Libros de derecho, página 3 de 17

La presente edición incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con todas las modificaciones introducidas hasta la actualidad. El contenido está

En los últimos tiempos estamos presenciando cambios importantes en cuanto a las relaciones entre sociedad y Estado se refiere; no en vano, han irrumpido con fuerza en nuestras esferas jurídicas términos como buena administracion, gobernanza publica o buen gobierno.Partiendo de una idea restrictiva de buena administracion (en esencia como aquella que cumple bien su funcion, que por tanto sirve al interes general, teniendo debidamente en cuenta los intereses de las personas, en definitiva, que actua de manera equilibrada y ponderada), en este trabajo se proponen varias funcionalidades concretas de la misma, como el buen funcionamiento de la administracion, la buena decision administrativa, el pleno control no solo judicial y la tutela administrativa efectiva.De otro lado, tras ofrecer una clasificacion de la funcion de asesoramiento en atencion a su naturaleza y proposito, se pone en valor aquella denominada funcion consultiva clasica, encabezada por el Consejo de Estado, en cuanto a traves de su asesoramiento tecnico-juridico puede contribuir activamente a la buena administracion y, en definitiva, a una mayor correccion de sus actuaciones.Tambien se acude a la experiencia que ofrecen otros sistemas juridicos, tanto en cuanto a la construccion de la nocion de buena administracion, como en lo que respecta a la labor de estos organos consultivos y la conexion entre ambas cuestiones.Y de ello cabe concluir que, en la medida en que la funcion consultiva clasica promueve la consecucion de una buena administracion, contribuye al Estado social y democratico de Derecho proclamado por el art. 1 de la Constitucion Española.

Hace escasamente tres décadas los análisis sobre la prueba y el razonamiento probatorio apenas merecían atención entre nosotros. Por fortuna en las últimas décadas las cosas han cambiado de manera significativa y esa injustificable omision ya ha sido reparada. Se ha tomado conciencia del enorme ejercicio de poder que la decision judicial probatoria representa y de la consiguiente necesidad de controlarlo.Este libro es el producto de un debate sobre la prueba organizado por la Fundacion Coloquio Juridico Europeo. Sus autores representan lo mejor de esa corriente de pensamiento que ha recuperado en nuestro ambiente cultural la atencion a estos problemas, la reflexion rigurosa sobre ellos y, de este modo, la necesaria energia para impulsar el cambio en la praxis de los tribunales. Representan tambien lo mejor de cada casa: Daniel Gonzalez Lagier, la casa de los academicos; pero los academicos que usan instrumental teorico para solucionar problemas practicos relevantes. Perfecto Andres Ibañez, la casa de los jueces; pero los jueces que se preocupan por conocer los presupuestos y limites de su quehacer y que se esfuerzan incansablemente en su mejora.

Existe un consenso universal en prohibir el control judicial sobre el fondo del laudo, excepto en lo relativo al orden público. En la presente obra se analiza detalladamente dicha prohibición y se estudia la viabilidad jurídica y la conveniencia de instaurar una "segunda instancia arbitral" o incluso, lege ferenda, una segunda instancia judicial de carácter facultativo. Posteriormente se examinan las dos causas que permiten la anulación del laudo por motivos relativos al fondo: la falta de arbitrabilidad y la vulneración del orden público. Este último aspecto es objeto de una especial atención, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde la perspectiva de ofrecer pautas para clarificar tan compleja noción. También es objeto de atención la distinción entre la falta de arbitrabilidad y el carácter indisponible o imperativo de las normas aplicables al fondo, aspecto en el que la jurisprudencia incurre a veces en contradicciones. En la obra también se analiza hasta qué punto cabe un control judicial en lo relativo a la motivación del laudo, a la falta de aplicación de las presunciones legales, a la infracción de normas relativas a la valoración legal de los documentos públicos y a la violación de derechos fundamentales en la obtención y práctica de la prueba. Finalmente se analiza la aplicabilidad en el arbitraje de las normas legales relativas a la distribución de la carga de la prueba y los términos de la congruencia arbitral en cuanto a la fundamentación jurídica del laudo.

