Libros de Derecho, página 85 de 3816

De acuerdo con el artículo 13, I de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuando en el marco de un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripcion obligatoria en la circulacion de vehiculos de motor, se haya declarado la rebeldia del acusado, o haya recaido sentencia absolutoria u otra resolucion que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaracion de responsabilidad, si el perjudicado no ha renunciado a la accion civil ni la ha reservado para ejercitarla separadamente, con anterioridad a acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que haya conocido de la misma dictara auto, en el que se determinara la cantidad liquida maxima que puede reclamarse como indemnizacion de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripcion obligatoria y segun la valoracion que corresponda con arreglo al sistema de valoracion del Anexo de la Ley mencionada.Este auto es el conocido en la practica forense como el auto de cuantia maxima, al que el articulo 517.2.8º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye eficacia ejecutiva.Este trabajo tiene por objeto el estudio de este titulo ejecutivo y de las especialidades que presenta la ejecucion forzosa basada en el mismo. En concreto, en el se analizan el auto de cuantia maxima como titulo ejecutivo; los sujetos que participan en su ejecucion; y las especialidades relacionadas con la demanda ejecutiva y el despacho de ejecucion de este titulo ejecutivo, y con la oposicion, tanto por defectos procesales como por motivos de fondo, a la ejecucion fundada en el mismo.Se trata de una materia problematica, en la que se esta produciendo una abundante dispersion jurisprudencial. La jurisprudencia esta resolviendo contradictoriamente muchas de las cuestiones conflictivas que plantea la normativa reguladora ante la ausencia de mecanismos de unificacion jurisprudencial, debido, por una parte, a la irrecurribilidad del auto de cuantia maxima en el proceso penal, y, por otra parte, a la inaccesibilidad a la casacion de las resoluciones dictadas en el seno de los procesos civiles de ejecucion.En consecuencia, esta publicacion presenta una vocacion eminentemente practica, pues, sin obviar los problemas teoricos que se plantean, trata de ofrecer, partiendo de las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales consultadas, una respuesta a los diferentes problemas de orden practico que continuamente plantea la tematica analizada.

PRUEBA, FIRMA Y PERICIAL ELECTRÓNICA. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y TIC….

En el proceso civil, son las partes las que tienen facultad para decidir si interponen o no la acción civil; las que determinan el interés cuya satisfacción se solicita de los órganos jurisdiccionales; y si, una vez instada, la mantienen a lo largo del procedimiento; por ultimo, el principio dispositivo incluye el que el juez haya de resolver en congruencia con la pretension y resistencia. Por tanto, dicho principio significa que solo las partes poseen dominio completo tanto de su derecho sustantivo como sobre los derechos procesales implicitos en el juicio, en el sentido de que son libres de ejercitarlos o no.Esto implica que los profesionales han de conocer con exactitud cuales son los mecanismos que permiten disponer del proceso y utilizarlos de forma conveniente. Por ello, por un lado, se tratan en el libro las llamadas crisis procesales, destacadamente el allanamiento, la renuncia, el desistimiento o la transaccion, todos ellos metodos autocompositivos. Tambien lo son, pero con intervencion de tercero, la conciliacion y la mediacion, esta ultima atendiendo a las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley de mediacion en asuntos civiles y mercantiles. Para finalizar, la obra concluye con las formas de terminacion del proceso por satisfaccion extraprocesal o carencia sobrevenida del o...

Siempre resulta dificil habñar de democracia en el mundo antiguo….

