccion esta fuera o no de ordenacion y si se encuentra inmersa en expediente de infraccion urbanistica.Tambien, juega un papel destacado en el devenir de cualquier edificacion, de nueva planta o declaracion de obras antiguas, la intervencion de un tecnico (generalmente un arquitecto) que debera certificar la correspondencia fiel entre la escritura y el proyecto para el cual se obtuvo la licencia.Finalmente, en este libro salpicado de gran cantidad de jurisprudencia, se podra constatar como en nuestro pais existen dos funcionarios y profesionales del Derecho, como son Notarios y Registradores de la Propiedad, que desempeñan un papel fundamental en el control juridico preventivo en el campo inmobiliario.

Resumen ejecutivo. Introducción. Contexto. Objeto del estudio: Misión y visión. Actuación preventiva en magteria de cesión ilegal de trabajadores: análisis de los contratos de servicios….

Análisis exhaustivo de los factores vitales que influyen en el juicio, incluyendo el tiempo, el espacio, la lengua, la forma y las costas. Un libro imprescindible para procesalistas que buscan profundizar en las cuestiones clave que determinan la eficacia judicial.