El Estatuto de los Trabajadores integra la parte sustancial de la normativa laboral: contratación laboral, representación en la empresa y negociación colectiva. La presente edición, además, viene completada a traves de mas de 400 notas a pie de pagina con una referencia exhaustiva de la practica totalidad de las disposiciones legales y reglamentarias que en algun punto desarrollan o tienen conexion con el Estatuto de los Trabajadores, asi como de las sentencias del Tribunal Constitucional mas significativas para la comprension de los distintos preceptos de la Ley. Del mismo modo se citan los Convenios Internacionales en materia laboral y las disposiciones de la Union Europea mas importantes en materia social. Se han incorporado tambien los Reales Decretos de Transferencias a las Comunidades Autonomas. En algunos casos se incluye, por su importancia, el contenido integro de determinadas normas: trabajo a distancia, salario minimo interprofesional, libertad sindical, huelga, empresas de trabajo temporal, registro de convenios colectivos, relaciones laborales especiales, etc.

Aportaciones del nuevo EstatutoUna década de retraso para el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre). Actualizada a septiembre de 2025, con toda la legislacion desarrollada anotada.Cronologia de la Legislacion Autonomica Canaria 1982-2025Breve resumen de la leyLeyes organicas

Esta nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto anotado, concordado y actualizado, incluyendo las últimas reformas. Como apéndice de la obra se incluyen las siguientes normas:- Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.- Ley Organica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la victima del delito.Le acompañan unos indices sistematico y analitico de materias que facilitan la consulta del articulado. Actualizacion online en www.tecnos.es durante la vigencia de la edicion.

En los diversos artículos recopilados en este libro, Eugenio Bulygin muestra que una clara distinción entre normas y proposiciones normativas es esencial no solo para comprender el discurso normativo sino tambien para elaborar una justificacion adecuada a uno de los desafios centrales de la logica deontica: la posibilidad de una genuina logica de normas. Ademas, Bulygin ofrece su vision del modo en que Carlos E. Alchourron y Georg Henrik von Wright lucharon para clarificar la naturaleza de la logica deontica. Este testimonio no se agota en las cuestiones conceptuales que estructuran este libro, sino que tambien muestra aspectos esenciales de la personalidad de cada uno de esos grandes filosofos. En los dos ultimos ensayos de este volumen se recogen textos de Alchourron y von Wright en los que ellos exponen directamente su vision del tema central de este libro: la relevancia de la distincion entre normas y proposiciones normativas.

Este estudio pretende revisar el origen, codificación y desarrollo del derecho sindical en perspectiva de género con el fin de que afloren las desigualdades estructurales existentes.

Schauer presenta, de entrada, la disputa entre iusnaturalismo y positivismo como cubriendo tres debates distintos: el primero de ellos versa sobre uno y otro ismo como explicaciones, en competencia, de la naturaleza del derecho; el segundo trata sobre los derechos naturales, o preconstitucionales, y sobre la permisibilidad de que los jueces los identifiquen y los hagan valer; el tercero que es el que, me atrevo a decir, interesa en mayor medida a Schauer sobre si es o no adecuada, tanto descriptiva como prescriptivamente, una representacion de las normas juridicas como dominio limitado. Esto es, de una vision del derecho que ve a este como un conjunto de normas identificables por su origen o pedigree que resulta distinguible del conjunto de normas que integran la entera moralidad politica de una determinada sociedad