La crisis financiera y económica ha dejado al descubierto las debilidades, algunas de enorme relevancia, del sistema financiero, no sólo del español sino también del europeo.Son numerosas las manifestaciones de esta crisis, que, en epoca de bonanza, no eran visibles. En algunos casos se puede apreciar una mala praxis por parte de las entidades, como se reconoce, por ejemplo, en el preambulo de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito, con relacion a los instrumentos hibridos y otros productos complejos para el cliente minorista, como son las participaciones preferentes.En el ambito, mas tradicional y conservador desde el punto de vista de la regulacion, de la contratacion de los prestamos hipotecarios, han descollado, en ocasiones, situaciones anomalas, como el empleo inadecuado de las permutas de tipos de interes o swaps.Sin embargo, mas alla de la contratacion de productos complejos o derivados, se esta dilucidando en la actualidad el papel desempeñado por otra clausula mucho mas sencilla en apariencia: la clausula por la que se establece un tipo de interes minimo en las operacionesde prestamo hipotecario a tipo variable, que impiden al prestatario beneficiarse de los descensos del indice de referencia pactado. Se trata de la comunmente conocida como clausula suelo.El Tribunal Supremo ha confirmado, a traves de la sentencia de 9 de mayo de 2013, la validez general de esta clausula, consagrada normativamente en nuestro Ordenamiento Juridico desde hace años, aunque la sujeta al cumplimiento de unos exigentes requisitos de transparencia, amparados, en ultimo termino, en la Directiva 93/13/CEE y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Union Europea.Las resoluciones de la jurisprudencia menor posteriores a esta sentencia del Tribunal Supremo son de lo mas dispar, pues algunas aprecian la nulidad por abusiva de la clausula suelo, con restitucion de cantidades, otras, determinando la nulidad, solo condenan a la retirada de la clausula en cuestion, y otras, por ultimo, confirman su validez.En este libro se analiza por diversos autores, cada uno especializado en un ambito especifico, la clausula suelo, procurando aportar todos los elementos necesarios para el debate.La obra se centra en consideraciones juridicas y jurisprudenciales, pero no da de lado a la vision financiera y a la economica, de forma accesible para no especialistas.

La obra realiza un extenso análisis de la Ley General de la Seguridad Social, y de los Reglamentos generales de aplicación y desarrollo en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas de trabajadores y variaciones de datos; de cotizacion y liquidaciones de derechos de la Seguridad Social, de recaudacion de y de gestion financiera de la Seguridad Social asi como de las ordenes ministeriales de desarrollo.En esta obra de gran interes para cualquier especialista en el derecho social se realiza un pormenorizado analisis articulo por articulo en los que se anota la vigencia del precepto, la normativa relacionada con el mismo, las sentencias de interes de cualquier jurisdiccion que apliquen e interpreten el precepto con un breve extracto de su contenido asi como la doctrina administrativa dictada y la doctrina cientifica relacionada.En diversos anexos se recogen la doctrina administrativa especificada asi como una seleccion de estudios teoricos, de casos practicos y formularios que resultan de gran utilidad practica para profesionales y docentes del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

El Derecho de Sucesiones escrito por el profesor Martínez Espín pretende ser un texto de referencia tanto para estudiantes de Grado en Derecho y en Trabajo Social, como para profesionales -sean juríd

Esta obra tiene por finalidad ilustrar sobre el sistema de prioridad registral y preferencia de créditos que rige en nuestro derecho civil, hipotecario y procesal vigente, en relación con el proceso de ejecucion.La prioridad es un principio de caracter registral prior in tempore, potior in iure, que otorga la proteccion al credito que llega antes al Registro. Sus efectos se fijan a partir del momento de la presentacion del titulo en el Registro (art. 24 LH). El principio de prioridad registral determina que el inscribiente del derecho en el Registro pueda prescindir e ignorar cualquier otro derecho real que existiera sobre la finca registral y que no hubiera accedido al Registro, salvo las excepciones legalmente previstas, algunas de las cuales se examinan en este libro. Se protege asi al tercero de buena fe que realice una adquisicion de un bien confiado en las caracteristicas juridicas que constan publicadas en el Registro. Esta proteccion evitara que pueda verse afectado sorpresivamente por cualquier otra carga que por cualquier causa no se hubiese anotado y se hallase, por esa razon, falta de publicidad.Por su parte, la preferencia, que se analiza en este trabajo, consiste en un privilegio, que otorga elderecho sustantivo a unos determinados creditos cuando concurren con otros sobre los bienes de un mismo deudor en un proceso de ejecucion singular, para poder ser cobrados en primer lugar pese a haber accedido al Registro con posterioridad. La prioridad registral cedera en estos casos frente a la preferencia de caracter sustantivo. Ahora bien, la preferencia del credito del acreedor posterior no opera de forma automatica sino que correspondera a este acreedor hacer valer la preferencia de su credito mediante una terceria de mejor derecho, que se resolvera mediante la aplicacion de los criterios de preferencia general y especial previstos en la legislacion sustantiva. La materia objeto de estudio se centra, fundamentalmente, en la aplicacion e interpretacion del art. 42, apartados 2.º y 3.º y del art. 44 de la Ley Hipotecaria, art. 1923, apartado 4.º, art. 1924, apartado 3.º y art. 1927, apartado 2.º del Codigo Civil y los preceptos concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.La ultima parte de la obra se ha dedicado a estudiar la posibilidad de embargo de una serie de bienes y derechos, de contenido patrimonial, pero que forman parte de unas situaciones juridicas especiales (bienes gananciales, bienes hereditarios, bienes donados, derecho de retracto, derecho de usufructo, derecho de opcion de compra, bienes sujetos a condicion resolutoria expresa, etc.) que pueden tener gran incidencia en la praxis cotidiana del trafico juridico.

El Real Decreto-Ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo, fue una norma en su momento dictada con carácter estrictamente provisional que hoy, cerca de cuarenta años después, resiste telenda los envites del desarrollo de nuestro modelo de relaciones laborales y, por ende, del conflicto de trabajo.Pese al tiempo transcurrido, estos comentarios al RD-Ley 17/1977 tienen el merito de conformar el primer texto de estas caracteristicas, esto es, una obra colectiva que incluye un estudio actual, riguroso, sistematico y ordenado de todos aquellos de sus preceptos declarados vigentes por la crucial sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981. Y mas alla del derecho de huelga en particular, el estudio en cuestion quiere poner a disposicion de quien este interesado todo el material exegetico referente al conflicto de trabajo entendido en su mas amplia acepcion. En coherencia con ello, se distinguen tres planos de analisis, respectivamente referidos a la huelga, al cierre patronal y al conflicto colectivo, y cuyo valor añadido radica, en fin, precisamente en no mantenerse en el plano de la disquisicion teorica, sino en arriesgar ponderadas propuestas de lege ferenda, a manejar llegado el momento de abordar la inevitable reforma del texto legal cuyos comentarios han centrado estas paginas.

Decía mi maestro Ferrandis Vilella que, en la sucesión intestada, la ley llama primero a los descendientes, luego a los ascendientes y luego al cónyuge viudo y a algunos colaterales, suponiendo cuál habria sido la voluntad del causante si hubiera otorgado testamento y tomando su personalidad de prestado, ya que el legislador sospecha que el cariño del de cuius, primero desciende, luego asciende y luego se extiende. Pero lo del cariño del de cuius quiebra cuando no quedan ni siquiera colaterales en el cuarto grado, pues entonces, que la ley llame al Estado no parece que sea producto de una suposicion de alguna suerte de acendrado patriotismo del causante.La sucesion del Estado ha solido ser objeto de atencion por lo demas, bastante escasa por parte de los estudiosos del Derecho civil, pero sin demasiada atencion desde el punto de vista de las respuestas dadas por las sucesivas leyes del Patrimonio del Estado que nuestro pais ha conocido, y muy especialmente cuando habia fincas en el relictum que, entre dimes, tramites sucesorios y diretes, se hallaban abandonadas y a la espera de tener dueño conocido.Precisamente por ello hacia falta un estudio monografico en el que se dieran cita el Derecho civil y el Derecho publico, y, desde luego, nadie mejor que un Abogado del Estado para ocuparse de ello. Belen del Pozo es ademas profesora de Derecho civil en la Universidad San Pablo CEU, y contaba ya con varias publicaciones en materia de responsabilidad civil de las Administraciones publicas, o de las prestaciones o ayudas publicas por actos terroristas, interpretacion de los contratos, responsabilidad civil contractual y extracontractual o el hallazgo como modo de adquirir la propiedad del tesoro oculto e ignorado. Esta obra, que tampoco pasa por alto las normativas autonomicas que confieren la titularidad, no al Estado sino a la Comunidad Autonoma en la que vivia el causante, es, en fin, un nuevo e interesante titulo para la coleccion Derecho de Sucesiones de la editorial Dykinson.

La presente obra pretende dar respuesta a los numerosos interrogantes que, en la práctica, suscita la liquidación del régimen económico de la sociedad de gananciales tras su disolución. La división y adjudicacion del patrimonio comun neto que ha ido acumulandose durante el matrimonio genera una gran cantidad de conflictos (bien entre los propios conyuges o entre el conyuge superstite y los herederos), los cuales con frecuencia se trasladan a nuestros tribunales. En el momento presente este tipo de litigios esta viendose considerablemente incrementado a causa de la actual coyuntura economica.La monografia encierra un recorrido por los aspectos mas controvertidos de la materia, especialmente a la hora de determinar cuales son los bienes y deudas que corresponden a cada uno de los conyuges tras la disolucion y liquidacion del regimen ganancial rector de su union matrimonial, realizandose un profundo y riguroso estudio de las controversias, tanto de caracter sustantivo como de indole procesal, que giran en torno a las relaciones economicas conyugales.La disciplina normativa, objeto de un critico estudio, se complementa con cuadros-resumenes, esquemas procesales, preguntas y respuestas frecuentes respondidas de manera precisa y concreta, un anexo jurisprudencial y una vasta seleccion bibliografica.