LA ACTUACION EN BENEFICIO PRIVADO DE LA PERSONA JURIDICA COMO PRE SUPUESTO DE SU RESPONSABILIDAD PENAL

El principio de primacía tiene un importante significado en todas las organizaciones políticas caracterizadas en su organización por tener una estructura basada en el pluralismo territorial. Del mismo modo el principio se aplica en las relaciones Derecho internacional - Derecho interno o en el ambito de la Union Europea. La Constitucion de 1978 tambien recogio el principio. Su interpretacion fue entendida en un inicio como una norma de competencia. Las normas estatales siempre precedian a las autonomicas. Posteriormente se conceptuo como un principio que resolvia las contradicciones entre normas estatales y autonomicas, siempre que ambas fuesen validas. No se aclaraba sin embargo ese supuesto hasta que finalmente se enfrento la situacion en la que las normas estatales y autonomicas en contradiccion se producian en las materias compartidas. El Estado dicta las bases y las Comunidades Autonomas las normas de desarrollo. La modificacion de las primeras entra en contradiccion con las segundas. Estas a su vez han sido validas pero devienen contrarias a las nuevas bases estatales. Esta contradiccion ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional inadecuadamente, produciendo una evolucion de su jurisprudencia que asi lo manifiesta. El autor desbroza esta evolucion jurisprudencial y realiza una interpretacion propia de...

España ha experimentado en las últimas décadas notables avances en la consolidación del Estado social y democrático de derecho, especialmente en lo que respecta al reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, estos progresos no se han distribuido de manera uniforme entre toda la ciudadania. Sectores amplios de poblacion continuan enfrentando exclusion, barreras estructurales y discriminaciones multiples e interseccionales que dificultan o impiden el acceso igualitario a derechos fundamentales. Este es el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, cuya realidad se analiza en profundidad en el Informe España 2024 sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, elaborado por la Fundacion CERMI Mujeres.No es posible hablar de democracia, de inclusion ni de derechos humanos, si no se garantiza la igualdad real de quienes se enfrentan a las formas mas graves de discriminacion. Las mujeres y niñas con discapacidad no pueden seguir siendo tratadas como una minoria olvidada o como sujetos pasivos de proteccion. Son ciudadanas con derechos, con voz propia, y con un papel fundamental en la construccion de una sociedad mas justa, diversa y equitativa.El presente informe es, en definitiva, un llamado urgente a la accion, a la coherencia institucional y a la responsabilidad colectiva.

La obligación de prestar alimentos a los hijos tiene su fundamento legal en el artículo 39.3 de la Constitución española junto con los artículos 110, 143.2 y 154.1.º del Código Civil, como deber emanado de la propia filiacion, aunque el alimentante no ostente la patria potestad. Por lo tanto, la obligacion de prestar alimentos a los hijos corresponde a cada progenitor y no solo al que convive con el menor.

La Justicia en el Estado Constitucional" es una obra que examina los principios fundamentales de la justicia en el contexto de un estado constitucional. Ferrajoli aborda temas como la separación de poderes, los derechos fundamentales y el papel de la judicatura en la proteccion de estos derechos . A traves de un analisis profundo y detallado, el autor ofrece una vision critica sobre como los sistemas judiciales pueden garantizar la justicia y la equidad en la sociedad contemporanea

Los reconocimientos fotográficos y las ruedas de reconocimiento son dos de los medios de identificación más difundidos en la práctica procesal penal. Sin embargo, su estudio científico no ha dado cumplida respuesta a esa difusion, quizas porque ese estudio debe ser claramente interdisciplinar, y no separarse en absoluto de las necesidades de la realidad practica de los reconocimientos. El presente libro combina todos esos enfoques. Escriben el mismo un procesalista, dos psicologas, dos magistrados y un fiscal. Se parte de una ubicacion teorica de los reconocimientos para acto seguido, de manera principal, establecer los mas importantes parametros de valoracion y practica de los reconocimientos desde la psicologia de la memoria, parametros cuyo examen y aprendizaje es completamente imprescindible. Partiendo de los mismos se aborda la practica judicial española de los reconocimientos y, finalmente, se trata de la licitud, regularidad y suficiencia probatoria, estableciendose unos estandares de corroboracion de los resultados del reconocimiento. En definitiva, una obra fundamental para comprender los reconocimientos, aprender a realizarlos correctamente, estudiarlos en todas sus facetas y valorar sus resultados de forma coherente con las exigencias probatorias del proceso.