Las últimas corrientes teóricas de los estudios del Holocausto, y, en concreto, sus representaciones, abogan por una aproximación amplia al hecho histórico, una que lo aborde desde perspectivas diversas, entre las que se incluyen los enfoques de corte historiografico pero tambien aquellos que lo estudian en contexto, como parte de las condiciones socioculturales en las que se inscribe. El trabajo que aqui se inicia reivindica precisamente la necesidad de acercarse al universo concentracionario desde una multitud de angulos, entre los que se encuentra la critica literaria, pero tambien la etica, la politica, la psicologia y el derecho, entre otros. Sugerir la existencia de un vinculo entre, por un lado, literatura y Holocausto y, por otro, literatura y las disciplinas mencionadas supone adoptar una postura arriesgada. En efecto, el binomio entre arte y genocidio al igual que lo estudios que relacionan retorica con lo que no es teoria de la composicion literaria no esta, incluso hoy en dia, exento de criticas... Lejos, pues, de las concepciones que se ciñen a la dimension estetica de la literatura, este trabajo defiende la funcion social de la creacion literaria, sin descuidar los aspectos formales, que contribuyen a facilitar la transmision del contenido. A traves de referencias a algunas de las obras mas destacadas del canon de la literatura del Holocausto, se hara hincapie en el hecho de que tanto los relatos testimoniales como los de ficcion constituyen respuestas validas al genocidio, al que miraremos poniendo especial enfasis en tres temas: memoria, identidad y trauma.

El presente volumen incorpora la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de una norma largamente esperada, llamada a convertirse en una parte fundamental del Derecho Administrativo. Es de aplicacion a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Publico, tanto estatales, como autonomicas o locales, incluidas las Universidades Publicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Publico (en ambos casos en relacion con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente publico, a las fundaciones del sector publico, a partidos politicos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiacion publica y a todas las personas fisicas y juridicas distintas de las anteriores que presten servicios publicos o ejerzan potestades administrativas. La Ley establece limites a la transparencia (entre ellos, la proteccion de datos) y regula tanto la publicidad activa a traves de internet de toda una serie de informaciones de la maxima relevancia, como la publicidad pasiva mediante el planteamiento de solicitudes individuales sobre cualquier otra materia. Ademas, incorpora un Titulo II sobre Buen Gobierno en que se contempla un catalogo de infracciones y sanciones por actuaciones de los altos cargos y un Titulo III que preve la creacion de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regulando su composicion y funciones. La obra va precedida de un estudio introductorio del Prof. EMILIO GUICHOT, Catedratico acreditado de Derecho Administrativo y reconocido experto en la materia, sobre la que ha publicado diversos trabajos. Ha participado en la elaboracion y estudio de la Ley como experto nombrado a tal fin en el Centro de Estudios Politicos y Constitucionales y como compareciente ante la Comision constitucional del Congreso de los Diputados.

Esta obra examina una pluralidad de tipologías contractuales cuyo común denominador es la existencia de financiación. El análisis aborda en detalle problemas como la naturaleza del contrato de préstamo, la mercantilidad, o no, del contrato otorgado por entidades de credito o los poderes normativos del Ministerio de Economia y Hacienda y del Banco de España en el ambito contractual privado para, a continuacion, centrarse en el analisis de las obligaciones de informacion impuestas al prestamista en diferentes momentos de la relacion crediticia (publicidad, oferta vinculante, forma y contenido del contrato, etc.).Del mismo modo, el nucleo de la monografia lo integra el estudio de los costes que conllevan este tipo de operaciones, bien sean en forma de intereses remuneratorios fijos o variables, intereses moratorios, intereses de descubierto y de excedido, TAE, comisiones y otros gastos entre los que caben destacar aquellos vinculados a la tasacion de un inmueble o a la contratacion de un seguro.Todo lo anterior teniendo en cuenta la normativa mas reciente entre la que destaca la Ley 22/2007 sobre comercializacion a distancia de servicios financieros destinados a consumidores, la Ley 2/2009 por la que se regula la contratacion con los consumidores de prestamos o creditos hipotecarios y de servicios de intermediacion para la celebracion de contratos de prestamo o credito, la Ley 16/2011 de contratos de credito al consumo, la Ley 1/2013 de medidas urgentes para reforzar la proteccion de los deudores hipotecarios, reestructuracion de deuda y alquiler social, la Orden EHA de transparencia y proteccion del cliente de servicios bancarios y la CBE 5/2012 que la desarrolla.

No es fácil encontrar libros sobre common law escritos en español. Durante décadas el panorama bibliográfico ha estado dominado por la escasez de referencias doctrinales monográficas que aborden la materia de manera unitaria y exhaustiva.Este libro persigue satisfacer la gran demanda de conocimiento existente, fundamentalmente entre los juristas del mundo iberoamericano, ofreciendo al lector una obra razonablemente completa, en la cual se recoge de forma sintetica tanto la evolucion historica como las principales instituciones juridicas que informan la gran tradicion de common law angloamericana. La obra pretende cubrir el vacio doctrinal existente enfatizando la importancia que la dimension procesal tiene como pieza clave para comprender bien el common law a lo largo de su dilatada historia. El autor ofrece un planteamiento congruente, y sin rodeos innecesarios, del sistema juridico angloamericano, estructurado en diez ejes tematicos siguiendo una metodologia comparada en la exposicion de los capitulos. Se trata, en definitiva, de cubrir la creciente demanda de conocimiento del sistema de common law, tan diferente de los sistemas de raiz romanista, y recoger en un solo texto las claves de comprension de dicho sistema, que junto a nuestra tradicion juridica resulta fundamental para conocer el derecho del mundo contemporaneo.

Dado que estas resoluciones no se publican en el BOE y que el conocimiento de ellas lo tenemos a través del Anuario de la Dirección General, o de la Intranet Notarial, donde se publican cada trimestre, se ha procedido a recogerlas y estructurarlas dentro de unos INDICES (con una idea de sus contenidos) desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2010, que enlazan con las contenidas en la obra de Joaquin de Prada, si bien no se ha seguido la misma estructura, ya que ha primado seguir un criterio practico y de rapida consulta, utilizando, ademas, sistemas distintos de ordenacion. Los INDICES se complementan con un CD en el que se contiene, ademas de los indices, los Fundamentos de Derecho, "Considerandos", de las resoluciones, transcribiendose integramente los mas importantes, y en algunos casos la totalidad.

Esta edición incluye los textos actualizados, profusamente anotados y precedidos de estudios introductorios, de la siguiente normativa:.· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.· Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, el transporte y los servicios postales.· Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector publico en los ambitos de la defensa y la seguridad.· Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesion de obras publicas (extracto).· Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.· Real Decreto 817/2003, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.· Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos de Navarra.· Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragon.· Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, suministro y servicios.Como novedad cabe destacar la incorporacion de sendos estudios introductorios de las normas anteriores, asi como de resumenes explicativos de las tres propuestas de nuevas Directivas que actualmente se encuentran en avanzado estado de tramitacion. .La obra se completa con un extenso indice analitico de materias que facilita la consulta de los textos.Esta edición incluye los textos actualizados, profusamente anotados y precedidos de estudios introductorios, de la siguiente normativa:.· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.· Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, el transporte y los servicios postales.· Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector publico en los ambitos de la defensa y la seguridad.· Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesion de obras publicas (extracto).· Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.· Real Decreto 817/2003, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.· Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos de Navarra.· Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragon.· Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de31 de marzo de 2004, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, suministro y servicios.Como novedad cabe destacar la incorporacion de sendos estudios introductorios de las normas anteriores, asi como de resumenes explicativos de las tres propuestas de nuevas Directivas que actualmente se encuentran en avanzado estado de tramitacion. .La obra se completa con un extenso indice analitico de materias que facilita la consulta de los textos.

Toda la información laboral en un solo volumen. La forma más rápida, sencilla y eficaz de encontrar todas las respuestas. Un estudio profundo de todas las novedades normativas ocurridas en el último

La presente publicación recoge, actualizada a 20 de febrero de 2014, la normativa básica que regula el Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento). Contiene, ademas, las disposiciones que regulan el regimen fiscal de las cooperativas y el de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley 20/1990, de 19 de diciembre, y Ley 49/2002, de 23 de diciembre, respectivamente). Se completa con las disposiciones reguladoras de los regimenes tributarios forales de concierto y convenio economico, en los Territorios Historicos de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco y Navarra, en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades (Ley 12/2002, de 23 de mayo, y Ley 28/1990, de 26 de diciembre, respectivamente). Asimismo, se incluye la normativa basica que regula el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento).Al final de la obra se recoge un indice analitico que contribuye a facilitar el manejo del texto.